La Tecla Mar del Plata
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El viernes 31 de mayo se conoció la nómina de candidatos a la Defensoría del Pueblo. En total, hubo 28 personas inscriptas a lo largo de los 10 días, que ahora podrán convertirse en el próximo defensor mediante el voto de los concejales por mayoría simple.
Hasta el lunes 3 de junio, cualquier ciudadano o entidad podrá presentar observaciones o denuncias sobre alguno de los postulantes. Luego, los pretendientes podrán realizar su descargo en los siguientes 6 días.
La nómina, variopinta, contiene postulantes que provienen de distintas áreas de la administración pública, particulares sin vínculo con el Palacio y nombres con nexos políticos claros. Lo que más prevalece entre los profesionales son los abogados. Conocé con La Tecla quiénes son.
Juan Manuel Aiello: El ravertista, en la actualidad es presidente de la cooperativa Oktupak, que desarrolla actividades en el penal de Batán. Fue director de políticas deportivas del EMDER del 2011 al 2015 durante la intendencia de Pulti. Además, es atleta de alto rendimiento.
Agustina Alem: Abogada recibida en la UNMDP, especializada en derecho municipal. Es asesora legal de la Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto de la Municipalidad de General Pueyrredón (2020-2024).
Fernando Álvarez: Veterano de la guerra de Malvinas. Fue tres veces presidente del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata y, en la actualidad, se desempeña como encargado de las relaciones institucionales y de las actividades de desarrollo social. También fue declarado ciudadano ejemplar por el HCD.
Ariel Antúnez: Profesor de educación física y guardavidas.
Gabriel Biocca: Abogado recibido en la UNMDP y docente en la Facultad de Derecho. Actualmente cumple labores en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Expresidente del Consejo Escolar de Gral. Alvarado del 2017 al 2023.
Rodrigo Blanco: Militante de Libres del Sur y fue candidato a intendente por el espacio. Es director del Instituto de Investigación Social, Económica y de Política Ciudadana (ISEPCI) de la ciudad. Es abogado recibido en la UNMDP.
Alejandra Bonci: Es docente de nivel inicial recibida en el Instituto Superior Nº 19. Además, es presidenta de Talleres Fútbol Club.
Brian Cardoso: Trabajador de una importante cadena de supermercados de la ciudad y secretario del Sindicato de Empleados de Comercio Supermercados e Hipermercados de Mar del Plata. Es coordinador de los Centros Territoriales del Registro Nacional de las Personas. Además, es presidente de la Cooperativa Fratelli de la Terraza.
Enrique Casellas: Abogado en actividad. Secretario del Instituto de Seguros y Responsabilidad Civil del Colegio de Abogados de Mar del Plata – Segundo mandato 2022-2024.
Mónica Felices: De fuerte vínculo con el bullrichismo, fue candidata a diputada nacional en 2023. Con antecedentes en la Defensoría del 2003 al 2013 como adjunta. Es martillera pública recibida de la Universidad Siglo 21. Además, fue presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Pueyrredón y directora de Asuntos de la Comunidad de la comuna.
Leandro Gabás: El radical abadista es presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata desde 2022 hasta la actualidad. Es abogado recibido en la UNMDP, especialista en Derecho Procesal Civil y Comercial (UBA). Suena como uno de los candidatos fuertes del oficialismo.
Elvio Garro: Con amplia experiencia como auxiliar administrativo y gerente de una pyme familiar. Fue presidente del Biguá Rugby Club y ocupó el cargo de director de la ONG de Asuntos de la Comunidad.
María Gaudini: Licenciada en psicología recibida en la UNMDP, especializada en niñez y adolescencia.
Andrea González: Abogada recibida en la UNMDP, trabaja en su propio estudio jurídico y es docente secundaria en el Instituto Carlos Tejedor. Es creadora del “Observatorio Jurídico” y del “Espacio Identidad Marplatense”, donde se difunden distintas problemáticas que preocupan a los vecinos de la comuna. Además, realiza actividades de voluntariado.
