La controversia en torno al proyecto de un bar y destilería de gin en el sur de Mar del Plata sumó una grave dimensión judicial. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado denunció ante el fuero federal que se estaría incumpliendo abiertamente la medida cautelar que, semanas atrás, había ordenado la paralización total de las obras en el predio contiguo al Faro de Punta Mogotes, conocido como Faro de la Memoria.
La Cámara Federal de Apelaciones había dictaminado una suspensión de 60 días para cualquier intervención en el terreno, priorizando un criterio de precaución. El objetivo era dar tiempo a los organismos de derechos humanos para aportar pruebas concretas que vinculen la parcela en disputa con crímenes de lesa humanidad ocurridos en la ex ESIM, evitando un daño irreparable a posibles elementos probatorios en el suelo. La decisión había representado un freno a la intención municipal de avanzar con la explotación comercial de la zona.
Sin embargo, los querellantes acaban de presentar documentación e imágenes que sugieren que el cese de actividades no se está respetando. Los registros muestran movimientos de maquinaria pesada, remoción de tierra y árboles, e incluso la aplicación de cemento en diferentes sectores, además de la reciente instalación de un portón de acceso. Para la asociación denunciante, estas acciones constituyen un claro desacato a la resolución judicial, que había sido debidamente notificada al Municipio de General Pueyrredon.
Ante este presunto incumplimiento, la organización solicitó a la Justicia Federal que tome medidas urgentes y más drásticas para asegurar la efectividad de la cautelar. Entre los pedidos elevados se encuentran la constatación inmediata del estado del terreno y la disposición de una consigna policial permanente en el lugar durante la totalidad del plazo de la suspensión de obras. Además, dada la aparente pasividad o complicidad administrativa, se solicitó la apertura de una investigación penal contra aquellos empleados municipales que pudieran haber incurrido en el delito de incumplimiento de una orden judicial.
La entidad de derechos humanos sostiene que la preservación del predio es indispensable y advierte que, a pesar de que el gobierno local fue notificado de la prohibición, las intervenciones y modificaciones al terreno han continuado, "haciendo caso omiso a la manda judicial". Así, la tensión aumenta en el sur de la ciudad, donde el conflicto escala a una nueva fase de confrontación legal y política.
