Tras la renovación parcial del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, el movimiento más visible no estuvo tanto en la conducción del recinto como en el armado fino del poder interno: las trece comisiones. Allí, lejos de los flashes protocolares, se terminó de delinear el verdadero mapa político del nuevo período legislativo, con un oficialismo ampliado que aseguró mayoría en cada mesa de trabajo y retuvo las áreas estratégicas.
El esquema dejó a los bloques alineados con el Ejecutivo local al frente de las comisiones más sensibles. El PRO fue el que salió mejor parado en la distribución. Fernando Muro asumió la presidencia de Obras, una comisión clave para la planificación urbana y el tratamiento de excepciones; Marcelo Cardoso quedó al frente de Hacienda, donde se ordena el gasto y pasan los expedientes de mayor impacto económico; mientras que Florencia Ranellucci tomó la conducción de Seguridad, un ámbito atravesado por debates recurrentes y de alta exposición pública.
Por su parte, La Libertad Avanza consolidó su peso institucional con dos presidencias de fuerte visibilidad. Noelia Ríos encabezará Turismo, una comisión con centralidad política en un distrito donde la actividad turística estructura buena parte de la agenda local. Vanesa Benavídez, en tanto, preside Ambiente, un espacio que en los últimos años ganó protagonismo por la discusión sobre desarrollos urbanos, residuos y políticas de sustentabilidad.
La Unión Cívica Radical-Nuevos Aires, integrante del esquema oficialista, retuvo dos comisiones de peso específico. Ariel Martínez Bordaisco quedó al frente de Legislación, considerada una de las más influyentes del Concejo por donde pasa buena parte del trámite parlamentario. Ricardo Liceaga Viñas, en tanto, asumió en Deportes. La distribución fue leída como una señal de equilibrio interno dentro de la coalición que sostiene al Ejecutivo.
La Coalición Cívica sumó la presidencia de Movilidad Urbana, con Guido García en la conducción. Se trata de un espacio particularmente sensible por el impacto directo que tienen sus debates en la vida cotidiana de los vecinos, en especial en materia de transporte público y tránsito.
Del lado opositor, el reparto dejó márgenes más acotados pero definidos. Unión por la Patria se quedó con Salud, presidida por Diego García, y Derechos Humanos, bajo la conducción de Valeria Crespo, comisiones históricamente asociadas a la agenda social y al control de políticas públicas. AM-MDF, por su parte, asumió en Educación con Melisa Centurión y en Género con María Eva Ayala. El Frente Renovador mantuvo Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo, con Juan Manuel Cheppi al frente.
El resultado general dejó un dato político contundente: las comisiones neurálgicas, Obras, Hacienda, Legislación, Seguridad, quedaron bajo control de bloques alineados con el oficialismo. En términos prácticos, esto anticipa un trámite legislativo más fluido para los expedientes centrales del Ejecutivo, aunque también perfila debates ásperos cuando la oposición intente tensionar la agenda.
La primera gran muestra de esta dinámica fue el tratamiento del Presupuesto 2026. Tras sucesivas prórrogas, el expediente avanzó con velocidad en Hacienda, mientras que el cálculo de Obras Sanitarias Sociedad de Estado tuvo su paso por Ambiente. Sin presencia de funcionarios en el recinto y con respuestas remitidas por escrito, el oficialismo reunió los votos necesarios. La oposición, en bloque, cuestionó el procedimiento y rechazó el paquete económico.
En paralelo, el Concejo comenzó a moverse con una batería de proyectos presentados por los ediles. Los primeros gestos de actividad se vieron con dos comisiones ya en funcionamiento, en una dinámica que empieza a marcar ritmo tras semanas de reacomodamientos.
Con el tablero ya armado, la atención ahora se desplaza hacia los pendientes. El pliego del Servicio Integral de Transporte Urbano (SITU), que espera su tratamiento. También aguardan los proyectos vinculados a la regulación de las Apps de transporte, la actualización normativa sobre cuidacoches y la discusión de fondo por el Código de Ordenamiento Territorial.
En ese contexto, el Concejo empieza a mostrar su pulso real. Con mayorías consolidadas y roles definidos, la política legislativa local entra en una etapa donde los equilibrios ya no se juegan en el reparto de cargos, sino en la capacidad de administrar tensiones, procesar conflictos y marcar agenda. Porque si algo dejó en claro este inicio de período es que, más allá de los nombres propios, el poder en el recinto se mide por quién conduce los debates donde realmente se toman decisiones.