Marcelo Lacedonia: El boina blanca sonaba en principio como candidato oficialista pero no convencía al resto del interbloque. Es abogado recibido en la UNMDP y docente universitario. Es director general de Capital Humano de la Secretaría de Salud del municipio. También ocupó el cargo de director regional de IOMA del 2018 al 2019.
Gonzalo López: Se desempeña como trabajador independiente del sector de la construcción. Ex librero, con 8 años de experiencia en una reconocida cadena de librerías con sucursales a lo largo del país.
Daniel Medina: El único que fue inscrito por una entidad por el Colegio de Arquitectos del distrito IX, que presidió la asociación local de profesionales de 1987 a 1988. Es arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, lleva adelante distintas obras y es docente universitario. Además, ocupó el cargo de rector de la UNMDP (2004-2008). Fue concejal por el socialismo de 1989 a 1993 y ocupó el cargo de director ejecutivo (con rango de subsecretario) de la Dirección de Tierras y Viviendas del Ente de Desarrollo Urbano/MGP.
María Nacimiento: Es docente secundaria en el Programa FINES y realiza estudios complementarios. Además, es comerciante.
Jorge Núñez: Es periodista, gestor cultural y escritor. Se desempeñó como empleado municipal en diferentes gestiones. Fue coordinador del Foro Cívico de Mar del Plata, General del Consejo Municipal de Cultura de General Pueyrredón (MC) y director del Plan Estratégico de Cultura Mar del Plata/Batán "Convergencia" (2012/2013).
Ezequiel Perazzo: Es abogado recibido en la UNMDP con especialización en Derecho del Consumidor y Administrativo. También es docente universitario.
Pablo Perugini: Es abogado recibido en la Universidad Fasta y docente universitario. Es responsable de la Dirección General de Protección al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón (agosto 2008 - actualidad).
José Antonio Prystupa: Miembro del Partido Intransigente, siendo su secretario en el año 1997. Es arquitecto recibido en la UNMDP y docente universitario. Fue postulante a Defensor del Pueblo en el 2002. Es integrante del Grupo de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, Monumental, Urbano y Rural.
Sonia Rawicki: Es abogada recibida en la UNMDP, especializada en Derechos Humanos y triple impacto. Durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo, fue directora de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón y de Derechos Humanos de la comuna.
Marisa Sánchez: Presidenta de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Mar del Plata. Es integrante de la Acción Católica Argentina en la Iglesia Catedral y es catequista. También se había postulado para Defensora del Pueblo en el 2018.
Verónica Simaz: Es abogada recibida en la UNMDP y ejerce la profesión. También es maestra de inglés y tiene un comercio propio de venta de electrodomésticos.
Diego Simón: Autodidacta con formación en comunicación y marketing. Es supervisor administrativo de la Municipalidad de General Pueyrredón. Desarrolla y ejecuta la campaña multimedial “Todos Ganan” dirigida a surfistas.
Diana Trigo: Es presidenta de la Sociedad de Fomento Santa Mónica y titular de la ONG “Los Notables”. Además, se desempeña como secretaria en el Foro de Seguridad de la MGP.
María Zarza: Es abogada recibida en la UNMDP, ejerciendo. También es docente.
La constatación llegó del presidente del Ente Municipal de Deporte y Recreación, Sebastián D’Andrea, que en un breve mensaje expresó: “Al respecto y en virtud de los fundamentos esbozados que propician el Proyecto de Ordenanza elevado a ese honorable Cuerpo, esta Presidencia adhiere a los mismos en todos sus términos”.
El expediente 1412 busca declarar "de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales".
El polémico proyecto en su primer tratamiento en la comisión de Ambiente, el pasado 2 de mayo, el oficialismo pidió informes a los que se sumaron los de la oposición. Las solicitudes alcanzan a las ocho secretarías, los cuatro entes descentralizados, al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y a distintas dependencias de Provincia y Nación.
