La disputa por la administración del complejo Punta Mogotes ha traspasado las fronteras de la jurisdicción bonaerense para convertirse en una cuestión de orden federal. En un último intento por evitar que el expediente se resuelva en los tribunales de Mar del Plata, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que determine dónde debe tramitar la causa. Esta maniobra surge como respuesta inmediata al reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense que había ratificado la competencia del fuero contencioso administrativo local, un escenario que la gestión provincial busca eludir a toda costa.
El planteo de la administración provincial sostiene que la continuidad del proceso en Mar del Plata acarrea una "gravedad institucional manifiesta". Según los argumentos presentados, el conflicto no debería ser tratado como una cuestión administrativa territorial, sino como un litigio de naturaleza patrimonial y de derecho privado que debe radicarse en los tribunales civiles de La Plata. Para la Provincia, permitir que el caso avance bajo la actual competencia vulnera la garantía del juez natural y constituye un exceso de poder por parte de los magistrados marplatenses, lo que justifica la intervención directa del máximo tribunal de la Nación para ordenar el encuadre procesal.
Más allá de los tecnicismos legales, la presentación tiene un impacto político estratégico: el congelamiento de los plazos. Con la interposición de este recurso, la posibilidad de que el municipio logre consignar judicialmente la deuda de 14 millones de pesos —paso previo y necesario para denunciar el convenio de los años 80 y recuperar la administración del sector costero— queda en suspenso. Dado que ahora la Suprema Corte bonaerense debe resolver si concede el traslado a la Nación y la municipalidad debe contestar los traslados correspondientes, la causa entrará en un paréntesis que atravesará toda la temporada estival, postergando cualquier definición sustancial hasta después de la feria judicial de febrero de 2026.
Este nuevo capítulo profundiza la brecha entre el Ejecutivo provincial y la gestión municipal, que veía en los recientes fallos locales un camino despejado para avanzar con la municipalización del complejo. Mientras la Provincia se aferra a la estructura de la Administración de Punta Mogotes (APM) y cuestiona la legitimidad del municipio para cancelar una deuda que considera propia del ente, la vía federal asoma como el último dique de contención para evitar un precedente que altere el esquema de explotación de una de las zonas balnearias más importantes de la costa argentina. La moneda ahora está en el aire, y la resolución final dependerá de si la Corte Nacional decide tomar un caso que ha dejado de ser una simple mora contable para transformarse en una batalla por la autonomía territorial.
