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Garciarena: “Punta Mogotes es de los marplatenses”
En el marco de la pulseada entre la Provincia y la comuna por la municipalización del complejo, el diputado provincial de la UCR salió a apoyar las gestiones del intendente para el traspaso. “El desarrollo urbanístico y paisajístico de la ciudad debe definirlo la ciudad”, remarcó.
En el contexto del conflicto entre la Provincia y la comuna por la municipalización de Punta Mogotes, el presidente del bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal en la Legislatura Provincial, Diego Garciarena, apoyó al intendente Guillermo Montenegro en el traspaso del balneario. “El desarrollo urbanístico y paisajístico de la ciudad debe definirlo la ciudad. No hay excusas ni formalidades que puedan evitarlo”, afirmó.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), Garciarena señaló que “discutir que Punta Mogotes es de los marplatenses y debe ser administrada por los marplatenses es una perogrullada”.
Posteriormente, en otro tuit, subrayó: “Punta Mogotes es de los marplatenses”. “No hay debate posible. Lo es en términos patrimoniales, lo es en términos simbólicos, lo es en referencia a su valor turístico y urbanístico”, argumentó.
“Por ello, presentamos un proyecto de ley en la Legislatura, apoyamos las gestiones del Intendente y seguiremos trabajando hasta recuperar lo que nos pertenece”, expresó el diputado provincial.
A principios de abril de 2024, Garciarena presentó un proyecto de ley en la Legislatura para concretar la denominada municipalización. El escrito, de autoría del exconcejal marplatense, establece la “transferencia a título gratuito de la administración, explotación, uso y goce” de las fracciones de tierra correspondientes al Complejo. Asimismo, indica que el Municipio se hará cargo de todas las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) e instalaciones que forman parte del inventario del complejo.
En los artículos 3 y 4, se indica que se respetarán todas las concesiones vigentes y sus fechas de vencimiento otorgadas por la Administración Punta Mogotes (APM). No obstante, cualquier acción litigiosa, administrativa o judicial quedará a cargo del Estado provincial. En el punto número 5, se establece la disolución de la APM, creada por la Ley 10.233.
Finalmente, se dispone que el traspaso deberá formalizarse 60 días después de promulgada la ley mediante un convenio entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad.