La Tecla Mar del Plata
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El colapso en el suministro de gas que dejó sin servicio a distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata no fue un accidente aislado ni sólo una consecuencia de las bajas temperaturas. La situación, que encendió las alarmas en el distrito, es la expresión concreta de una cadena de decisiones políticas tomadas desde el Gobierno Nacional. Tras anunciar el freno total de la obra pública, la gestión de Javier Milei abandonó proyectos estratégicos como las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner, indispensables para garantizar la capacidad de transporte de gas en todo el país. Con reservas comprobadas en Vaca Muerta y producción en niveles récord, la crisis no responde a la falta de gas, sino a la falta de infraestructura.
En paralelo, optó por suspender obras clave como la reversión del Gasoducto Norte, pese a que varias de ellas presentaban un nivel de avance superior al 80%. Esta decisión no solo profundizó el escenario de desabastecimiento en regiones estratégicas, sino que también tuvo un alto costo fiscal: lo que podría haberse completado con una inversión estimada en 50 millones de dólares, ahora obliga al Estado a destinar más de 500 millones en importaciones de gas licuado a valores internacionales. A esta situación se suma la falta de mantenimiento e inversión en las redes locales, junto a una reducción sostenida del personal técnico, factores que complejizan aún más la respuesta operativa ante picos de demanda como los registrados en esta semana.
Pero la parálisis no afecta sólo al gas. En Mar del Plata, otras obras fundamentales quedaron en pausa desde que se eliminó el ENOHSA, organismo que canalizaba la financiación nacional para infraestructura sanitaria. Entre ellas, el Acueducto Oeste —clave para garantizar el correcto flujo de agua potable en verano—, los desagües pluviales de la Cuenca Marcos Sastre —diseñados para evitar inundaciones— y la red cloacal de los Espigones del Puerto, que permitiría mejorar el saneamiento y la salud pública. Todas fueron pensadas como respuestas a problemas crónicos de la ciudad, que año a año se agravan mientras el financiamiento permanece congelado.
Desde el gobierno nacional, la paralización de la obra pública se justifica bajo los lineamientos de reducción del gasto estatal, achicamiento del Estado y promoción de la inversión privada como motor del desarrollo. Bajo esa premisa se desfinanciaron proyectos estratégicos vinculados al gas, el agua y el saneamiento. En Mar del Plata, estas políticas no encuentran mayores objeciones por parte del intendente Guillermo Montenegro, quien ha manifestado en reiteradas oportunidades su sintonía con la gestión de Javier Milei y su convicción de que este rumbo económico representa una transformación necesaria. Sin embargo, la situación actual abre un interrogante sobre los costos sociales y estructurales de esta orientación: cuando las consecuencias llegan antes que las soluciones, el margen de maniobra para revertir el deterioro se vuelve cada vez más estrecho.