La Tecla Mar del Plata
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La mujer sufrió una agresión sexual y graves dolores crónicos, había solicitado ayuda para morir en 2024. Su padre se opuso y recurrió a múltiples instancias, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares y el procedimiento se concretó el 26 de marzo de 2026 en Barcelona.
Este caso, que involucra a una persona joven con discapacidad y sufrimiento físico y psíquico, plantea interrogantes sobre los límites de la autonomía personal y los riesgos de la eutanasia en contextos no terminales clásicos.
En Argentina rige la ley 26.742 de muerte digna (2012), que reconoce el derecho a rechazar tratamientos y garantiza cuidados paliativos, pero no autoriza la eutanasia activa ni el suicidio asistido.
Tras la sanción de la ley en Uruguay, se presentaron varios proyectos en el Congreso Nacional que buscan regular la asistencia para morir en casos de sufrimiento intolerable, con requisitos estrictos como consentimiento reiterado, capacidad mental y controles médicos y judiciales.
Los defensores argumentan que se trata de un derecho a la dignidad y autonomía individual, con amplio apoyo social. Los opositores, entre ellos la Iglesia Católica y sectores bioéticos, advierten sobre una posible pendiente resbaladiza y promueven fortalecer los cuidados paliativos en su lugar.
Ninguno de los proyectos ha logrado consenso suficiente para avanzar en el recinto. Se espera que el debate se intensifique durante 2026, impulsado por el eco internacional de casos como el de Noelia Castillo.