La Tecla Mar del Plata
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Con el argumento de acelerar inversiones y reducir la burocracia municipal, el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer por un año un régimen promocional para impulsar la actividad de la construcción en Mar del Plata.
La iniciativa propone agilizar la aprobación de desarrollos inmobiliarios de hasta 1.200 metros cuadrados, tanto habitacionales como comerciales e industriales. Según el texto presentado por los concejales Emiliano Recalt, Vanessa Benavídez, Noelia Ríos y Rolando Demaio, los trámites se iniciarían de manera digital y quedarían sujetos al criterio y la responsabilidad profesional de arquitectos y técnicos intervinientes, quienes deberán presentar el anteproyecto mediante declaración jurada junto con el seguro de obra y, cuando corresponda, el certificado de prefactibilidad de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE).
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que el Ejecutivo municipal tendrá un plazo máximo de 180 días corridos para aprobar los desarrollos. Si ese período se cumple sin resolución, el proyecto quedará aprobado de manera automática y la obra podrá iniciarse de inmediato, aunque seguirá sujeta a inspecciones posteriores.
El esquema propone así invertir la lógica habitual de los trámites, donde las obras deben esperar largas autorizaciones previas. En este caso, el control se trasladaría al momento posterior a la aprobación, con sanciones si se detectan irregularidades. El texto prevé multas y la suspensión de la actividad profesional cuando lo ejecutado no coincida con lo declarado en los planos presentados.
Además, la Dirección General de Obras Privadas podrá anular anteproyectos o paralizar trabajos en caso de detectar incumplimientos, hasta que los responsables regularicen la situación técnico-administrativa.
En los fundamentos del proyecto, el bloque libertario sostiene que la construcción ha sido uno de los motores económicos de la ciudad, incluso en contextos adversos, y que resulta necesario avanzar hacia un modelo que reduzca trabas administrativas. “Resulta indispensable avanzar en la reducción de trabas burocráticas que históricamente han demorado, encarecido y, en muchos casos, frustrado iniciativas privadas que generan empleo y dinamizan la economía local”, señalaron.
En la misma línea, remarcaron que el Estado “no puede ni debe convertirse en un obstáculo para quien invierte, construye y produce, sino que debe asumir un rol facilitador, garantizando reglas claras, previsibilidad y controles posteriores eficientes en lugar de autorizaciones previas eternas”.
El régimen tendría una vigencia inicial de 365 días, con posibilidad de prórroga por otro año. Según plantean sus impulsores, la medida podría funcionar como una experiencia piloto para avanzar en un proceso más amplio de modernización administrativa en el municipio.