La Tecla Mar del Plata
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Según el relevamiento mensual de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realiza el Isepci en negocios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batan, en julio pasado los precios de los alimentos aumentaron 9,73%. Después de algunos meses con aumentos de los alimentos por debajo del 5% mensual, los fuertes incrementos se volvieron a sentir en julio en los comercios de cercanía de General Pueyrredon.
Rodrigo Blanco, director a nivel local del Isepci, expresó: “Milei y Caputo siguen anunciando la continuidad del descenso de la inflación con llegada al 0% a fin de año. Pero los alimentos y los servicios básicos indispensables para la vida cotidiana de las familias no dejan de aumentar. Durante los ocho meses en el gobierno nacional los alimentos subieron 111,3%, con picos en frutas y verduras, lácteos, farináceos y arroz. Cumplidos ocho meses del actual gobierno, los incrementos de precios en los negocios de cercanía de los barrios populares, desmienten el relato del gobierno sobre la continuidad de la tendencia descendente del valor de los alimentos y de los servicios básicos. Una familia de cuatro integrantes –dos adultos/as y dos niños/as pequeños/as- en julio necesitó para adquirir los mismos productos, 31 mil pesos más que treinta días antes.”
El valor de la CBA para una familia de dos adultos y dos hijos/as pequeños/as, en julio alcanzó los $353.563 contra $167.313 de noviembre pasado. En los ocho meses de gestión Milei, la CBA aumentó 111,3%. El rubro de frutas y verduras sigue liderando las subas entre los alimentos, (29,7% en julio), seguido por carnicería (7,9%) y el rubro almacén (3,2%). Coincidentemente con los fuertes incrementos experimentados en el rubro de las frutas y verduras, se conoció en los últimos días un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que advierte que la demanda de dichos alimentos cayó un 40 por ciento en julio. Desde CAME indicaron que “durante el mes de julio 2024, fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de la demanda de entre un 30% y un 40%”.
La razón principal de esta caída la podemos encontrar en parte en la composición y evolución de los ingresos mínimos que han sufrido pérdidas significativas desde el inicio de la gestión del Gobierno de Javier Milei, según explicaron desde Isepci.
El salario mínimo vital y móvil para el mes de julio 2024 se ubicó en $254.232, representando tan solo un 74% de incremento acumulado desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei (se ubicaba en noviembre 2023 en el orden de los $146.000), lo que configura una pérdida del 37,3% en ocho meses si lo comparamos con los valores de la CBA actual. Este dato a su vez nos indica que el salario mínimo por si solo no alcanza a cubrir de manera íntegra el valor de la CBA: apenas llega a cubrir un 72% de la misma, y debemos tener en cuenta que las familias también deben afrontar otros gastos esenciales tales como alquiler, vestimenta, servicios básicos, entre otros. Por su parte la jubilación mínima se ubicó en los $285.622 para el mes de julio (con bono incluido de $70.000 para los haberes mínimos), por lo que si comparamos con la situación de noviembre 2023, cuando la misma ascendía a los $156.720, tenemos un incremento del 82% acumulado, representando una pérdida del 29,3% en comparación con la CBA actual.
Blanco opinó: “Ante la continuidad de las dificultades para estabilizar los indicadores macro económicos, centradas en la carencia de reservas en el Banco Central con perspectivas negativas para aumentarlas significativamente, el equipo económico encara esta etapa que denomina “emisión cero” que en los hechos implica profundizar la recesión, con previsibles consecuencias de incrementos de la pobreza e indigencia. Por otro lado, el sostenimiento del valor del dólar en los mercados paralelos se consigue a costa de perder reservas, lo que compromete aún más la sustentabilidad del equilibrio macro. Todo esto sin que la inflación mantenga la tendencia descendente que el gobierno pronostica todos los días. La contracara son las tristes cifras que dio a conocer UNICEF; que ratifican que millones de niños y niñas se van a dormir cada día sin haber comido.”
La política y el sector de la construcción e inmobiliario mantienen relaciones estrechas, como lo demuestra el gran número de emprendimientos aprobados en diversas zonas de la ciudad. No obstante, cada vez más a menudo, las iniciativas se dirigen hacia el sur. Entre bosques y mar, uno en particular es el que más polémica genera: “La Reserva”.
El complejo hotelero aprobado por el Concejo para La Reserva busca inaugurar este tipo de emprendimientos de alto valor en las inmediaciones de las playas. El rápido tratamiento en el Legislativo y la polémica recomendación de apurar los trámites de la Secretaría de Obras reflejan la solidez del vínculo entre empresarios y política. Además, tras un largo periodo sin noticias del avance del emprendimiento, se dio a conocer una resolución del Ejecutivo que beneficia al complejo y un pedido para revocarla.
