El Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca normalizar la situación dominial y las obligaciones urbanísticas de un importante grupo de desarrollos inmobiliarios en la zona sur de la ciudad. La iniciativa propone modificar la normativa vigente para incluir formalmente al barrio cerrado Arenas Chico dentro del esquema de cesión de tierras públicas que la firma Barrios del Sur S.R.L. ya viene cumplimentando ante la comuna.
El trasfondo de esta medida se remonta a la Ordenanza 24.198, la cual aceptaba tierras para espacios verdes y equipamiento comunitario por parte de los desarrollos Arenas del Sur y Barrancas de San Benito. En aquel momento, el barrio Arenas Chico no pudo ser incluido en el cálculo debido a que se encontraba en proceso de cambio de zonificación, un trámite que finalmente se materializó con la sanción de la Ordenanza 24.328. Según los informes técnicos que acompañan el pedido, la empresa ya ha entregado un predio de 29.768,17 m² identificado catastralmente como Chacra 68, Parcela 10, delimitado por la Avenida Mario Bravo y las calles Friuli, Benito Lynch y la prolongación de la calle Ciudad de Dolores.
Lo relevante de la presentación actual es que la superficie del terreno cedido por el privado no solo cubre las exigencias legales de los tres barrios mencionados, sino que arroja un saldo a favor de la firma. Los cálculos oficiales indican que, mientras la ley exige la entrega de un total de 23.843 m² para cubrir las necesidades de esparcimiento y servicios de Arenas del Sur, Barrancas de San Benito y Arenas Chico, el predio efectivamente aceptado por el municipio posee una extensión superior. Por este motivo, el nuevo articulado propuesto establece que ese diferencial de superficie podrá ser computado para futuras cesiones que deba realizar la empresa con destino a espacios verdes o reserva para equipamiento comunitario.
El proyecto cuenta con el aval unánime de la Comisión Asesora creada por el Decreto 50/96 y de la Dirección de Ordenamiento Territorial, cuyos miembros aconsejaron autorizar lo solicitado tras analizar los antecedentes técnicos y legales del caso. Con este paso administrativo, el Ejecutivo busca cerrar un ciclo de regularización de tierras que permitirá al municipio contar con reservas definitivas para la localización de servicios públicos, al tiempo que brinda seguridad jurídica a los desarrollos involucrados en el marco del Decreto Ley 8.912/77.
