13 de mayo de 2026
FALLO MILLONARIO
El municipio deberá pagar más de $520 millones debido al juicio de la plazoleta en Varese
Mientras el municipio repite el discurso del “orden” y el ajuste permanente, la Justicia acaba de recordarle a la gestión de Agustín Neme que los errores políticos y administrativos también se pagan muy caro.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo que obliga a la
Municipalidad de General Pueyrredon a desembolsar más de $524 millones, más intereses, por la expropiación de la Plazoleta Almirante Brown, un pequeño terreno de apenas 182 metros cuadrados ubicado frente a Playa Varese.
Más de medio billón de pesos por una plazoleta triangular con una garita de colectivo, algunas palmeras y un banco mirando al mar. Una cifra que termina exponiendo no sólo el valor inmobiliario de uno de los sectores más exclusivos de Mar del Plata, sino también el costo que puede tener para las arcas municipales una política improvisada y tardía.
El conflicto viene de larga data. El municipio ocupó el terreno desde 1988 y durante décadas actuó como si el espacio fuera propio. Pero años atrás apareció uno de los herederos reclamando la restitución del lote, lo que obligó al Ejecutivo a avanzar recién en 2017 con una ordenanza de expropiación. La Provincia terminó aprobando la ley correspondiente en 2021 y, ya durante la gestión Montenegro, se inició el proceso judicial para concretar la compra.
La comuna intentó cerrar el tema ofreciendo apenas $16,2 millones basados en una tasación oficial. Por otro lado, los herederos rechazaron la cifra por considerarla irrisoria frente al valor real de un terreno con vista plena al mar y potencial inmobiliario premium. La Justicia terminó inclinándose por la valuación del perito oficial, que fijó el valor en US$390.000.
La Cámara no sólo rechazó la apelación municipal, sino que además respaldó el criterio de que el Estado debe garantizar una “reparación justa e integral” cuando expropia un bien privado. Traducido al lenguaje político local: el municipio perdió la pulseada y ahora deberá afrontar una cifra millonaria en medio de un contexto donde el propio Ejecutivo insiste con recortes, falta de recursos y ajustes en distintas áreas sensibles.
El dato político no es menor. Mientras el oficialismo local discute aumentos de tasas, ajuste del gasto y “eficiencia administrativa”, la ciudad deberá destinar más de $520 millones, más intereses acumulados, para resolver una disputa que arrastra décadas y que terminó explotando judicialmente durante la actual gestión.