La resolución, firmada por el presidente del EMSUR, Santiago Bonifatti, tiene fecha del 26 de julio de este año. En su artículo 1°, otorga al proyecto “Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada” la declaración preliminar de impacto ambiental.
En el artículo 2° de la resolución, se establece que la firma deberá acreditar permisos de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), la Constancia de Uso de Suelo Municipal otorgada por la Dirección de Ordenamiento Territorial correspondiente a las parcelas involucradas, y solicitar la etapa de factibilidad mediante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la etapa de proyecto ante la Autoridad de Aplicación, atendiendo a las observaciones realizadas.
También se agrega que, si se cumplen los requisitos, se convocará a una audiencia pública para que “todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular exprese su opinión respecto al proyecto”. “La prefactibilidad otorgada es de manera exploratoria, no da derecho a la ejecución de ninguna etapa de la idea de proyecto ni acredita la aprobación de las características del mismo”, señala el documento firmado por Bonifatti en su artículo 4°.
Tras conocerse la resolución del EMSUR, el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio para que se revoque el artículo 1°. En el escrito, señalan que la resolución estaría “viciada de ilegalidad manifiesta”.
“La legitimación para interponer formal recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, sin ser parte directa en el acto administrativo en crisis, está dada por verse comprometidos intereses sobre bienes ambientales de dominio público, derechos de incidencia colectiva con carácter de potencial daño ambiental sobre patrimonio de reserva natural (Ordenanza 10.011/95), yacimiento paleontológico (Ordenanza 22.325) y patrimonio cultural, cuyo deber de preservarlo resulta un imperativo de raigambre constitucional, artículo 28 CPBA y artículo 41 CN”, señalan en el documento presentado.
Luego, en el escrito, mencionan que la Ordenanza N° 25.848, que otorgó los indicadores a “La Reserva” a fines de 2022, permitió que en la zona en cuestión se produjeran “movimientos de suelo y deforestación como acondicionamiento al inicio de obras en el predio de referencia, conculcando principios rectores del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Después, remarcan la “palmaria violación a lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 5657/85, artículo 7°: Cese el desmonte, talado y extracción de árboles y deforestación de médanos y acantilados costeros en la zona ubicada inmediatamente al sur del Faro de Punta Mogotes hasta Playa Los Acantilados, y desde el camino de la Costa Mar del Plata-Miramar hasta el mar”.
“Si un proyecto de los comprendidos en este capítulo comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto de que estas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar”, argumentaron en referencia a la Resolución 538/99, artículo 23°, de la ex Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
También se menciona en el escrito la Ordenanza N.º 25850, “Ordenanza marco ambiental”, en su Artículo 19.º: “Aquellas obras, instalaciones o actividades que se inicien sin contar con declaración de impacto ambiental o que no cumplan con las exigencias, requerimientos y controles que se establezcan en el mismo, serán suspendidas y clausuradas de inmediato”.
“Esta ordenanza no entra en vigencia legal hasta que haya obtenido la convalidación del gobierno provincial. No obstante, y sin perjuicio de ello, a efectos de esta instancia, la franja de costa comprendida entre el metro 100 y metro 150, donde se planifica edificar, está afectada a la restricción prohibitiva explícita en el artículo 142° de la Ley 12.257, siendo omitida en el EsIA del proponente y conculcatoria del artículo 19°”, subrayan desde el Observatorio.
El proyecto de "La Reserva"
A fines de octubre del 2022, el reconocido empresario marplatense, Alberto Eduardo Materia, presentó una nota particular en el Concejo a los fines de obtener indicadores urbanísticos dentro del balneario amparado en la Ordenanza N°8434 de 1991 que se encuentra vencida desde el 7 de junio de 2015 a falta de nuevas prórrogas.
El proyecto permite edificaciones destinadas a "uso residencial uni o multifamiliar” con los correspondientes servicios además de una densidad de 100 habitantes por hectárea y con alturas de hasta 12 metros. El expediente tuvo un tratamiento express en las comisiones de Legislación y Obras con el visto bueno de los ediles oficialistas (Nuñez, Romero, Muro, Gonzalez, Morro y Neme) y la Dirección de Ordenamiento Territorial perteneciente a la secretaria de Obras que conduce Jorge "Guasa" Gonzalez.