Además de Ambiente, el expediente debe pasar por las comisiones de Educación, Salud y Legislación. Dicha cantidad ya supone un trabajo que, a toda marcha, llevaría tiempo. El oficialismo cuenta con la mayoría en todas y conduce tres de ellas. Sin embargo, diferencias internas podrían trabar su avance. Aunque la repentina respuesta del Emder podría indicar que se empezaría mover el proyecto.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Municipales, tras una reunión de la Comisión Directiva, congresales y directivos, anunció un “ruidazo” para protestar en el contexto de la puja salarial con el gobierno. La medida se realizará a partir del martes hasta el viernes por media hora en cada puesto de trabajo.
También se comunicó que el viernes 7 se realizará una retención de tareas por 24 horas, en la que los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo pero sin trabajar, garantizando las guardias mínimas.
Sin una revisión integral del Código de Ordenamiento Territorial (COT) a la vista y con el sector de la construcción presionado, el Ejecutivo busca prorrogar hasta el próximo año una de las ordenanzas del “Plan de Reactivación para la industria de la construcción”.
Este lunes 3 de junio, el gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza para prorrogar hasta el 21 de septiembre del 2025 la Ordenanza 25113, que estableció condiciones más flexibles en torno a los indicadores urbanísticos para los distritos Residenciales y Centrales de alta y media densidad (R1, R2, R2e, R3, R4, R4e, C1, C1a, C1e, C2, C3, E1, E2) para estimular la construcción. El plazo actual vence el 14 de este mes.
Además, la iniciativa plantea ajustes en indicadores como el Factor de Ocupación de Suelo (FOS) para permitir la ampliación del volumen edificable en distritos de media densidad, con la posibilidad de construir un piso más de lo permitido por el COT en el Distrito Residencial 4 en caso de que el FOS sea menor o igual a 0,54. Asimismo, se amplían los indicadores para el distrito R7, de baja densidad poblacional.
“Las numerosas consultas realizadas ante la Dirección General de Obras Privadas evidencian la oportunidad y conveniencia del régimen -instaurado, expresándose la necesidad de extender el plazo de vigencia hasta el 21 de septiembre de 2025, fecha de vencimiento de la Ordenanza Nº 26.068 que prorroga la Ordenanza Nº 25.114 que también trata un Programa Promocional. Esto permitirá dar continuidad a un régimen excepcional y transitorio de promoción enmarcado en la generación de trabajo genuino para el mercado productivo marplatense”, detallan en el mensaje del Departamento Ejecutivo al HCD.
“En tal sentido, el escenario creado a partir de la aplicación de la citada ordenanza refleja la recuperación del sector, de su capacidad de generar empleo, a pesar de las condiciones macroeconómicas por las que atraviesa nuestro país. Por otra parte, como resultado de la aplicación de estas Ordenanzas muchos emprendimientos paralizados en la pandemia pudieron ponerse en marcha a partir de la sanción de las mismas”, agregan en el comunicado.
“Las obras implantadas en distritos de media y alta densidad referidas en las Ordenanzas precitadas, dispuestas en zonas con infraestructura de servicios, equipamiento y accesibilidad, promueven un proceso de densificación urbana afianzando un modelo de expansión y alta ocupación del suelo”, finalizan.
Hace cuatro años, el gobierno de Montenegro presentó el “Plan de Reactivación” para la construcción en el marco del parate de la pandemia, en busca de generar puestos de trabajo. Entre sus ejes centrales, apuntaba a establecer un régimen promocional a aquellos proyectos privados que emergieron durante el período comprendido entre abril de 2019 y abril de 2020 para “incentivar en capacidad edilicia y altura a los emprendimientos ya presentados, cuya inversión se vio alterada por el contexto socioeconómico generado en nuestro país con motivo de la pandemia COVID-19”.
El Régimen de Incentivos a la Construcción cumplió tres años, ya que fue sancionado el 2 de mayo de 2021. En el que vino en combo con las Ordenanzas 25113 y 25114, el programa logró nuevas prórrogas a partir del beneplácito del empresariado del sector y también de la política.
