15 de diciembre de 2025
DEBATE
Reforma laboral: la política marplatense dividida entre la promesa de modernización y la denuncia de quita de derechos
Mientras el Gobierno nacional acelera con el envío del proyecto al Congreso, el debate impacta de lleno en la política de General Pueyrredon. Para el oficialismo local y los libertarios, la iniciativa funcionará como un "turbo" para las inversiones y el fin de la industria del juicio; la CGT, en cambio, advierte sobre un contexto de "industricidio" y señala peligros específicos para la economía de temporada y el sistema previsional.
La decisión del presidente Javier Milei de enviar al Congreso un ambicioso proyecto de reforma laboral, con la intención de tratarlo en sesiones extraordinarias, no tardó en generar sus réplicas en Mar del Plata. En una ciudad donde la desocupación y la informalidad son termómetros históricos de la economía nacional, el arco político local ya ha tomado posición en lo que promete ser el debate legislativo más caliente del cierre de año. Las posturas son antagónicas: lo que para un sector es una necesaria "modernización" de leyes vetustas que asfixian al privado, para el otro constituye un retroceso histórico que desfinanciará la seguridad social sin garantizar empleo genuino.
Desde el oficialismo local, la recepción de la iniciativa ha sido de un optimismo rotundo. Fernando Muro, concejal del PRO y hombre clave en el vínculo con el sector productivo durante la gestión de Guillermo Montenegro, prefiere hablar de "modernización laboral" antes que de reforma. Su argumento central radica en la caducidad de la normativa vigente, la cual data de la década del setenta, y en la necesidad de atacar la informalidad que deja a millones de argentinos fuera del sistema. Para Muro, el proyecto contiene herramientas vitales para el tejido empresarial marplatense, compuesto en un 99% por PyMES. El edil destaca que el miedo al litigio laboral es hoy la principal barrera para la contratación: "Hay PyMES de tres o cuatro empleados donde un juicio laboral puede terminar con su existencia". Bajo su óptica, la ley no cercena derechos, sino que "establece límites" a los excesos, tanto en la actividad sindical como en las indemnizaciones, otorgando la previsibilidad que las empresas reclaman para volver a contratar.
En una sintonía similar se expresa Emiliano Recalt, presidente del Concejo Deliberante y referente de La Libertad Avanza. Recalt enfatiza que el proyecto llega en un "punto de inflexión" para recuperar el sentido común en las relaciones laborales. El concejal libertario defiende figuras polémicas como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, argumentando que estas modalidades responden a la autonomía de la voluntad y a las nuevas realidades del mercado, alejándose de la rigidez de la Ley de Contrato de Trabajo de 1976. Para el titular del cuerpo deliberativo, la aprobación de la norma tendrá un impacto "inmediato" en General Pueyrredon, desbloqueando inversiones que hoy se encuentran a la espera de reglas de juego claras y estables.
Sin embargo, la visión desde la central obrera es diametralmente opuesta y cargada de preocupación. Miguel Guglielmotti, secretario adjunto de la CGT Regional Mar del Plata, pone el foco en el contexto recesivo en el que se intenta aplicar esta reforma. El dirigente sindical enumera un escenario de pérdida de puestos de trabajo, caída del consumo y desmantelamiento industrial, lo que profundizaría casos locales críticos como las suspensiones en la industria textil o la crisis en el puerto tras una zafra complicada. Para la CGT, hablar de modernización en medio de este panorama es un eufemismo para encubrir una reforma regresiva. Guglielmotti advierte que iniciativas similares han fracasado en otros países de la región, sin lograr el prometido aumento del empleo registrado.
Uno de los puntos de mayor fricción local es el tratamiento de las vacaciones. La reforma propone que puedan concederse en cualquier momento del año y no necesariamente en verano, algo que encendió las alarmas en el sindicalismo por su potencial impacto en una ciudad turística. Guglielmotti alerta que si los trabajadores no pueden salir de vacaciones en temporada estival, el golpe para la economía marplatense será severo. Desde la vereda de enfrente, el oficialismo defiende la flexibilidad, asegurando que el fraccionamiento permite adaptarse mejor a las necesidades tanto de la empresa como del empleado, y niegan que esto implique la eliminación del descanso, sino su adaptación.
Otro eje de controversia es el financiamiento del nuevo sistema. El proyecto impulsa el Fondo de Cese Laboral, un mecanismo que Muro y Recalt valoran positivamente por brindar previsibilidad y terminar con la incertidumbre de los costos de despido, asemejándose al modelo de la UOCRA pero ampliado. No obstante, la CGT denuncia una "trampa" financiera: según Guglielmotti, el fondo se financiaría con un porcentaje de las contribuciones patronales que hoy van destinadas a la ANSES y al PAMI. El sindicalista advierte que esto implicará un desfinanciamiento brutal de la seguridad social, poniendo en riesgo las futuras jubilaciones para subsidiar los despidos del sector privado. Muro desestima esta crítica, argumentando que si la reforma logra incorporar al sistema formal a una gran masa de trabajadores hoy en negro, la recaudación previsional aumentará por volumen, compensando cualquier desvío de puntos porcentuales.
Finalmente, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) aparece como la gran apuesta del gobierno para seducir a las PyMES, ofreciendo reducciones de cargas patronales y condonación de deudas. Para el PRO, este es el "turbo" que necesita Mar del Plata para su desarrollo productivo. Recalt coincide en que es un avance que alinea a la Argentina con países como Brasil, permitiendo a los emprendedores dar sus primeros pasos con menor asfixia fiscal. Mientras el oficialismo local ya anticipa que presentará un proyecto de apoyo en el Concejo Deliberante para dar un respaldo político a la medida, la CGT promete resistir lo que considera un "desmantelamiento" de la Ley de Contrato de Trabajo, anticipando un fin de año de alta tensión política y social en la ciudad.