20 de octubre de 2025
POLÉMICA
Fuerte tensión en el puerto de Mar del Plata: impugnan licitación de Terminal Multipropósito
Según la Federación Estibadores Portuarios Argentinos, la licitación internacional por el Espigón 2 convocada por el Consorcio Portuario, avanza sobre los derechos laborales y promueve la precariedad. La polémica pone la mira en el titular del Consorcio, Marcos Gutiérrez, y la influencia política del matrimonio Raverta-Obeid en el sector.
El Puerto de Mar del Plata se vio abruptamente conmocionado por la publicación, el pasado lunes 18 de agosto, del Llamado Público Nacional e Internacional N° 1/2025 del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. La convocatoria busca la concesión de la Terminal Multipropósito en el Espigón 2, abarcando las Parcelas 1-C, 1-H y predios localizados con frente a las secciones 7ma. y 8va., sumando una superficie de 21.786 m². Si bien la apertura de sobres está fijada para el 10 de noviembre de 2025, la licitación ya desató una feroz polémica y un clima de gran tensión en la comunidad portuaria.
El epicentro del conflicto radica en el análisis de las bases del llamado por parte de los sindicatos, que interpretan el pliego como un ataque directo a los derechos de los trabajadores. La Federación Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), junto al Sindicato de Empleados Portuarios Argentinos (SUPA) de Mar del Plata, alzó la voz con dureza, manifestando que el llamado, en la práctica, “autoriza el trabajo en negro, sin derechos, sin jubilaciones, sin obras sociales”. Los gremialistas argumentan que este tipo de licitaciones buscan establecer condiciones para las empresas concesionarias y “ponerle reglamento a los trabajadores”, una materia que debe ser regida por los convenios colectivos.
El tono de la protesta es categórico. Los representantes de los estibadores aseguraron que la licitación “no es para el puerto de Mar del Plata” y anunciaron la impugnación formal del llamado, advirtiendo que, de ser necesario, llevarán el caso a la justicia. “Jamás, como representantes de los trabajadores, vamos a permitir que eso suceda”, sentenciaron, destacando que son ellos, los estibadores, el “motor del puerto” y no permitirán que “vengan a hacer negocios usandonos de la forma en que nos quieren usar”. La preocupación es nacional, ya que FEPA teme que, de prosperar este modelo en Mar del Plata, se replique en otros puertos del país, movilizando a los estibadores de la República Argentina en una batalla que consideran fundamental por los derechos laborales.
La controversia, que implicaría un contrato de hasta once años para el operador, trasciende lo gremial para instalarse de lleno en la arena política. Todas las miradas se dirigen al presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez, y sus referentes políticos. La atención se centra en el matrimonio de Fernanda Raverta y Pablo Obeid, a quienes los trabajadores señalan como la “casta” que se estaría “entrometiendo en los intereses de los trabajadores”.
El vínculo político es directo y relevante: Pablo Obeid es miembro de la Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado de la provincia de Buenos Aires, el espacio donde se trató el expediente de la licitación. Por su parte, Fernanda Raverta, senadora electa, tiene en la mira la presidencia de esa misma comisión, un movimiento que, según los sectores críticos, representaría un “agresivo avance” de su sector político tanto contra los trabajadores locales como contra el puerto de la ciudad, inmerso en una grave crisis.
Con el valor de las bases para acceder al pliego fijado en $1.000 USD y sin más detalles confirmados sobre el canon, la información clave sobre la futura operación se mantiene bajo reserva. En este tenso marco, los ojos de toda la comunidad portuaria, sindical y política están puestos en el 10 de noviembre, día en que se abran los sobres, mientras los estibadores se preparan para dar la “batalla” en todos los escenarios posibles.