1 de abril de 2026
LEGISLATURA
Crecen los reclamos para prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses
Desde el bloque PRO en el Senado bonaerense también se anotaron con un proyecto de ley para prohibir la comunicación de las personas detenidas. Se suma a los planteos de La Libertad Avanza y Hechos
Mientras crecen los reclamos hacia Axel Kicillof por sus dichos durante un acto en la escuela de Policía Juan Vucetich, desde el bloque PRO en el Senado bonaerense presentaron un nuevo proyecto con el fin de prohibir el uso de los celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue presentada por el senador y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, quien propone restringir las comunicaciones de los presos en las unidades penitenciarias: “Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos. Si desde su interior se coordinan extorsiones, amenazas, estafas o maniobras de intimidación contra personas que están en libertad”.
El proyecto de ley surge para reemplazar el protocolo de emergencia sanitaria de 2020 -que aún regula las comunicaciones digitales de casi 49.000 detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense sin base legal ni control legislativo- por un sistema institucional, controlado y con respaldo legal.
La iniciativa busca ordenar una situación que nació como excepción durante la pandemia y que hoy continúa sin una ley que establezca reglas claras, criterios uniformes ni mecanismos efectivos de supervisión.
El proyecto crea el Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplaza el uso de celulares privados. El sistema funcionará en una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, y permitirá únicamente comunicaciones con contactos previamente registrados y verificados, con trazabilidad y supervisión estatal.
A partir de su implementación en cada establecimiento, quedará prohibida la tenencia de dispositivos móviles privados, considerándose falta grave, con impacto en beneficios como salidas transitorias o libertad asistida.
Petrecca sentenció que “no elimina la comunicación: la ordena y la pone bajo control del Estado. Busca terminar con el uso descontrolado de celulares en contextos de encierro y evitar que las cárceles funcionen como plataformas para delinquir”.
El proyecto establece una implementación gradual, derogando el protocolo vigente de manera progresiva y sin afectar la continuidad de las comunicaciones.