Además, también había sido planteado el sistema de compensaciones como objetivo en la Ordenanza 25.115, sancionada a la par de las 25.114 y la 25.113. No obstante, vencido el plazo de dos años establecido para rubricar un escrito, la norma nunca llegó. El oficialismo requirió una prórroga de 60 días. Cuando por fin llegó una propuesta, la bancada que responde al Ejecutivo solicitó otra extensión del plazo por 180 días. De este modo, la política abrió el paraguas hasta agosto.
La elección del nuevo defensor del Pueblo sigue avanzando. Tras el período de tres días en el que se podían realizar observaciones en torno a los candidatos, se dio a conocer que ninguno de los 28 postulantes recibió objeciones.
Desde el sábado 1 de junio hasta el lunes 3, cualquier ciudadano o entidad podía presentar observaciones o denuncias sobre los interesados en ocupar el puesto, las cuales debían presentarse "por escrito electrónico y fundamentarse en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes".
Tras este paso, seguía el plazo para que el candidato cuestionado pudiera contestar y defenderse, pero ningún postulante recibió observaciones. Este período abarcaba hasta el 10 de junio.
Luego de cumplirse los tiempos límites, se debe convocar en un período de diez días a una Sesión especial en el Concejo para elegir al defensor, quien resultará electo si obtiene la mayoría de los votos. El oficialismo contaría con los porotos necesarios para elegir a su postulante, pero comenzó la pulseada entre los componentes del interbloque para elegir a su candidato.
En su segundo mandato al frente de la comuna, Montenegro ha adoptado un discurso más alineado con el de Milei. En su cruzada en contra el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), criticó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, especialmente en lo que respecta a la aparente heredabilidad de los puestos de empleados municipales, refiriéndose a esto como "una especie de título nobiliario municipal". "No voy a dejar una capa geológica montenegristra de empleados municipales", expresó en una conferencia. Sin embargo, en una de las dependencias del Municipio parece haber una estratificación política que recuerda a una pequeña "Pyme familiar".
En la División de Contralor del área de Transporte, la presencia de un grupo familiar generaría malestar. La técnica 4, Gabriela Martínez, lleva más de 20 años trabajando en el municipio y se dice que obtuvo su puesto gracias a su padre, quien fue director de Transporte. La lista de parientes en la oficina incluye a su hijo Ezequiel, que ingresó hace más de 5 meses, su hermano Martín, con 8 meses en el cargo de Inspector III, y su primo Nicolás Parisse, también Inspector III, quien lleva 9 años al servicio a la comunidad.
El vástago de Martínez es militante de la juventud del Pro y habría pasado de la Delegación de Chapadmalal a Tránsito, aunque aparentemente no habría formalizado su traslado y estaría ejerciendo como inspector en la calle sin tener el cargo reconocido.
Además, se señala a la técnica 4 por su supuesto maltrato hacia compañeras del mismo género, lo que genera inquietud entre quienes la rodean.
Ante esta situación en la División de Contralor, nuestro medio intentó contactar al director general de Transporte, Federico Chioli, para conocer su opinión, pero no obtuvimos respuesta.
Luego de la primera respuesta escueta de parte del Emder, la Secretaría de Salud respondió a los múltiples pedidos de informes sobre el proyecto que busca declarar como "esenciales" a los trabajadores municipales. El expediente con los funcionarios poniendo primera comenzó a tener movimiento.
En un extenso mensaje, la titular de la cartera de Salud, Viviana Bernabei, expresó:“Para dar respuesta al requerimiento de esa Comisión relacionado con el Expte. 1412-D-2024, en el cual obra un proyecto de ordenanza que declara de carácter esencial todas las tareas realizadas por las personas que se desempeñan como trabajadores y funcionarios en la órbita de la Municipalidad de General Pueyrredon, tanto de la administración central como de los entes municipales”.
“Sin pretender realizar una definición de servicio público desde la perspectiva del derecho administrativo, se considera servicio público a todas aquellas actividades prestacionales a cargo del Estado que están dirigidas a satisfacer necesidades sociales básicas y atienden las exigencias de la comunidad en miras a concretar el bien común y el bienestar general”, apuntó la funcionaria.
