19 de marzo de 2026
EN DISPUTA
Chapadmalal: el conflicto por las concesiones costeras entra en una nueva fase de incertidumbre legal
A pocos días del inicio del otoño, la disputa por las UTF del sur de General Pueyrredon permanece abierta. Mientras el Municipio intenta avanzar con su modelo de explotación privada, la intervención de la Provincia de Buenos Aires y la estrategia judicial de los vecinos han logrado paralizar adjudicaciones y poner en duda la seguridad jurídica de millonarios contratos de inversión.
Con el cierre de la temporada estival, el balance sobre el estado de las playas en la zona de Chapadmalal arroja un escenario de parálisis administrativa y fuerte confrontación política. Lo que el gobierno municipal de General Pueyrredon proyectó durante 2025 como una consolidación de su esquema de "costa concesionada" ha chocado con una serie de reveses normativos y una resistencia vecinal organizada que ha trasladado la discusión desde la arena pública hacia los despachos judiciales y los ministerios provinciales. El caso de Playa Paradise, cuya adjudicación a la firma Desarrolladora Homs S.A. fue celebrada por el oficialismo local en septiembre pasado, se mantiene hoy como el emblema de este conflicto tras el dictamen emitido por el Ministerio de Gobierno bonaerense en diciembre, que calificó el proceso como un avance en la "marginalidad de la ley".
La situación de Paradise marca un precedente que sobrevuela al resto de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en disputa. Según la documentación provincial, el Municipio omitió la convalidación obligatoria de los organismos competentes y eludió los estudios de impacto ambiental requeridos por el Decreto 1.072/18. Esta falta de validación técnica no solo impidió el inicio de las obras proyectadas por la concesionaria, sino que dio aire a la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal para sostener su estrategia defensiva. Desde este colectivo vecinal aseguran que la adjudicación es de imposible aplicación y mantienen como objetivo a mediano plazo la anulación definitiva de la ordenanza, argumentando que el patrimonio natural y paleontológico de la zona corre riesgos irreversibles bajo el actual pliego de bases y condiciones.
En este complejo tablero, la UTF Santa Isabel también se encuentra en una zona de grises. A pesar de que en enero de este año el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) adjudicó formalmente la playa a la firma EXOS S.A. con una promesa de inversión superior a los 1.200 millones de pesos, la ejecución del contrato enfrenta obstáculos similares a los de su vecina Paradise. La asamblea vecinal ha logrado, mediante acciones administrativas en frentes municipales, provinciales y nacionales, que los procesos licitatorios se vean ralentizados, denunciando que estas concesiones se otorgan sin considerar la capacidad de soporte del territorio ni la participación ciudadana exigida por las normativas ambientales vigentes.
Por su parte, la UTF Playa Redonda permanece bajo evaluación técnica tras un proceso licitatorio que ha generado más dudas que certezas. Con solo dos oferentes en carrera; ANJUFA y Santiago de Compostela, ambos arrastrando observaciones previas por inhibiciones de bienes o errores en los planes de inversión, el Municipio se encuentra ante la disyuntiva de adjudicar a empresas cuestionadas o declarar un nuevo llamado desierto. Este escenario refuerza la postura de los sectores críticos, quienes sostienen que la urgencia fiscal del Ejecutivo local por recaudar cánones —que en algunos casos rondan los 70 a 90 millones de pesos anuales— ha primado sobre la prolijidad administrativa y la protección del recurso costero.
Hacia adelante, el conflicto parece desplazarse hacia una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo para el Paseo Costanero Sur. Mientras la administración municipal defiende la llegada de capitales privados para mejorar la infraestructura y los servicios, la Asamblea por los Bienes Comunes ha formalizado su propuesta de máxima: declarar a toda la franja costera como una "Reserva Geológica, Paleontológica, Natural y Cultural".
Con el otoño a la vuelta de la esquina y la actividad turística en descenso, el debate continúa en las playas y reaparece con fuerza en la justicia y en los despachos, donde se definirá si el modelo de explotación privada logra subsanar sus fallas de origen o si la presión social y provincial termina por modificar la gestión de las playas del sur marplatense.