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Jueves, 30 abril 2026
Argentina
2 de diciembre de 2025
POLÉMICA

La conexión de Eduardo Spinosa con el escándalo AFA-Banfield sacude la concesión del Minella

Eduardo Spinosa, ex presidente del Club Banfield e implicado en la investigación federal por presunto lavado y evasión que sacude al fútbol argentino, fue la figura clave en la única oferta para la millonaria licitación del estadio José María Minella y el Parque de los Deportes de General Pueyrredon. El vínculo entre la trama judicial y la adjudicación marplatense pone en alerta al Concejo Deliberante y ensombrece el traspaso del histórico predio, cuyo proyecto está valuado en US$ 40 millones.

La conexión de Eduardo Spinosa con el escándalo AFA-Banfield sacude la concesión del Minella
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La reciente ofensiva de la Justicia Federal que ordenó 19 allanamientos y congeló cuentas de la financiera Sur Finanzas por una mega-causa de presunto lavado de activos y evasión tributaria en el fútbol argentino se posa sobre la ciudad de Mar del Plata. El nexo que une esta trama judicial con el ámbito local no es otro que Eduardo Spinosa, ex presidente del Club Banfield y sindicado por la fiscalía como uno de los responsables en las supuestas maniobras con fideicomisos que habrían permitido blanquear fondos.

Con la investigación que apunta a Sur Finanzas —ligada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA— y a directivos de Banfield por mover cifras monumentales de dinero en curso, el foco se desplaza ahora hacia el rol institucional de Spinosa en la multimillonaria concesión del Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini”, que incluye al emblemático estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.

Spinosa no es un actor menor en este negocio. Fue la cara visible y el "nexo" con la AFA —debido a sus "sólidos vínculos" con Tapia y Pablo Toviggino— de Minella Stadium S.A., la firma integrada por el grupo brasileño Revee y la argentina Pro Enter que resultó ser el único oferente. Su función fue la de articulador de la propuesta y la de garantizar la viabilidad deportiva, rol totalmente distinto al que hoy lo ubica la Justicia Federal como investigado en la causa que implica a Banfield. Esta empresa, que se comprometió a invertir US$ 40 millones, se hizo con la concesión por 30 años. La entrega formal de la gestión por parte del Municipio de General Pueyrredon se concretó el pasado 5 de noviembre, pocas semanas antes de que se desatara el escándalo judicial.

La participación de Spinosa fue activa y notoria durante todo el proceso. Desde visitas "casi camufladas" al estadio, hasta su presencia en la apertura de sobres, el ex dirigente de Banfield se desempeñó como el motor de la propuesta. Incluso, uno de los socios de la concesionaria, Jorge Di Prinzio, quien sería CEO de Minella Stadium S.A., fue tesorero del “Taladro” bajo la presidencia de Spinosa. La presencia de estas figuras ligadas al club del sur del conurbano y, ahora, a la mira de la Justicia Federal, proyecta una sombra de interrogantes sobre la idoneidad de los actores que han tomado el control de un patrimonio deportivo clave de Mar del Plata.

La fiscalía federal ha identificado a Eduardo Spinosa, junto con otros directivos de Banfield, como parte de la presunta actividad ilícita que habría utilizado figuras como el "Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña" para colocar ganancias ilícitas a través de Sur Finanzas. El ex presidente, quien incluso demoró la entrega de documentación y dispositivos a la Justicia tras los allanamientos, se encuentra en el ojo de la tormenta por una sospechada ingeniería de lavado que habría movido cifras impactantes.

La noticia de la implicación de Spinosa en esta causa de altísimo impacto golpea de lleno a General Pueyrredon. El hecho de que el principal nexo de la única empresa que ofertó para la concesión del Parque de los Deportes se encuentre bajo investigación federal por graves delitos económicos genera una situación de extrema delicadeza política y legal, obligando a las autoridades a revisar la concesión bajo la lupa de la nueva información. El eje de la preocupación pasa por la idoneidad moral y financiera de los socios de la concesionaria, más allá de la legalidad formal del proceso de licitación.

Lo que en su momento fue visto como un acuerdo estratégico para Mar del Plata, ahora se tiñe de incertidumbre. El fantasma del escándalo amenaza con, al menos, manchar institucionalmente la ambiciosa renovación del histórico estadio.
 

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