Luego, expresó: “El Sistema de Salud Municipal, que es el conjunto de recursos materiales y humanos que en forma organizada dan respuesta a las demandas de salud de la comunidad en el primer nivel de atención, configura un servicio público, ya que se trata de una prestación que le compete al Estado, independientemente que los servicios de salud puedan ser brindados en forma paralela por el sector privado”. “No obstante, el Estado no puede desentenderse de su rol como obligado principal que debe asegurar, como efector público, la atención primaria”, agregó.
“Los estados no pueden desconocer, el derecho de las personas a acceder a servicios públicos esenciales - agua, cloacas, salud – y su obligación de proteger esos derechos mediante la prestación efectiva de dichos servicios, por sí o por medio de terceros manteniendo su titularidad, control y fiscalización. Razón por la cual, todas las medidas regulatorias deben respetar los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, accesibilidad”, destacó. “Abogamos por la calificación de los servicios de salud como esenciales”, finalizó Bernabei.
El camino del proyecto de la “esencialidad”:
El expediente 1412 busca declarar "de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales".
El polémico proyecto en su primer tratamiento en la comisión de Ambiente, el pasado 2 de mayo, el oficialismo pidió informes a los que se sumaron los de la oposición. Las solicitudes alcanzan a las ocho secretarías, los cuatro entes descentralizados, al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y a distintas dependencias de Provincia y Nación.
Además de Ambiente, el expediente debe pasar por las comisiones de Educación, Salud y Legislación. Dicha cantidad ya supone un trabajo que, a toda marcha, llevaría tiempo. El oficialismo cuenta con la mayoría en todas y conduce tres de ellas. Sin embargo, diferencias internas podrían trabar su avance. Aunque la repentina respuesta del Emder y la Secretaría de Salud podría indicar que se empezaría mover el proyecto.
Raverta va por el Concejo
El impacto del bullrichismo en el Concejo
El Community Manager de la discordia
Una de las noticias positivas para Guillermo Montenegro en el año 2023 fue la recuperación de la mayoría propia en el Concejo Deliberante. De esta manera, los grupos afines al alcalde podrían prescindir de acuerdos o de la voluntad de la oposición tanto en las comisiones como en la sesión.
En el año 2024, el bloque oficialista mostró su fuerza con proyectos importantes y difíciles de aprobar en la composición anterior. El primero fue la reducción de la Defensoría del Pueblo y el segundo la privatización del estacionamiento medido. Además, Juntos logró evitar posibles molestias como la presencia de funcionarios o solicitudes de informes que frenen la avalancha de comunicaciones de la oposición.
Sin embargo, algunos proyectos significativos aún están pendientes de tratamiento a pesar de que, de avanzar, podrían convertirse rápidamente en ordenanzas. Uno de ellos es el de la concesión por diez años de la explotación del mobiliario público de la ciudad, una iniciativa que ya había fracasado en el recinto en 2021.
Con controversia entre los empresarios locales del sector y un considerable número de revisiones -deberá pasar por seis comisiones- el expediente, presentado junto con el del estacionamiento medido, apenas ha sido considerado en casi un año. Ante varias consultas de este medio, desde el oficialismo destacaron que "no era prioritario en este momento".
Otro proyecto pendiente es el de la creación de un registro único de prestadores del servicio de transporte que busca regularizar la situación de las plataformas digitales. Aunque las aplicaciones ya operan de facto, en la práctica la actividad sigue siendo clandestina. La propuesta presentada en 2022, a la que posteriormente se le agregó otra que llamaba a un plebiscito, se retrasó teóricamente debido a la incertidumbre del año electoral y a la espera de una nueva composición.
Sin embargo, la falta de avance del proyecto podría estar más relacionada con diferencias internas y posibles áreas de conflicto.
