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Montenegro: "La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian"
El alcalde irá por la consignación judicial de la deuda por Mogotes que permitiría su municipalización. "Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar", lanzó. Fuerte escalada de la tensión entre administraciones.
El conflicto por la administración de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo este martes luego de que la Provincia rechace el pago de la deuda por parte de la comuna. "Me dijeron que si pago me denuncian", afirmó el intendente Guillermo Montenegro en sus redes dónde adjuntó la carta documento remitida desde el Municipio.
"Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar", lanzó el ex-juez federal. "Por eso hoy firmé un decreto para proceder a la modificación presupuestaria correspondiente y, de esa manera, realizar la consignación judicial de la deuda", agregó en torno a los pasos a seguir.
Novedades de Punta Mogotes: La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar. Por eso hoy firmé un decreto para proceder a la… https://t.co/JblF26R3fZ
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 10, 2024
La posibilidad de que el gobierno de Kicillof rechacé el pago estaba sobre la mesa de antemano. El intendente ya había adelantado la posibilidad en la misma conferencia de prensa dónde anunció las intenciones de cancelar la deuda y así recuperar el control de Punta Mogotes que hoy tiene un triunvirato cuyo 70% responde a la administración bonaerense.
Un conflicto que escala
La última semana, el senador provincial del Pro, Alejandro "Ruso" Rabinovich elevó una solicitud de informes al Ejecutivo provincial para conocer detalles del "Masterplan" que Provincia encargó a la Universidad Atlántida y que implicó un giro de fondos desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a la entidad de educación privada.
Todas las miradas están puestas en 2026, año en el que se terminarán las concesiones de los 24 balnearios y sus respectivos kioscos y restaurantes. En ese sentido, las partes entienden que será el punto justo para avanzar en un cambio de modelo o administración.
Los argumentos de Provincia
Desde el gobierno bonaerense argumentan que la deuda corresponde a la Administración Punta Mogotes (APM) y no al Municipio de General Pueyrredon. En ese sentido, aseveran que las acciones deben canalizarse a través del funcionario que la comuna tiene en el ente. No obstante, al sólo contar con el 30% de la representación, éste estaría virtualmente impedido para implementar cambios.
"Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar", lanzó el ex-juez federal. "Por eso hoy firmé un decreto para proceder a la modificación presupuestaria correspondiente y, de esa manera, realizar la consignación judicial de la deuda", agregó en torno a los pasos a seguir.
Novedades de Punta Mogotes: La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar. Por eso hoy firmé un decreto para proceder a la… https://t.co/JblF26R3fZ
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 10, 2024
La posibilidad de que el gobierno de Kicillof rechacé el pago estaba sobre la mesa de antemano. El intendente ya había adelantado la posibilidad en la misma conferencia de prensa dónde anunció las intenciones de cancelar la deuda y así recuperar el control de Punta Mogotes que hoy tiene un triunvirato cuyo 70% responde a la administración bonaerense.
Un conflicto que escala
Los argumentos de Provincia
Desde el gobierno bonaerense argumentan que la deuda corresponde a la Administración Punta Mogotes (APM) y no al Municipio de General Pueyrredon. En ese sentido, aseveran que las acciones deben canalizarse a través del funcionario que la comuna tiene en el ente. No obstante, al sólo contar con el 30% de la representación, éste estaría virtualmente impedido para implementar cambios.