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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
22 de diciembre de 2025
La Reserva: aval ambiental firmado, pero la obra sigue atada a una línea de ribera que nadie actualiza
Santiago Bonifatti, antes de dejar el Emsur, le dio la Declaración de Impacto Ambiental. Pero la demarcación que separa lo público de lo privado sigue siendo el principal foco de conflicto.
El proyecto inmobiliario de La Reserva sumó un respaldo clave en los despachos municipales, pero el conflicto de fondo sigue sin resolverse. El EMSUR firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita el avance del emprendimiento privado sobre uno de los últimos tramos costeros sin urbanizar del sur de Mar del Plata, aunque la discusión central continúa intacta: la línea de ribera que define los límites entre el dominio público y el privado sigue desactualizada.
La resolución 275/2025, rubricada por Santiago Bonifatti en sus últimos días al frente del ente, otorgó el aval ambiental definitivo a un desarrollo que proyecta nueve edificios de hasta cuatro niveles, con cocheras y servicios soterrados, sobre un predio de seis hectáreas próximo al arroyo Corrientes. El visto bueno se apoya en una batería de aptitudes técnicas otorgadas por la Autoridad del Agua (ADA), que incluyen prefactibilidad hidráulica, explotación del recurso hídrico subterráneo y autorización para el tratamiento de efluentes.
Sin embargo, el propio expediente deja expuesta una contradicción central. El proyecto debió ser reformulado para adecuarse al Código de Aguas bonaerense, que establece una franja de restricción de 150 metros desde la línea de ribera para loteos y edificaciones. El problema es que esa línea, utilizada como referencia, fue demarcada en 2012 y nunca volvió a actualizarse, pese a que la normativa exige su revisión cada diez años.
Para organizaciones ambientales y profesionales que siguen el caso, ese dato no es menor. Advierten que una nueva demarcación, ajustada a la dinámica actual del litoral y al avance sostenido del mar, podría dejar gran parte del predio alcanzado por la restricción. “Si la ADA actualiza la línea de ribera, el proyecto cambia por completo. La medición de los 150 metros se hace desde ahí y el margen edificable podría desaparecer”, sostienen.
El aval ambiental, además, está lejos de ser un cheque en blanco. El anexo incorporado a la resolución impone una serie de condiciones que obligan a modificar o directamente anular cualquier módulo que quede emplazado en zonas no habilitadas. También deja en claro que la autorización no exime de responsabilidades legales a la empresa ni a los profesionales intervinientes ante eventuales daños ambientales o irregularidades en la información presentada.
A ese cuadro se suman los cuestionamientos políticos y sociales que acompañan al proyecto desde su desembarco en el Concejo Deliberante. La audiencia pública —de carácter no vinculante— estuvo marcada por un fuerte rechazo vecinal que no tuvo correlato en la decisión final. En paralelo, la Justicia obligó al Ejecutivo a entregar información ambiental que había sido retenida, luego de una demanda impulsada por un vecino.
Con el trasfondo del retroceso costero, la erosión de las playas y una línea de ribera que ya no refleja el escenario real, el caso La Reserva expone una tensión cada vez más frecuente: proyectos que avanzan en los papeles mientras el territorio cambia sin esperar definiciones administrativas. El aval ambiental ya está firmado. La frontera que puede frenarlo, todavía no.