Tras una inspección municipal que confirmó la construcción de un pozo ciego ilegal en plena arena, el Ejecutivo local dispuso la paralización de la obra pero permitió que la actividad comercial continúe. El conflicto en el sur de Mar del Plata suma denuncias por violencia, riesgos ambientales y una creciente presión sobre el rol del EMTURyC y el control estatal en la zona costera.

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En plena efervescencia de la temporada estival, el conflicto territorial y ambiental en las playas del sur de Mar del Plata ha tomado una nueva y preocupante dimensión. Lo que comenzó como una disputa por el libre acceso a las costas y la instalación de alambrados perimetrales ha derivado ahora en una denuncia de gravedad sanitaria. Según información reciente surgida de una inspección oficial realizada el pasado 15 de enero, el parador La Balconada, ubicado en Playa Serena, fue detectado operando una obra sanitaria clandestina consistente en un pozo ciego precario construido sobre la franja costera, fuera del radio de servicio de Obras Sanitarias (OSSE).

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Este hallazgo, documentado por el municipio tras las insistentes denuncias del Observatorio Paseo Costanero Sur, pone de relieve una falla estructural en los mecanismos de fiscalización. La obra, que según los denunciantes se realizó de manera visible y sin ningún tipo de autorización técnica, representa un riesgo potencial directo para las napas, la arena y la calidad del agua de mar en una zona de alta afluencia turística. Sin embargo, el foco de la controversia política no reside solo en la infracción ambiental, sino en la respuesta administrativa del Estado municipal. Al confirmarse la ilegalidad, las autoridades dispusieron únicamente la "paralización de la obra", permitiendo que el parador continúe con su explotación comercial y el lucro diario, una decisión que para los vecinos organizados funciona como un incentivo a la impunidad.

La situación en La Balconada no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una serie de irregularidades que involucran a la firma Playas del Faro S.A.I. Anteriormente, el balneario ya había estado en el ojo de la tormenta por el incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 21.090, que exige garantizar bajadas públicas y accesos libres a la costa. A pesar de que la normativa faculta al Departamento Ejecutivo a suspender o caducar habilitaciones ante incumplimientos persistentes, la pasividad del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) ha sido una constante denunciada por los residentes de la zona desde 2021. Esta falta de intervención contundente ha generado un clima de hostilidad que ya cruzó la frontera de lo administrativo para entrar en el terreno de lo penal.

El clima de tensión alcanzó su punto máximo hace pocos días, cuando un vecino que intentaba documentar con su teléfono celular las irregularidades y el avance de los alambrados fue agredido físicamente por un empleado vinculado a la concesión, quien además le sustrajo el dispositivo. Este episodio de violencia ha sido interpretado por las organizaciones civiles como una criminalización de la defensa ambiental, citando incluso el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a proteger a los defensores del entorno natural. La reaparición de la violencia física parece ser, según la lectura política del conflicto, el síntoma de una impunidad que se siente respaldada por la ausencia de un control estatal riguroso y preventivo.

A este complejo panorama se suma la incertidumbre sanitaria de los veraneantes que, en este 21 de enero, disfrutan de las playas de Playa Serena sin advertencias claras sobre la situación de los vertidos cloacales en el sector. Mientras el sector privado defiende su modelo de explotación, la ciudadanía organizada sostiene que el control que llega tarde, cuando el daño ya es visible o la obra ya está avanzada, deja de ser fiscalización para convertirse en una forma de complicidad por omisión. El futuro de la gestión costera en Mar del Plata queda así condicionado por la capacidad del Municipio para aplicar sanciones que no sean meramente simbólicas y para recuperar su rol como garante del espacio público frente a los intereses particulares.

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