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Sábado, 16 mayo 2026
Argentina
16 de mayo de 2026
RESUMEN

Lo que la semana nos dejó

Entre sesiones calientes en el Concejo Deliberante, cruces cada vez más ásperos por el futuro de Punta Mogotes y una ciudad atravesada por conflictos sociales, sanitarios y económicos, la política marplatense ingresó en una semana de máxima tensión donde el debate por la autonomía local, el ajuste y el manejo de los recursos públicos volvió a ocupar el centro de la escena.

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IOMA: nueva movilización en Mar del Plata tras una muerte por presunta negligencia

Los afiliados convocan a una medida de fuerza para este miércoles frente a la delegación local. El fallecimiento de Silvia Nancy González, de 56 años, reavivó las denuncias por falta de prestaciones, demoras en traslados y el deterioro crítico del sistema de salud bonaerense.



La crisis de la obra social de la provincia de Buenos Aires (IOMA) en Mar del Plata ha cruzado un límite que los afiliados definen como irreversible. Tras meses de advertencias, cortes de servicios y reclamos en las calles, la muerte de Silvia Nancy González se ha convertido en el emblema de un sistema que, según denuncian los damnificados, ha pasado de la ineficiencia al abandono de personas. En este contexto, familiares y diversos sectores de afiliados preparan una nueva medida de fuerza para este miércoles 13 de mayo, a las 11:00 horas, frente a la delegación ubicada en avenida Independencia al 2742, bajo la consigna de visibilizar la desprotección y exigir justicia.

El caso de Silvia González, de 56 años, expone las falencias estructurales que atraviesa la atención médica en la ciudad. Según el relato de su hija, Sol Carrera, la odisea comenzó tras un infarto que requería internación en una unidad coronaria. Ante la falta de camas disponibles en Mar del Plata a través de la obra social, se inició un derrotero de derivaciones fallidas y traslados tardíos. Las denuncias apuntan no solo a la gestión de IOMA por la falta de una red de prestadores eficiente, sino también a las condiciones del Sanatorio Avenida, donde la paciente habría sufrido un trato "inhumano" y falta de monitoreo básico, antes de fallecer finalmente en una clínica de La Plata, lejos de su hogar y su familia.

Esta nueva movilización no es un hecho aislado, sino la continuación de un conflicto que tuvo uno de sus puntos más álgidos durante el reciente Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) celebrado en el Hotel Provincial. En aquella oportunidad, los afiliados ya habían interpelado directamente a las autoridades provinciales, rompiendo el cerco discursivo oficial para denunciar el recorte en medicamentos oncológicos, la caída de convenios con clínicas locales y la parálisis de tratamientos crónicos. Lo que hace meses se presentaba como una disputa administrativa por honorarios médicos, hoy es leído por la comunidad como una crisis humanitaria que golpea por igual a trabajadores activos y jubilados.

Desde el sector político, las miradas apuntan directamente a la responsabilidad del Gobernador Axel Kicillof y del presidente de la entidad, Homero Giles. Los manifestantes sostienen que los aportes realizados durante toda una vida laboral no se ven reflejados en el derecho básico a la salud. La falta de respuestas institucionales ante casos de extrema gravedad ha generado un clima de incertidumbre y miedo entre los afiliados, quienes aseguran que cualquier paciente hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema ante una emergencia médica.

La convocatoria de este miércoles, que incluirá el uso de globos negros y carteles, pretende replicarse también en la sede central de IOMA en La Plata. Los organizadores enfatizan que el reclamo trasciende cualquier bandera partidaria, centrándose en la urgencia de normalizar las prestaciones y garantizar que la atención médica deje de ser una moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias. Mientras la investigación judicial por la muerte de González avanza, la presión social sobre la delegación marplatense busca forzar una respuesta concreta de las autoridades que, hasta el momento, han mantenido el silencio frente al deterioro sostenido del sistema.

Punta Mogotes: la Provincia anunció la licitación, la convocatoria al Ejecutivo local y el futuro traspaso al Municipio

En el marco de una conferencia de prensa, el ministro Augusto Costa confirmó que el gobierno boanerense avanzará con nuevas licitaciones para los balnearios, convocará formalmente a la comuna para que participe del proceso y proyecta concretar la futura transferencia de la administración del complejo a General Pueyrredon una vez finalizadas las obras de renovación.



El gobierno bonaerense anunció el inicio de un proceso que apunta a transformar integralmente el complejo Punta Mogotes y que tendrá como destino final el traspaso de la administración al Municipio de General Pueyrredon.
 
La definición fue comunicada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, durante una conferencia encabezada por el ministro de Gobierno Carli Bianco. Allí confirmó que el Ejecutivo provincial avanzará con nuevas licitaciones, obras de modernización y una transición articulada con el Municipio.
 
“El complejo Punta Mogotes va a volver a ser administrado por el municipio de General Pueyrredon”, aseguró Costa al presentar la hoja de ruta diseñada por la Provincia para el futuro del tradicional complejo costero marplatense.
 
Según explicó el funcionario, el proceso comenzará con el vencimiento de las actuales concesiones de balnearios, que operan entre junio y septiembre de este año. A partir de allí, la Provincia abrirá un llamado a licitación pública para adjudicar nuevas concesiones bajo un esquema que incluirá estándares de calidad, sustentabilidad ambiental y renovación de infraestructura. “Estamos ante una oportunidad histórica de renovar completamente el modelo de gestión del complejo bajo nuevos estándares de calidad y servicio”, sostuvo Costa.
 
