Código de Aguas en el Presupuesto 2026: el gobierno bonaerense busca consolidar su autoridad sobre la costa
El Artículo 89 del proyecto de Ley de Leyes bonaerense busca elevar las drásticas restricciones del ADA a rango normativo, asegurando el control total del Ejecutivo provincial sobre el desarrollo costero, aunque introduce una cláusula de flexibilidad para las construcciones turísticas estacionales.
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La discusión legislativa en torno al Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires no solo gira en torno a números fiscales y techos de endeudamiento; en el proyecto enviado por Axel Kicillof, se esconde una pieza clave que define el futuro paisajístico y económico de la costa atlántica: la modificación del Código de Aguas. Tras la "Declaración de Principios" que significó la publicación de las Resoluciones N° 1520 y N° 1521 de la Autoridad del Agua (ADA) en octubre pasado, el gobierno provincial ahora busca convertir esa voluntad política y administrativa en Ley, consolidando su poder regulatorio por encima de la autonomía municipal.
El proyecto de Presupuesto ratifica en el cuerpo legal superior la prohibición del loteo y de construcciones permanentes en la franja de 150 metros desde la línea de ribera y, fundamentalmente, la restricción total sobre los médanos y las cadenas de médanos, un criterio que ya había marcado un freno categórico a los grandes desarrolladores, especialmente en distritos como General Pueyrredón. Sin embargo, en un movimiento que busca equilibrar la presión ambiental con el lobby turístico y de servicios, el texto introduce un mecanismo de excepción que no estaba explícito en el espíritu de las resoluciones originales. La nueva redacción permite que la propia Autoridad del Agua (ADA), la entidad presidida por Damián Costamagna, autorice construcciones de "carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente" hasta el límite de los 100 metros.
Este matiz normativo tiene una doble lectura política. Por un lado, formaliza la postura estricta de la Provincia ante la voracidad inmobiliaria, dándole al límite de 150 metros una fortaleza legal indiscutible que no dependa solo de una resolución administrativa. Pero, por el otro, introduce una ventana de negociación para el negocio de playa, afectando directamente a paradores, balnearios y estructuras estacionales que operan en el área más sensible de la costa.
Lo más significativo de este cambio es que la facultad para otorgar estas autorizaciones temporales recae de manera exclusiva en la ADA. De esta forma, cualquier atisbo de injerencia o potestad por parte de los Concejos Deliberantes sobre las habilitaciones de playa queda en vilo, a la espera de las negociaciones y el avance legislativo.
El mensaje es claro: si antes el ADA se erigió como un filtro excluyente sobre el urbanismo permanente, con el Presupuesto se convertiría en la única mesa de entrada y salida para cualquier tipo de intervención en la ribera bonaerense, ya sea un mega-proyecto o un simple parador de temporada. La Provincia no solo busca ratificar su control ambiental, sino que aspira a extenderlo a la gestión micro del paisaje costero, maximizando la centralidad de la decisión política en La Plata y desactivando la autonomía local.
