La Tecla Mar del Plata
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La advertencia realizada por especialistas previo al verano sobre la creciente llegada de personas sin alojamiento para “hacer la temporada” no tuvo eco en el gobierno local, donde la falta de políticas de prevención hace que hoy las plazas de la ciudad estén llenas de gente que las utilizan como vivienda.
La situación en las inmediaciones al Monumento a los Caídos en Malvinas, en Diagonal Alberdi y Córdoba, es el fiel reflejo de ello. Colchones, bancos utilizados como camas y hasta alguna carpa se puede ver en ese espacio público, situación que también se replica en Plaza Mitre y Plaza Rocha. Se trata en su mayoría de personas que vienen a trabajar en la vía pública sin mayores recursos, por lo que las plazas u otros espacios públicos son los lugares a mano que tienen para radicarse temporalmente.
Alguno de ellos inofensivos, pero varios de ellos problemáticos; como se evidenció el fin de semana cuando, en el marco del Operativo Sol, se puso a disposición de la justicia a 50 “trapitos” por realizar desmanes en la vía pública. En la ciudad, se sabe, no está prohibida la actividad, como si fue aprobado recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lo que brilla por su ausencia son las acciones desde la Secretaría de Desarrollo Social, que no delineó una política hacia la población vulnerable que sigue arribando a la ciudad. Los paradores de la ciudad están semivacíos, mientras cientos de extraños moran en plazas y playas.
Esta situación tuvo su rebote en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante donde, en el marco del tratamiento de un proyecto sobre la situación del Monumento a los Caídos en Malvinas, algunos concejales pidieron una intervención del Municipio.
Las fuerzas del orden público también tienen sus argumentos para poder intervenir. Es que el Código de Faltas bonaerense establece en su Artículo 67 la prohibición de habitar “sin motivo razonable en plazas, parques o en cualquier otro sitio no adecuado para la vivienda humana”. Para esta falta se prevé la pena de arresto de ente 10 y 30 días. En la práctica, esta legislación no es aplicada, puede nadie quiere correr con el costo político de transformar en un hecho policial una situación con un trasfondo social y con el riesgo de las consecuencias de un operativo de desalojo. Sin embargo, las políticas de contención y asistencia del área a cargo de Patricia Leniz tampoco se aplican.