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Viernes, 13 marzo 2026
Argentina
13 de marzo de 2026
CRECE LA TENSIÓN

La tregua duró poco: la oposición vuelve a la carga por la concesión del Minella

Tras el polémico archivo de los pedidos de informes y el clima de tensión en la comisión de Deportes, la disputa por la concesión del escenario deportivo más importante de la ciudad escaló un peldaño administrativo. A través de un nuevo expediente, se busca ahora que el oficialismo habilite una visita presencial a las instalaciones y que los responsables de Minella Stadium S.A. brinden explicaciones detalladas sobre un plan de obras que, por el momento, genera más dudas que certezas.

La tregua duró poco: la oposición vuelve a la carga por la concesión del Minella
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La tregua solicitada por el oficialismo hace apenas 48 horas en el Concejo Deliberante parece haber tenido una vigencia fugaz. El pedido de "prudencia y paciencia" ante la reciente toma de posesión de los estadios José María Minella y Polideportivo Islas Malvinas por parte de la firma Minella Stadium S.A. no logró calmar las aguas de una oposición que, lejos de retroceder tras el archivo de los expedientes vinculados a los operativos judiciales de diciembre, decidió redoblar la apuesta. Esta vez, la presión abandonó el terreno de la dialéctica política para plasmarse en un documento oficial que ingresó este viernes al cuerpo legislativo, obligando a las comisiones a tratar demandas concretas y por escrito.

El núcleo de este nuevo movimiento opositor se centra en la aparente desconexión entre los beneficios otorgados a la empresa adjudicataria y los avances visibles en el terreno. Según se desprende del texto presentado, existe una preocupación creciente por la falta de un plan de obra detallado que especifique inversiones, plazos y especificaciones técnicas. La crítica apunta a un contraste que consideran inaceptable: mientras el concesionario goza de una exención en el pago del canon inicial —estimado en 120 millones de pesos— por un lapso de 36 meses bajo la premisa de iniciar las tareas de infraestructura, la realidad en el Parque de los Deportes se limitaría, hasta hoy, a la colocación de un alambrado perimetral y tareas menores.

La hoja de ruta que intenta imponer la oposición busca romper con el hermetismo que rodea al contrato de concesión a 40 años. El proyecto de comunicación elevado solicita que el Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), garantice de manera inmediata una inspección presencial de los integrantes de la Comisión de Deportes en ambos estadios y en las áreas comunes del Parque Municipal Teodoro Bronzini. El objetivo es claro: verificar de primera mano el estado actual de las instalaciones y el grado de avance de los compromisos asumidos en el Pliego de Bases y Condiciones, contrastándolos con la realidad de un verano que vio al Polideportivo colmado de eventos comerciales pero con escasas novedades estructurales.

Sin embargo, el punto que promete generar mayor rispidez en el recinto es el pedido de decreto para citar a los representantes legales de Minella Stadium S.A. al Concejo Deliberante. La oposición exige que los empresarios den la cara y presenten el proyecto ejecutivo de obras, explicitando montos de inversión y cronogramas. Esta demanda se produce en un contexto donde el propio EMDER, mediante la Resolución 4/2026, habría prorrogado el plazo para la presentación de dicho plan, aceptando el argumento empresario de una "revisión integral" para fortalecer la propuesta. Para los sectores críticos, este movimiento administrativo no es más que una dilatación que profundiza el desconocimiento público sobre el futuro del patrimonio local.

Con este nuevo expediente sobre la mesa, el oficialismo se enfrenta al desafío de sostener su postura defensiva en las comisiones. Lo que hasta hace unos días podía ser despachado como un debate sobre semántica judicial o una impaciencia política, ahora se ha transformado en un requerimiento formal de transparencia institucional. La pelota vuelve ahora al terreno de las comisiones, donde se definirá si el Ejecutivo permite que el cuerpo legislativo ejerza su rol de control sobre una de las concesiones más ambiciosas y controvertidas de las últimas décadas, o si persiste el manto de sospechas que la oposición denuncia con creciente insistencia.

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