Horas antes de las celebraciones por San Valentín, el concejal Marcelo Cardoso (PRO) formalizó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca regularizar y expandir el uso de los bienes comunes para fines sociales. La iniciativa propone que museos, centros culturales, parques y playas de dominio municipal se conviertan en escenarios oficiales para la formalización de vínculos jurídicos y convivenciales. Según los fundamentos del expediente, la propuesta se apoya en las transformaciones sociales contemporáneas y en la necesidad de generar "ingresos genuinos" que sean destinados exclusivamente al mantenimiento y preservación de estos mismos espacios.
Entre los sitios sugeridos en el anexo de la norma se encuentran hitos arquitectónicos como la Villa Victoria, la Casa sobre el Arroyo y la Torre Tanque, además de escenarios naturales como la Laguna de los Padres y las playas de Varese y Playa Grande.
Desde el bloque de Vamos Juntos (PRO), el respaldo fue inmediato y mediático. Bajo la consigna de consolidar a Mar del Plata como "la ciudad del sí", referentes del oficialismo como Julián Bussetti y Emiliano Giri, presidente del PRO Mar del Plata Batán, defendieron la medida como un paso hacia una gestión moderna y abierta.
Para los impulsores del proyecto, permitir que los vecinos celebren sus hitos vitales en espacios públicos de calidad fortalece el sentido de pertenencia y posiciona a la ciudad en sintonía con legislaciones vigentes en distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Rosario. Argumentan, además, que esta apertura dinamizará la industria creativa y del entretenimiento local, generando nuevas oportunidades laborales sin que el municipio deba asumir los costos de las celebraciones, los cuales quedarían cubiertos por un nuevo cuadro tarifario.
Sin embargo, la originalidad del proyecto no tardó en colisionar con sectores que ven en esta tendencia una "mercantilización" preocupante de lo público. Las críticas se centran en que la gestión actual ha cruzado límites éticos al adosar emprendimientos comerciales a instituciones científicas —como la pizzería en el Museo Scaglia— o realizar eventos vitivinícolas en casonas históricas.
Quienes se oponen sostienen que la razón de ser de un museo es la preservación y la educación, misiones que podrían verse desnaturalizadas o puestas en riesgo por el uso intensivo de sus instalaciones para eventos privados. Para estos sectores, el patrimonio no debe ser entendido como un recurso explotable, sino como un bien común que debe permanecer ajeno a actividades que no guarden relación directa con su valor cultural o histórico.
El conflicto se inserta en una discusión más amplia sobre el modelo de ciudad que se pretende proyectar. Mientras el oficialismo redobla la apuesta con eventos como el CaFest y promueve una "ciudad de encuentros" que rompa con las restricciones tradicionales, la oposición advierte sobre la pérdida de la identidad pública de los escenarios municipales.
Con el expediente aún pendiente de tratamiento en las comisiones del Concejo, la discusión sobre si el patrimonio debe ser un "escenario para el amor" o un "santuario de la memoria" promete ser uno de los ejes de debate político más calientes de este inicio de año en General Pueyrredon.
