En una nueva sesión de la comisión, los concejales tratarán iniciativas vinculadas a exenciones, convenios educativos y reconocimientos de pagos, pero el foco político está puesto en la continuidad del decreto de donación voluntaria de sueldos por parte de funcionarios municipales, impulsado por el Ejecutivo local.

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Este miércoles, la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de General Pueyrredon vuelve a sesionar con un temario variado, pero uno de los puntos que concentra mayor peso político es la convalidación del decreto que extiende por un año más la deducción voluntaria de los haberes de funcionarios municipales,que rige desde enero pero requiere aprobación posterior del Concejo para su plena convalidación institucional. Se trata de una medida emblemática de la gestión municipal, que busca proyectar austeridad en un contexto económico adverso, y al mismo tiempo marcar diferencias con el gasto político de otros niveles de gobierno.

La iniciativa implica que el intendente continuará donando el 30% de su sueldo neto y el resto de los funcionarios políticos el 20%, montos que pasan a integrar los recursos generales del municipio. Según cifras oficiales, desde 2020 hasta el cierre del ejercicio 2024, esta política generó ingresos por más de $666 millones, que actualizados serían más de $2.600 millones, destinados a fortalecer las finanzas locales. En tiempos de campaña, no es menor que el oficialismo insista en mostrar disciplina fiscal como parte de su identidad de gestión.

Además del decreto, la comisión abordará expedientes que incluyen pedidos de exenciones para entidades sin fines de lucro, informes de OSSE, convenios educativos con instituciones privadas y el reconocimiento de gastos ya ejecutados, como el alquiler de baños químicos o pagos previsionales. Si bien estos temas suelen pasar desapercibidos, reflejan parte del músculo administrativo que sostiene al Ejecutivo y que requiere validación política constante.

En medio de la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, cada acción institucional adquiere una lectura en clave electoral. En ese escenario, la continuidad del recorte voluntario aparece como una apuesta del gobierno local para mantener la iniciativa discursiva, especialmente frente a una oposición que aún busca el tono justo para cuestionar sin parecer que ataca una medida percibida con buenos ojos por buena parte del electorado.

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Tras el escandaloso fracaso de la licitación de la Terminal de Contenedores y la fuga de navieras internacionales, el Consorcio Portuario de Mar del Plata intenta frenar la sangre logística con una resolución desesperada que penaliza el transporte terrestre, mecánica que su propia gestión incentivó. La aparición del "Programa de Incentivos" en el Boletín Oficial bonaerense es la admisión final del fracaso de un modelo que, bajo el mando de Marcos Gutiérrez y el amparo del matrimonio Raverta-Obeid, lanza un esquema de incentivos con la mirada puesta en blindar su caja política de cara al horizonte electoral de 2027.

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