6 de marzo de 2026
TENSIÓN
PAMI bajo la lupa: la Defensoría del Pueblo denuncia una "desatención de hecho" en Mar del Plata
El organismo emitió un duro diagnóstico, advirtiendo que los ajustes en el gasto están derivando en un abandono sistémico de los jubilados. En una ciudad con una densidad demográfica de adultos mayores superior a la media, la falta de trabajadores sociales, las demoras en tratamientos oncológicos y los cupos en clínicas privadas configuran un escenario de vulnerabilidad extrema.
La gestión de PAMI en Mar del Plata ha sumado en las últimas horas un actor de peso a su ya nutrido arco de cuestionamientos. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon emitió un duro diagnóstico sobre el presente de la obra social de jubilados y pensionados, calificando la situación actual como una "desatención de hecho". Según el organismo local, los cambios implementados en la dinámica prestacional, lejos de dotar al sistema de una mayor eficiencia administrativa, han levantado muros burocráticos que dejan a miles de afiliados en un estado de desprotección absoluta, en una de las ciudades con el índice de envejecimiento más alto del país.
El eje del reclamo, articulado por el defensor Marcelo Lacedonia, pone el foco en la contradicción entre las metas fiscales de la administración nacional y el derecho a la salud. Para la Defensoría, la estrategia oficial de "contener el gasto" se traduce en la práctica en un ajuste que recae sobre los sectores más frágiles. Este escenario resulta especialmente alarmante en General Pueyrredon, donde los datos del Censo 2022 confirmaron que más del 20% de la población supera los 60 años. Esta particularidad demográfica convierte a cualquier deficiencia en la logística sanitaria de PAMI en un problema social de escala masiva.
Uno de los puntos más críticos señalados por la institución es la virtual desaparición de la figura del trabajador social dentro del organigrama de atención. La Defensoría denunció que obtener una cita con estos profesionales se ha transformado en un "milagro" administrativo. No se trata de un detalle menor: el trabajador social es la llave de acceso para gestionar desde internaciones domiciliarias hasta subsidios y asistencia médica especializada. Sin ese primer paso, el afiliado queda atrapado en un laberinto de formularios sin respuesta, lo que interrumpe la continuidad de tratamientos que, en muchos casos, no admiten esperas.
A las barreras burocráticas se suma una crisis de prestaciones médicas directas que erosiona el día a día de los beneficiarios. El comunicado detalla un fenómeno que se ha vuelto moneda corriente en las clínicas y centros de diagnóstico de la ciudad: el sistema de cupos. Muchos prestadores, asfixiados por la falta de recursos o deudas de la obra social, interrumpen la atención a los pocos días de iniciado el mes, dejando sin efecto turnos ya asignados. Esta situación se agrava con la escasez de elementos ortopédicos básicos, como sillas de ruedas y andadores, y alcanza su punto más dramático en el área de oncología, donde las demoras en las autorizaciones impactan directamente en las posibilidades de supervivencia de los pacientes.
Ante este panorama, la Defensoría instó a una revisión urgente de la cobertura, exigiendo que la política económica no pase por encima de la celeridad que demanda la vida de los adultos mayores.