Pese a la recesión, la inflación continúa a la baja desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. En diciembre, el índice de precios alcanzó un pico de 25,5% cuando comenzaba la administración libertaria, un dato heredado del mandato de Alberto Fernández. Debido a la devaluación y a la fuerte recesión económica, los índices posteriores fueron: en enero bajó a 20,6%, en febrero a 13,2%, en marzo a 11%, en abril a 8,8%, en mayo a 4,2% (el índice más bajo registrado desde febrero de 2022, que fue de 4,7%), en junio subió a 4,6%, y en julio bajó a 4%.
El rubro con mayor aumento mensual en julio de 2024 fue Restaurantes y hoteles con un 6,5%; y la de menor, Prendas de vestir y calzado (1,6%).
Con respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento mensual fue del 3.2% en el mes de julio, menor al número inflacionario que marcó el Indec. Sin embargo, aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país.
Este miércoles por la tarde, el intendente Guillermo Montenegro se reunió con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el fiscal general Fabián Fernández Garello. El encuentro tuvo lugar en la Fiscalía General de Mar del Plata.
El Ministro de Seguridad visitó la ciudad para revisar los cambios en la Departamental tras la detención de Segovia y la designación del nuevo jefe de la Departamental, Luis Senra. Además, la visita del funcionario bonaerense buscó coordinar el trabajo en conjunto con el municipio y la fiscalía.
Tras el encuentro entre Montenegro, Alonso y Fernández Garello, se anunció la creación de una mesa de política criminal y de una mesa de coordinación de políticas locales en la ciudad.
Mediante un proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, se busca otorgar al empresario hípico Agustín Galli la prolongación de la calle 38, entre las calles 479 y 475. En total, se trata de 2.874,90 m² de superficie que actualmente son de dominio público.
Para justificar la cesión, se argumenta que el empresario es propietario de la parcela lindera a la misma. En el mensaje al Concejo se aduce que la finalidad es “consolidar la solución de continuidad física e integración espacial a los fines de generar el Club de Campo ‘Haras Santa María del Mar’, dedicado a la cría y entrenamiento de caballos de alta calidad, complementado por el emprendimiento Casonas del Haras, conformado por casas y apartamentos de campo”.
La Comisión Permanente de Tasaciones, a través del Informe Técnico de Tasación de Inmuebles, determinó que el valor del metro cuadrado alcanza los $18.000, por lo que Galli deberá abonar un total de $51.748.200 como compensación. Este monto quedará sujeto a reajuste.
“Conforme se desprende de la fundamentación agregada a la orden 4, se generaría con la incorporación del tramo de calle una nueva parcela que conglobaría a las parcelas existentes, Quintas 108 y 109, para el desarrollo de un emprendimiento residencial que brinde continuidad con los barrios en proceso de ejecución, pertenecientes a Casonas del Haras”, detalla la ordenanza. La autorización otorgada se mantendrá vigente en tanto la adquirente dé cumplimiento a los eventuales Convenios de Regularización Fiscal suscriptos con la Municipalidad.
Lo llamativo de la cesión de la calle es el precio del m²: en un caso similar hace más de dos años, en el que a la empresa pesquera Moscuzza se le otorgaron 2.325 m² de superficie, la Comisión Permanente de Tasaciones estableció el valor del metro cuadrado en $21.000, por lo que debía abonar un total de $48.836.550 como compensación. En el caso de Galli, el precio se fijó en $18.000. ¿La inflación no afecta a la Comisión Asesora?
El gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata junto a decenas de intendentes del peronismo, radicalismo y algunos del PRO, que habían enviado un comunicado contra el gobierno bonaerense por la demora en el envío de fondos estuvieron presentes. El alcalde de Gral. Pueyrredon, Guillermo Montenegro, no participó del encuentro. En la oportunidad, desembolsó fondos de libre disponibilidad para los 135 municipios.
El acto breve comenzó pasadas las 16 y el Gobernador dio un discurso comentando la situación en la que se encuentra la Provincia y apunto al gobierno nacional previo al desembolso de 38 mil millones de pesos correspondiente a la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.
La primera parte se entregó en febrero, que correspondió al 10% del total disponible que asciende a 116 mil millones de pesos. Mientras que la segunda fue a mediados de mayo, donde la provincia entregó otro 30% mientras que la última cuota se abonará en octubre.
En ese marco, el Gobernador sostuvo que, “son los intendentes los que están sosteniendo la crisis generada por Milei” y agregó que la Provincia, "sufrió caídas de recursos y cada vez más necesidades que atender" y agregó que "nosotros no podemos salir a dar conferencias por todo el mundo, estamos con los intendentes atendiendo las medidas de Milei".
