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De una nota particular al aval ambiental: la trama detrás del proyecto La Reserva
Desde el pedido privado ingresado en 2022 hasta la firma de la Declaración de Impacto Ambiental, el expediente expone la mecánica política, técnica y administrativa que rodeó al desarrollo inmobiliario en el sur de la ciudad. El paso express en el Concejo. El rol del Guasa" Gonzáles y la luz verde de Bonifatti.
Desde una nota particular presentada en soledad hasta un aval ambiental definitivo rubricado casi tres años después, el expediente de La Reserva Explanada recorrió un camino sinuoso que expone la mecánica con la que se definen proyectos urbanísticos de alto impacto en General Pueyrredon.
Todo comenzó el 31 de octubre de 2022, cuando el empresario Esteban Alberto Materia ingresó una nota particular al Concejo Deliberante solicitando la “reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales” para el predio conocido comercialmente como balneario La Reserva. El pedido tenía un objetivo concreto: habilitar el emplazamiento de un complejo de edificios de uso residencial uni o multifamiliar, con una densidad de 100 habitantes por hectárea y alturas de hasta 12 metros, en un sector que hasta entonces carecía de parámetros urbanísticos definidos.
El expediente, que tuvo dos giros administrativos, fue tratado por primera vez el 15 de noviembre de 2022. Poco después llegó un informe clave del secretario de Obras y Planeamiento, Jorge “Guasa” González, que incluyó un borrador de ordenanza elaborado a partir del pedido privado. En el apartado de conclusiones, el texto dejó una frase que marcaría el rumbo del trámite: si bien se sugería un abordaje integral del conjunto arquitectónico, “a los efectos de darle pronta solución al caso traído a consideración, se estima atendible establecer nuevos indicadores”.
En ese contexto, también aparecía un dato que luego sería señalado por sectores críticos: la arquitecta María Muller, esposa del propio González, figura entre las profesionales que han firmado Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) en distintos expedientes municipales y es una de las pocas que realiza este tipo de trabajos en la comuna, con presencia reiterada en proyectos que requirieron excepciones o adecuaciones normativas.
El proyecto volvió a discutirse en la Comisión de Obras el 19 de diciembre de 2022, donde obtuvo despacho favorable con los votos de los concejales oficialistas González, Morro, Muro, Romero y Núñez. El entonces bloque del Frente de Todos votó en contra, mientras que Nicolás Lauría se abstuvo.
Dos días más tarde, el expediente pasó a Legislación, donde el 21 de diciembre recibió un nuevo dictamen positivo con las voluntades de Neme, Romero, González, Núñez y Taccone, en este caso con la abstención del FDT. Finalmente, la iniciativa quedó consagrada como ordenanza el 28 de diciembre, durante la segunda Sesión Pública Ordinaria de Prórroga, otorgándole a la zona indicadores urbanísticos hechos a medida de un proyecto que aún no había sido presentado en detalle.
Tras casi un año y medio sin avances visibles, el expediente volvió a activarse en el Ejecutivo. El 26 de julio de 2024, el presidente del EMSUR, Santiago Bonifatti, firmó una resolución otorgando al proyecto “Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada” la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental. En esa instancia, se exigió a la empresa la presentación de permisos de la Autoridad del Agua (ADA), la constancia de uso de suelo municipal y el inicio de la etapa de factibilidad mediante un Estudio de Impacto Ambiental que atendiera las observaciones técnicas realizadas.
Luego de esa primera resolución y frente a pedidos de revocatoria impulsados por organizaciones ambientales, el EMSUR emitió una nueva declaración preliminar, nuevamente firmada por Bonifatti y publicada en el Boletín Oficial a comienzos de septiembre, señalando que la firma había presentado información ampliatoria.
El paso siguiente llegó a fines de octubre de 2024, cuando el intendente Guillermo Montenegro firmó el decreto de convocatoria a audiencia pública, que se realizó el 26 de noviembre en el Estadio José María Minella. Ni el secretario de Obras ni el titular del EMSUR participaron de la audiencia, que tampoco contó con presencia de concejales oficialistas u opositores.
La jornada reunió a casi 100 oradores. Por un lado, desarrolladores y arquitectos defendieron el proyecto asegurando que no interferiría con el medioambiente y que aportaría mejoras en infraestructura, como la extensión de cloacas, agua, electricidad y red vial, además de generar empleo directo e indirecto. Del otro, vecinos, asambleístas, activistas ambientales y representantes del Colegio de Arquitectos cuestionaron la magnitud del emprendimiento, el impacto sobre el ecosistema del área y el presunto incumplimiento de la línea de ribera.
Tras la audiencia se multiplicaron los pedidos de revocatoria, las presentaciones judiciales para acceder a la información completa del expediente y hasta denuncias contra funcionarios provinciales, en las que se sostuvo que la prefactibilidad hidráulica incluida en el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental estaría viciada.
En paralelo, informes técnicos y resoluciones de la Autoridad del Agua obligaron a reformular el proyecto para adecuarlo al Código de Aguas bonaerense, que establece una franja de restricción de 150 metros desde la línea de ribera para loteos y edificaciones.
Con esas modificaciones, el 9 de diciembre de 2024, Bonifatti firmó finalmente la Declaración de Impacto Ambiental definitiva para un desarrollo que proyecta nueve edificios de hasta cuatro niveles, con cocheras y servicios soterrados, sobre un predio de seis hectáreas próximo al arroyo Corrientes.
El complejo, diseñado por La Porta–Drago–Zemborain Architects, con el sello protégé de César Pelli, se convirtió así en un nuevo caso testigo del ordenamiento territorial local. Sin un proyecto acabado en su etapa inicial, los desarrolladores obtuvieron primero una ordenanza que otorgó indicadores urbanísticos inexistentes hasta entonces, inaugurando —según sectores críticos— una modalidad de “sastrería normativa” dentro del Concejo Deliberante.
Desde ámbitos vinculados a la arquitectura, la iniciativa fue calificada como “una vergüenza” y “algo nunca visto”, al tratarse de una aprobación sin detalles técnicos completos. El Ejecutivo tampoco quedó al margen de los cuestionamientos: el secretario de Obras, Jorge González, fue señalado reiteradamente por la “falta de mirada estratégica” en un esquema donde los emprendimientos avanzan aun cuando persisten dudas sobre servicios básicos, infraestructura y el impacto ambiental en las zonas de radicación.