La Suprema Corte bonaerense ratificó la cautelar que prohíbe obras en la franja costera protegida. El texto mantiene bloqueadas nuevas obras como “Saint Thomas”, señala conductas “especulativas” del municipio y fija un precedente que puede impactar en toda la costa atlántica bonaerense.

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La costa de Villa Gesell se convirtió en el epicentro de una disputa que combina intereses inmobiliarios, presunta omisión municipal y protección ambiental. Dos megaproyectos —"Saint Thomas" y "Solanas"— avanzan o intentan avanzar sobre una de las franjas costeras más sensibles de la provincia de Buenos Aires, mientras la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCJPBA) mantiene una medida cautelar que frena habilitaciones y obras en los 150 metros costeros protegidos por el artículo 142 del Código de Aguas. El fallo, dictado el 4 de marzo de 2026, reavivó el debate sobre los límites del poder municipal frente a la normativa ambiental provincial y podría sentar un precedente para toda la costa atlántica bonaerense.

Un freno para “Saint Thomas"

Desde octubre pasado, el complejo "Saint Thomas" se construye en el límite entre Villa Gesell y Cariló sobre una superficie que los propios desarrolladores describen como imponente: 21 hectáreas destinadas a 122 lotes unifamiliares de 1.000 metros cuadrados promedio, más un campo de golf de 80 hectáreas con vistas al mar, rodeado de bosque, dunas y playa. El emprendimiento está a cargo de una firma con más de 25 años de trayectoria en el sector, con barrios desarrollados también en Canning y San Vicente.

El antecedente judicial: la Corte frena obras en la zona costera y cuestiona al municipio

El marco legal en el que se inscribe esta disputa quedó definido por el fallo de la SCJPBA en la causa "Baldo c/ Municipalidad de Villa Gesell", iniciada en 2021 para cuestionar la constitucionalidad de las ordenanzas 3063/21 y 3138/21. El tribunal -integrado por las juezas Kogan y Budiño y los jueces Soria y Torres- resolvió mantener la cautelar que suspende habilitaciones y ejecución de obras en la franja costera protegida por el artículo 142 del Código de Aguas.

Para sostener la medida, la Corte se apoyó en informes técnicos de la Autoridad del Agua provincial y de la Dirección de Biodiversidad que documentan un deterioro ambiental severo: en Mar Azul, las dunas fueron reducidas al 10% de sus dimensiones originales como consecuencia directa del avance urbano. La erosión costera, la salinización de acuíferos y la alteración del perfil dunícola son los problemas centrales que el tribunal consideró al rechazar el pedido municipal de levantar la interdicción.

El juez Torres fue más allá en su voto concurrente y calificó como "especulativa" la conducta del municipio, que emitió declaraciones de impacto ambiental para nuevos proyectos mientras el juicio sigue abierto, generando expectativas en terceros cuya validez dependerá del resultado final del pleito.

"Solanas": levantamiento parcial y una obra que ya tiene su propio juicio

El único punto en que la Corte cedió fue respecto del complejo habitacional "Solanas", impulsado por el Grupo Portland en Mar Azul. El tribunal levantó parcialmente la cautelar sobre esa obra con un argumento técnico-procesal: fue aprobada en 2016 bajo la ordenanza 2.051/06, anterior a las normas impugnadas en este juicio, por lo que su análisis excede el objeto de la demanda. Sin embargo, la propia Corte advirtió que el tiempo transcurrido desde aquella aprobación hace insostenible asumir que las condiciones ambientales evaluadas entonces siguen siendo las mismas.

El punto no es menor: "Solanas" ya es objeto de otro litigio ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Dolores, donde desde 2022 rige una medida cautelar que paraliza los trabajos. Ese expediente involucra a la Municipalidad, Habitarq SA y Grupo Portland, y aún tiene abierto el período probatorio. La Corte dejó en manos de ese juzgado la tutela ambiental de la parcela, invocando el principio de inmediación territorial: el juez más cercano al conflicto es quien mejor puede garantizar una protección efectiva del ecosistema.

¿Un precedente para toda la costa atlántica?

El alcance del fallo trasciende a Villa Gesell. El artículo 142 del Código de Aguas es una norma provincial de aplicación uniforme en toda la costa atlántica bonaerense, desde San Clemente del Tuyú hasta Bahía Blanca. Al reafirmar su vigencia estricta y rechazar las interpretaciones municipales que intentan relativizarlo -como la adhesión al decreto provincial 3202/06 que Villa Gesell invocó en su defensa-, la Corte instala un estándar que cualquier municipio costero deberá considerar antes de habilitar nuevas urbanizaciones en la franja protegida. Pinamar, el Partido de la Costa, Mar del Plata o Necochea, donde existen reclamos similares por erosión de dunas y avance inmobiliario sobre áreas sensibles, podrían ver citado este precedente en futuros litigios.

Aunque Argentina adopta el sistema de derecho civil -donde los fallos no son estrictamente vinculantes como en el common law-, las decisiones de la SCJPBA son altamente influyentes dentro de la provincia, especialmente en materia ambiental. Si alguna de las partes lleva el caso a la Corte Suprema de la Nación -la reserva del caso federal ya fue planteada-, el impacto podría extenderse más allá de los límites bonaerenses.

La Suprema Corte no solo mantuvo la cautelar: le recordó al municipio, con precisión quirúrgica, cuáles son los límites de su poder de policía frente a una normativa ambiental que no admite excepciones discrecionales.

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El Ejecutivo abrió una licitación para instalar 5.100 luminarias LED en distintos barrios de Mar del Plata. La obra tiene un presupuesto oficial de más de $2.400 millones y un plazo de ejecución de seis meses. La apertura de sobres se realizará el 19 de marzo. La inversión estará vinculada a la nueva tasa que comenzará a cobrarse a través de la boleta de EDEA.

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