Por su parte, sostuvo que la Provincia tiene una "fuerte demanda de alimentos, de medicamentos y trabajo en toda la provincia si no quiere escuchar que se tape los oídos, pero la realidad va a perforar todo intento de barreras y diques que ponga Milei.”
Estuvieron presentes las y los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, La Plata, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Patagones, Pellegrini, Pila, Pilar, Presidente Perón, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Fernando, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Tigre, Tordillo, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo y Villa Gesell.
El complejo fue inaugurado durante la última dictadura militar y desde entonces ha estado en el centro de controversias políticas. Un acuerdo con el Banco Provincia, heredado de ese período, dejó al gobierno provincial con el control del 70% de la gestión de los balnearios debido a una deuda. Aunque hay un administrador municipal en funciones, la verdadera autoridad proviene de la Provincia.
En mayo de 2024, la municipalización de Punta Mogotes volvió a estar en la agenda del Concejo Deliberante. La Unión Cívica Radical (UCR) solicitó que se reactive un expediente de 2022 que insta a la Legislatura bonaerense a transferir la administración del complejo al municipio. En la Quinta Sesión Pública Ordinaria, celebrada en junio, el proyecto de comunicación obtuvo luz verde para su tratamiento, con el respaldo del interbloque oficialista y de La Libertad Avanza, mientras que Unión por la Patria votó en contra y el Frente Renovador y Acción Marplatense se abstuvieron.
Paralelamente, la UCR impulsó una campaña para recolectar firmas en apoyo a los proyectos de ley que promueven la municipalización de Punta Mogotes. "Queremos que Mogotes sea de los marplatenses para poder definir nuestras propias prioridades y reforzar nuestra identidad. Buscamos mayor autonomía para planificar el desarrollo de Mar del Plata y Batán", afirmaron desde el partido.
Iniciativas legislativas para la municipalización
En mayo de 2022, Maximiliano Abad, en ese entonces diputado y ahora senador nacional, junto a los senadores Alejandro Rabinovich (Pro) y Ariel Bordaisco (UCR), presentaron un proyecto de ley en ambas Cámaras de la Legislatura de Buenos Aires para que la administración del Complejo Punta Mogotes sea transferida al municipio. La iniciativa encomienda al gobernador la restitución del control y explotación del complejo al gobierno local.
En abril de 2024, el diputado provincial Diego Garciarena (UCR) presentó un proyecto en la Cámara Baja bonaerense que solicita la transferencia gratuita de la administración y explotación de Punta Mogotes al municipio. Este proyecto también propone mantener las concesiones actuales y disolver la Administración Punta Mogotes.
En General Pueyrredon, una de las novedades fiscales de este año fue la implementación de la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial, un ítem que ya formaba parte de la TSU, pero que el gobierno separó para cobrar a partir de la carga de combustible. En los primeros seis meses de funcionamiento, el municipio recaudó $2.400 millones. Mientras tanto, su futuro se dirime en la justicia.
La tasa vial comenzó a cobrarse en la comuna a partir del 8 de febrero de 2024. Desde entonces, el Ejecutivo ha avanzado con obras de bacheo, reparaciones y repavimentación en diversas zonas de la ciudad. Sin embargo, el 5 de agosto, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mar del Plata declaró inconstitucional la Tasa Vial, en respuesta a una presentación realizada por el diputado provincial Guillermo Castello. Aunque la sentencia afecta únicamente al legislador, sienta un precedente legal importante.
El municipio, a través de sus representantes legales, presentó un recurso de apelación el 9 de agosto en el mismo juzgado. En el recurso, se destacó que lo recaudado por la tasa asciende a $2.400 millones, una cifra que, según la comuna, corresponde al costo del servicio efectivamente prestado.
Además, la apelación mencionó que, con los fondos recaudados, se realizó una primera licitación para obras de fresado y recapado en calles de pavimento asfáltico, abarcando un total de 42.000 metros cuadrados, y bacheo de pavimentos de hormigón en 14.000 metros. Esta licitación, adjudicada por un monto superior a los $3.000 millones el 11 de abril de 2024, comenzó entre los días 19 y 22 de abril. Hasta la fecha, ya se ha ejecutado casi el 50% de las obras.
El recurso fue concedido por el juez Simón Isacch, y Castello deberá responder en los próximos diez días, mientras la tensión entre lo recaudado y la legalidad de la tasa sigue en el centro del debate.