La ofensiva libertaria contra las tasas que cobran las comunas reabrió la discusión sobre las potestades de las administraciones locales. Cómo y hasta dónde pueden sumar poder.
Compartir
Existe un consenso o regla no escrita que sugiere no realizar reformas profundas durante un año de elecciones, para evitar que los cambios sean percibidos por la sociedad como una manipulación de las reglas de juego a favor del gobierno de turno.
Con observancia de este apotegma, diferentes sectores de la política bonaerense anticipan que, a lo largo de 2026, buscarán volver a levantar la bandera de la autonomía municipal. En los últimos días, el debate sobre la viabilidad del cobro de algunas tasas, consideradas abusivas y, en ciertos casos, sin contraprestación, agitó la discusión entre intendentes y legisladores tras la ofensiva de los libertarios.
Con posturas disímiles, estatistas y anti-Estado coinciden en que es aberrante que las relaciones entre las administraciones locales y la Provincia sigan estableciéndose con una normativa de hace 70 años.
En efecto, el Decreto Ley 6769/1958, sancionado el 29 de abril de 1958, es la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) de la provincia de Buenos Aires, la norma fundamental que regula el funcionamiento, atribuciones, deberes y autonomía de los municipios, organizando las administraciones locales.
Aquí se abre una de las ventanas, que genera algunas visiones diferenciadas. Mientras algunos creen que es suficiente una reforma a la ley, otros sostienen que una reforma de la Constitución provincial reforzaría el nuevo status de las comunas y sería un espaldarazo para sus nuevas atribuciones.
En tal sentido, algunos constitucionalistas esgrimen que reformas como la creación de tribunales de cuentas locales o la participación de los mayores contribuyentes en el ámbito de las decisiones impositivas, están reguladas constitucionalmente. Para otros “retoques” de menor calado alcanzaría -sostienen- con una modificación parcial de la LOM, un vetusto decreto ley que la política no ha sido capaz de modificar hasta el día de hoy.
En cuanto al alcance y contenido, los representantes de los diversos sectores partidarios fluctúan entre iniciativas más arriesgadas y otras más cautas. Una de ellas es aumentar el porcentaje de los fondos a coparticipar con los municipios, llevándolo del 16,14% al 20%, una idea que comparten algunos legisladores e intendentes peronistas. Para ello tomarán en cuenta ingresos por impuestos sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, además del Impuesto Inmobiliario Urbano, el Impuesto a los Automotores, el Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos.
La idea contó, en las últimos días, con el apoyo y beneplácito de la senadora provincial de la UCR abadista, Nerina Neumann. La legisladora por la Sexta sección aseguró que este incremento “permitiría acercar más recursos a los distritos y reducir la dependencia de las decisiones del gobierno provincial”.
Entre una larga batería de propuestas que se amasan hay otras como la estatización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la modificación del uso del suelo para que los municipios sean los que administren el suelo urbano o la de crear un Fondo de Desarrollo del Interior, para compensar algunas desventajas comparativas de los municipios del territorio rural bonaerense con respecto a los territorios del Conurbano.
La escaramuza por las tasas es sólo la punta del iceberg en medio de una disputa por las porciones de una torta que ve reducido su tamaño año a año.
Un intendente oficialista aseguró a La Tecla que, según datos de 2022 del Banco Central, del total de tasas, contribuciones, impuestos, cargos y retenciones que se generan en el país solo el 7% va a las comunas. El resto se lo llevan las administraciones provincial y nacional, cuando “los intendentes hasta tenemos que hacernos cargo de cortar el pasto en las rutas o de ponerle nafta a los patrulleros”, señalan.
