24 de abril de 2026
DISPUTA
La municipalización de patentes reabre la grieta entre General Pueyrredon y la Provincia
En una nueva maniobra que profundiza el distanciamiento institucional entre la comuna y la administración provincial, el Departamento Ejecutivo elevó un proyecto para capturar la recaudación de los vehículos modelos 2014 y 2015, movida que promete una tensa batalla en el Concejo Deliberante frente a la oposición alineada con Axel Kicillof.
El escenario político de General Pueyrredon sumó un nuevo capítulo de fricción tras el ingreso del expediente 1321/26. A través de este proyecto de Ordenanza, la gestión local busca oficializar el traspaso de la administración y recaudación del Impuesto a los Automotores para las unidades radicadas en el distrito correspondientes a los años 2014 y 2015. Si bien la iniciativa se ampara en la Ley Impositiva Provincial Nº 15.558, que habilita a los municipios a absorber el cobro de patentes de vehículos con más de diez años de antigüedad, el trasfondo excede lo administrativo: se trata de una disputa directa por el control de la caja en un contexto de asfixia financiera y cruces permanentes entre el Municipio de General Pueyrredon y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La llegada del expediente al recinto legislativo no será un trámite meramente formal. Aunque el oficialismo local cuenta con una mayoría que le permitiría avanzar sin mayores sobresaltos técnicos, los concejales vinculados al gobernador Axel Kicillof ya preparan su resistencia. La tensión radica en el manejo de los recursos excedentes; mientras el municipio argumenta una defensa de la autonomía para gestionar fondos que pertenecen a los vecinos del partido, desde las bancas opositoras se lee como un intento de debilitar la recaudación centralizada de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Esta municipalización implica que el tributo, calculado sobre los valores de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) con un coeficiente de 0,95 , deje de fluir hacia La Plata para depositarse directamente en las cuentas municipales.
Esta disputa no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una saga de enfrentamientos que la gestión local ha mantenido con la gobernación bonaerense por el reparto de partidas presupuestarias y la administración de Punta Mogotes, entre otras cuestiones. El proyecto faculta a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para dictar la reglamentación local, otorgándole al municipio la llave para decidir sobre bonificaciones y planes de pago, un margen de maniobra que el Ejecutivo local pretende usar como bandera de gestión frente a la centralización provincial. La norma provincial establece que la transferencia a los municipios para este año 2026 alcanza hasta los modelos 2015 inclusive, por lo que General Pueyrredon está reclamando el máximo tope de su jurisdicción tributaria.
El debate en las comisiones del Concejo Deliberante será, previsiblemente, el termómetro de una relación institucional que parece no encontrar piso. Para los ciudadanos, la medida significará que el pago de su patente ya no se gestionará ante ARBA, sino a través de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), bajo escalas que contemplan cuotas fijas y alícuotas sobre excedentes según la valuación fiscal de cada unidad. Mientras el Ejecutivo acelera para blindar sus ingresos de cara a la segunda mitad del año, el arco político alineado con la Provincia advierte sobre los riesgos de una fragmentación tributaria que, bajo el velo de la eficiencia local, esconde una pulseada de poder que parece estar lejos de resolverse.