14 de noviembre de 2025
EDUCACIÓN
Desafectación de fondos afectados anticipa prueba de fuego en el Concejo Deliberante
En una maniobra financiera de urgencia, el Ejecutivo de General Pueyrredon giró al Concejo Deliberante un decreto que reasigna saldos acumulados de áreas específicas para cubrir el desfinanciamiento provocado por la falta de envío de fondos de la Nación y la Provincia.
El Ejecutivo de General Pueyrredon, en una movida administrativa de alto impacto, puso en marcha un mecanismo de emergencia para inyectar recursos propios al golpeado Sistema Educativo Municipal (SEM). A través del Decreto 2493/25, dictado "ad referéndum" del Concejo Deliberante Concejo Deliberante, el Ejecutivo dispuso la desafectación transitoria de los saldos acumulados disponibles en fondos afectados por ordenanzas municipales, liberando esos recursos para volcarlos inmediatamente a la educación local. La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, fue elevada al Concejo hoy bajo el Expediente 1746/25 para su convalidación legislativa.
La decisión de utilizar la figura de la desafectación se basa en un "desequilibrio financiero transitorio" generado, según el propio mensaje de elevación, por la falta de transferencia de fondos por parte de los gobiernos nacional y provincial. El Municipio ha debido asumir con recursos propios la totalidad de los gastos inherentes al funcionamiento del SEM —incluyendo salarios, servicios y programas pedagógicos— ante el incumplimiento del Convenio N° 421/09, un acuerdo tripartito de financiamiento que involucra a la Nación, la Provincia y la Comuna. El gobierno local sostiene que la acción busca "preservar la solvencia del Municipio" y, sobre todo, "asegurar la continuidad de las políticas públicas educativas" sin afectar compromisos ya asumidos o deudas con proveedores.
La maniobra obliga ahora al Concejo Deliberante a tomar una posición ineludible. Si bien la medida se fundamenta en la necesidad de garantizar un servicio esencial como la educación, la desafectación implica que recursos originalmente destinados a otros programas —financiados por ordenanzas específicas— serán temporalmente absorbidos.
La convalidación del decreto por parte del cuerpo deliberativo no será solo un trámite administrativo, sino un claro test político para medir el respaldo a la medida y los cuestionamientos políticos sobre qué áreas serán las que momentáneamente postergarán sus proyectos. Así, el debate se centrará en el costo político de priorizar la educación, en el marco de una crítica abierta a las administraciones superiores por el financiamiento educativo que ha generado esta crisis de caja.