Este jueves 6 de junio, fue presentado en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante un anteproyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Vivienda, Hábitat y Derecho a la Ciudad de Gral. Pueyrredon por parte de autoridades de los Colegios de Arquitectos, Técnicos e Ingenieros, en representación de 32 instituciones y organizaciones locales.
Los presidentes de los Colegios de Arquitectos Distrito 9 y de Técnicos D5, Diego Domingorena y Diego Haag, respectivamente, y el vocal del de Ingenieros D2, Martín Ávila, hicieron entrega de esta importante documentación, en representación de las entidades involucradas, entre las que se encuentran, además de los Colegios mencionados, el Obispado de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la Facultad de Derecho y la Facultad de Humanidades de la UNMDP, la CGT, la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, la Defensoría del Pueblo, el MTE y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El anteproyecto aún no se encuentra subido digitalmente en el digesto del Concejo, por eso no se conoce qué giros tendría en el legislativo. Se presupone que debe pasar por Obras (González-Coalición Cívica) y Legislación (Núñez-UCR).
“Es un proyecto que se armó después de haber sido convocados por el Concejo Deliberante el 25 de agosto del año pasado donde se nos consultó para que opinemos sobre otro anterior presentado unipersonalmente y a partir de ahí nos movilizamos para tener una mirada más coyuntural y actual”, manifestó el Arq. Domingorena.
Asimismo comentó que “Este Consejo cumple la función de asesorar a los poderes Ejecutivo y Deliberativo, no es vinculante y es participativo. Es la mejor manera que tiene la ciudadanía de involucrarse en los temas que tienen que ver con el hábitat, el urbanismo, la planificación y el desarrollo de Mar del Plata, donde también hay algunos conflictos como el patrimonio, por ejemplo. Puede plantear estrategias para captar compensaciones urbanas porque actualmente no están siendo rigurosas y podría aconsejar en qué lugar se pueden invertir esas compensaciones, qué volumen tendría que tener y de qué calidad, entre otros asuntos. Es decir, que este Consejo viene a incorporar la mirada de la comunidad a la decisión que tomen los concejales”.
Por su parte, Haag expresó que “este es mucho más amplio que el anterior, más inclusivo y hay que tener en cuenta que están los desarrolladores también incluidos en esta propuesta, algo único en toda la Provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos con esta presentación y esperemos que se apruebe pronto”, concluyó.
Cabe destacar que la ordenanza de creación del Consejo Local de Vivienda, Hábitat y Derecho a la ciudad de Gral Pueyrredon ha sido un proyecto desarrollado e impulsado por distintas entidades desde la promulgación de la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.
La ordenanza 22.014 establece que la Municipalidad se adhiere a la Ley provincial 1440 de “Acceso Justo al Hábitat”, que en su artículo 2 establece: “La presente Ley define los lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda y regula las acciones dirigidas a resolver de manera gradual el déficit habitacional urbano, otorgando prioridad a las familias bonaerenses en situación de pobreza crítica y con necesidades especiales”.
A partir de la jornada de trabajo organizada por el Concejo Deliberante el 25 de agosto de 2023, donde varias de ellas fueron convocadas para emitir opinión y sacar conclusiones sobre la temática descripta, las mismas generaron una mesa de trabajo donde se abordó el contenido desarrollado hasta el momento y se le imprimió una mirada más coyuntural y actual, que generó este nuevo proyecto. Además, en esa jornada se había hecho énfasis en “que en la ciudad se están produciendo dos ciudades en paralelo”.
El pasado lunes 3 de junio, el STM, tras una reunión de la Comisión Directiva, congresales y directivos, anunció un “ruidazo” para protestar en el contexto de la puja salarial con el gobierno. La medida en cada puesto de trabajo empezó a realizarse a partir del martes y se extenderá hasta este viernes. También se había comunicado que el último día de la semana se realizaría una retención de tareas por 24 horas. Desde el gremio reclaman: “Paritarias ya”.
