La Tecla Mar del Plata
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Las aplicaciones de transporte vuelven a la agenda del Concejo Deliberante de Mar del Plata con el despliegue de dos expedientes pendientes y la suma de una nueva nota particular presentada por la Asociación Civil Conductores Unidos. La iniciativa busca establecer un marco normativo claro para un servicio que ya opera de manera sostenida pero sin regulación específica.
El proyecto plantea la creación de un Registro Municipal de Conductores y Vehículos y establece requisitos obligatorios para poder trabajar con plataformas: licencia vigente, ausencia de antecedentes penales, seguro comercial y verificación técnica de los vehículos cada seis meses. Además, los autos no podrán superar los 15 años de antigüedad y deberán estar radicados en el partido.
Las propias plataformas digitales también deberán inscribirse ante el municipio y contar con un domicilio legal en la ciudad para operar, garantizando condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. Si se aprueba la ordenanza, la Dirección de Transporte será la autoridad de aplicación y el Ejecutivo tendría 90 días para reglamentarla.
La Comisión de Movilidad Urbana retomará los expedientes históricos que estaban pendientes desde hace tiempo, impulsados por la Coalición Cívica: uno propone suspender sanciones a choferes mientras no exista regulación clara, y el otro plantea crear un Registro Municipal de Prestadores de Transporte. La suma de la nota particular amplía el debate y podría definir finalmente un marco normativo que integre taxis, remises y plataformas digitales.
Desde 2019, cuando se sancionó la ordenanza 23.928 bajo la gestión de Carlos Arroyo, las plataformas están formalmente prohibidas. Sin embargo, más de 2.000 conductores operan actualmente fuera del marco legal. La iniciativa toma como ejemplo experiencias de otras ciudades del país, como Córdoba y Alta Gracia, donde ya existen registros municipales y requisitos claros para empresas, conductores y vehículos.
Con el tratamiento previsto para el lunes 30, Mar del Plata podría avanzar hacia un sistema regulado que reconozca, ordene y potencie un servicio en expansión y con fuerte demanda entre los vecinos.