El conflicto del transporte urbano en Mar del Plata sumó este sábado un principio de acuerdo que abre la puerta a la normalización del servicio de colectivos durante las primeras horas del lunes. Tras una audiencia realizada en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, las empresas nucleadas en la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) se comprometieron a gestionar un crédito privado para afrontar el pago de salarios adeudados a los choferes.
Del encuentro participaron representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), empresarios del sector y autoridades provinciales del Ministerio de Trabajo. La reunión se desarrolló en medio del paro que afecta al transporte público desde el viernes por la tarde y que dejó sin servicio a miles de usuarios en la ciudad.
Durante la audiencia, el gremio sostuvo que la medida de fuerza fue consecuencia directa del incumplimiento en el pago de haberes dentro de los plazos legales. Desde la conducción local de la UTA remarcaron que “el salario tiene carácter alimentario” y advirtieron sobre el impacto que la demora genera en los trabajadores y sus familias.
Por su parte, las empresas expusieron un panorama económico “crítico” y señalaron que el sistema arrastra un fuerte desequilibrio financiero. Según plantearon, existe un desfasaje superior al 65% entre la tarifa vigente y los costos reales del servicio, además de demoras en el envío de fondos nacionales destinados a compensaciones tarifarias y beneficios sociales.
Como salida transitoria, Cametap anunció que buscará financiamiento privado para reunir los fondos necesarios y efectuar el depósito salarial durante las primeras horas del lunes. En ese marco, desde la UTA confirmaron que el paro será levantado una vez que los trabajadores corroboren la acreditación de los sueldos en sus cuentas.
Mientras tanto, los choferes permanecerán en las cabeceras a la espera del pago y el servicio continuará interrumpido hasta nuevo aviso. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense indicaron que seguirán monitoreando la situación y que, si se cumple el compromiso asumido por las empresas, las actuaciones administrativas podrían darse por finalizadas.