Tras dos días de “ruidazo”, el Ejecutivo lanzó un contraataque con una línea de WhatsApp para denunciar la falta de servicios en las dependencias. "Es importante destacar que la no prestación del servicio que los agentes municipales deberían llevar adelante es considerada un corte parcial o total de actividad, y conlleva una sanción", explicaron.
Además, previo a la medida de fuerza del gremio, desde el municipio apuntaron que habría “sanciones disciplinarias para los que no cumplan tareas”, agregando que, dependiendo de la infracción, la sanción quedaría registrada en los legajos, con posibles “quitas de premios y futuros ascensos”.
El conflicto que comenzó por un pedido de actualización salarial escaló con medidas de fuerza por parte del gremio, lo que ocasionó, por parte del Ejecutivo, descuentos por paro y quita de presentismo, sumando presentaciones judiciales por las quitas.
Además, el intendente Montenegro presentó un proyecto relacionado con la especialidad del trabajo municipal, que se encuentra trabado debido a múltiples pedidos de informes, aunque ya se ha empezado a ver con dos respuestas del Ejecutivo.
También se sumó el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo de los municipales, que fue rectificado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El municipio presentó un recurso en contra que fue desestimado, y luego la cartera laboral local elevó el CCT al Concejo para su tratamiento. El convenio será tratado este lunes 10 en la comisión de Legislación (Nuñez-UCR), lo que revelará qué pasará dentro del oficialismo con este tema.
Ahora, habrá que ver qué sigue desencadenando esta tensión entre el STM y el gobierno local.
Desde 2018, solo están en funciones en los juzgados José Luis Oteiza (N°1), Pedro López Martucci (N°3) y Fernando Mumare (N°4). Los magistrados subrogan los juzgados N°2 y N°5 entre ellos.
“Los Jueces de Faltas serán designados por el Intendente Municipal, previo acuerdo del Concejo Deliberante, que será prestado por simple mayoría de votos de los miembros que integran dicho Cuerpo”, establece el Código de Faltas Municipales.
En este contexto, la responsabilidad recae en el oficialismo, que debe llegar a acuerdos dentro de la coalición para consensuar candidatos. En este sentido, los partidos con intereses en estos puestos se reunirán para empezar a mover palancas.
Desde el radicalismo, suena con fuerza para ocupar la titularidad de uno de los Juzgados de Faltas de la comuna el abadista Leandro Gabás, presidente del Colegio de Abogados. El letrado también se ha postulado sorpresivamente como candidato a la Defensoría del Pueblo, lo que algunos interpretan como parte de la negociación por el área en la que recaen multas e infracciones.
Por otro lado, los juzgados de Faltas representan una fuente importante de ingresos para el Municipio. Ante la disminución de la cobrabilidad que ha afectado a la comuna en los últimos meses, y sumado a la concesión del medido, que aún no se ha licitado, es imperativo que se cubran las vacantes para no seguir afectando las arcas municipales.
El camino de la crisis del Juzgado de Faltas:
El vacío de autoridades en los Juzgados de Faltas se gestó desde finales de 2017, cuando Ana María Castelao y Carmen Maffioni, titulares de los juzgados N°2 y N°5, respectivamente, iniciaron los trámites para su jubilación, efectiva entre enero y marzo del año siguiente.
El proceso de selección de jueces quedó estancado cuando Carlos Arroyo propuso a Andrés Barbieri, que falleció por Coronavirus en mayo de 2019 y a Gustavo Gil de Muro para ocupar esos puestos. A pesar de tener mayoría, las tensiones internas entre el arroyismo y otros bloques impidieron avanzar en el proceso.
Lo mismo ocurrió con la creación del Juzgado N°6 en julio de 2018, donde la falta de acuerdo en el HCD detuvo el proyecto. Arroyo intentó llenar los vacíos mediante decreto, pero un dictamen legal lo detuvo.
Después de que Montenegro asumiera en el Municipio a principios de 2022, sin tener mayoría propia, intentó alcanzar acuerdos con la oposición para ocupar los cargos y crear el nuevo juzgado. Sin embargo, todos esos intentos naufragaron entre idas y vueltas.