El conflicto estructural que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo de tensión política. El senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, volvió a situar la problemática de la obra social bonaerense en el centro del debate, vinculando directamente las deficiencias operativas con el modelo de gestión sanitaria que encabeza el gobernador Axel Kicillof. A raíz de la reciente manifestación de los trabajadores del Sanatorio Belgrano en Mar del Plata, quienes reclamaron por haberes adeudados producto de los retrasos en los pagos de la provincia, el legislador advirtió que el sistema se encuentra en un punto de quiebre que afecta tanto a los profesionales como a los beneficiarios.
Para el referente del radicalismo bonaerense, el escenario actual no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una administración que ha perdido la capacidad de respuesta frente a sus obligaciones básicas. Al respecto, Abad fue tajante al señalar la responsabilidad del Ejecutivo provincial en la erosión del servicio: “Los afiliados y los trabajadores no pueden pagar los costos de una gestión que no funciona”, remarcó, poniendo el foco en que el desajuste financiero de IOMA termina impactando en la economía familiar de los prestadores y en la vulnerabilidad de los pacientes.
El diagnóstico del senador nacional no se limita a la coyuntura, sino que describe una parálisis administrativa que pone en jaque la estabilidad del sistema de salud en toda la provincia de Buenos Aires. Según el legislador, la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el ente estatal genera un efecto dominó que deteriora la red prestacional privada, de la cual depende gran parte de la atención pública delegada. “Cuando una obra social que tiene más de dos millones de afiliados en la provincia no cumple con sus obligaciones, no solo pone en riesgo los salarios del personal de salud: también compromete la atención médica de millones de bonaerenses”, advirtió Abad, subrayando la magnitud de una crisis que amenaza con dejar sin cobertura a una parte sustancial de la población civil.
En términos numéricos, el panorama descrito por el dirigente radical es alarmante. La acumulación de deudas con entidades como la Federación Médica bonaerense ya superaría los 2.600 millones de pesos en prestaciones impagas, una cifra que explica el incremento en los cortes de servicios y la reticencia de los centros médicos a mantener convenios vigentes. Esta situación ha tenido un impacto particularmente severo en General Pueyrredón, un distrito que Abad conoce de cerca y que ha funcionado como el "paciente cero" de esta crisis. El senador recordó que Mar del Plata ha sufrido conflictos recurrentes con clínicas y la suspensión de servicios esenciales, dejando en distintos periodos a más de 100 mil afiliados desamparados.
Por último, el referente de la UCR exigió un cambio de rumbo inmediato en la conducción de la obra social, apelando a que la gestión de Kicillof garantice las condiciones mínimas de funcionamiento para evitar un colapso total. Para Abad, la solución no admite más dilaciones ni parches financieros temporales que no atacan el problema de fondo. “La salud no puede depender de una administración que llega tarde y paga mal. IOMA debe garantizar previsibilidad para los prestadores y atención de calidad para sus afiliados”, concluyó el legislador, dejando en claro que el reclamo por la salud pública será uno de los ejes centrales de la confrontación política con el oficialismo provincial en los próximos meses.