El funcionario remarcó que el nuevo esquema tomará como base el concurso de ideas impulsado por la Provincia junto a la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos bonaerense, del que participaron 13 proyectos orientados a repensar el futuro del complejo.

Según detalló, las propuestas apuntaron a modernizar módulos de servicios, accesos y circulaciones internas, además de promover un modelo con integración paisajística, energías renovables y reducción del impacto ambiental sobre el frente costero marplatense.
 
“El proyecto que nosotros estamos buscando para el futuro de Punta Mogotes tiene que ver con obras, inversiones y renovación de infraestructura que cuente con sustentabilidad ambiental”, explicó.
 
En ese marco, el jurado ya definió a los ganadores del concurso. El primer premio fue para el proyecto presentado por el arquitecto Guillermo Alejandro Lech y la arquitecta Leticia Alfaro.  Costa señaló que el próximo paso será el llamado a licitación pública para las nuevas concesiones de los 24 balnearios que integran Punta Mogotes.
 
“El pliego licitatorio va a tomar en cuenta y va a realizarse sobre la base del concurso de ideas realizado, incorporando requisitos de calidad, servicio y sustentabilidad”, afirmó.
 
Además, remarcó que el proceso será “público, abierto y competitivo” y confirmó que el gobierno provincial convocó formalmente al Ejecutivo municipal para participar activamente de todo el esquema licitatorio y de transición.
 
“Convocamos al Ejecutivo marplatense a que participe activamente del proceso licitatorio. Para nosotros es fundamental lograr una gestión compartida y articulada entre la Provincia y el Municipio”, indicó.
 
En la conferencia también estuvo presente el concejal de Acción Marplatense- Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti. El ministro lo señaló como referente del espacio político alineado con el gobernador Axel Kicillof.
 
De acuerdo a lo anunciado, el traspaso definitivo del complejo recién se concretará una vez ejecutadas las obras previstas en las nuevas concesiones. La intención oficial es que el Municipio reciba un predio renovado, modernizado y operativo.
 
“La definición política del gobernador es que termine con el traspaso definitivo del complejo Punta Mogotes a la ciudad de Mar del Plata una vez concluidas las obras de renovación”, señaló Costa.
 
El ministro explicó además que durante toda la transición se garantizará la continuidad laboral y operativa del complejo. Para eso, se prorrogarán las concesiones vigentes hasta que se complete el nuevo proceso licitatorio.
 
“El complejo va a permanecer abierto y operativo durante todo el proceso licitatorio, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, aseguró.
 
En ese sentido, sostuvo que la Provincia busca evitar interrupciones en el funcionamiento del complejo y brindar seguridad jurídica a los actuales concesionarios mientras avanza la transición institucional.
 
Finalmente, Costa definió el proceso como “una oportunidad histórica y única para Mar del Plata” y aseguró que el objetivo es que el principal complejo costero bonaerense pueda renovarse a través de un esquema “transparente, participativo y orientado al bien común”.

Mogotes: el anuncio de la Provincia desató una fuerte reacción política en Mar del Plata

El proyecto del gobierno bonaerense para modernizar el complejo y avanzar en su municipalización abrió un fuerte debate entre oficialismo y oposición local. En ese contexto, el anuncio dividió aguas, entre quienes celebran el avance del traspaso y quienes exigen la transferencia inmediata.



El anuncio del gobierno bonaerense de avanzar con una nueva licitación para modernizar el complejo de Punta Mogotes y proyectar su futuro traspaso a la Municipalidad de General Pueyrredon abrió un inmediato frente político en la ciudad. Las definiciones, comunicadas por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, generaron una fuerte reacción en el arco político local, con posturas que oscilaron entre el respaldo, la crítica y el rechazo abierto.
 
Durante una conferencia encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Costa confirmó que la Provincia avanzará con nuevas licitaciones, obras de modernización y un esquema de transición con el Municipio. “El complejo Punta Mogotes va a volver a ser administrado por el municipio de General Pueyrredon”, aseguró, al presentar la hoja de ruta del Ejecutivo bonaerense.
 
Uno de los primeros en pronunciarse fue el concejal de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, quien además participó del anuncio y fue mencionado como parte del esquema de trabajo con el oficialismo provincial.
 
Pulti sostuvo en redes sociales que la propuesta permitirá “modernizar el complejo” y garantizar “una transición ordenada, sin sobresaltos para los trabajadores y trabajadoras, las empresas concesionarias y los empleados del ente”.
 
En esa línea, consideró que el Municipio debe tener “un reflejo constructivo” ante la convocatoria provincial para participar del proceso. También destacó el concurso de ideas impulsado junto al Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, al señalar que permitirá establecer “las bases programáticas y urbanísticas” de los futuros pliegos licitatorios, con el objetivo de que la transformación del complejo responda a “estándares contemporáneos de diseño, accesibilidad y sustentabilidad ambiental”.

Asimismo, remarcó que el gobierno municipal “es invitado a trabajar en conjunto” para “gestionar la coyuntura, prorrogando por un año las concesiones actuales y encarar de manera transparente las nuevas licitaciones, a la vez de asegurar un traspaso ordenado”.
 
“El horizonte del diálogo es concreto, con resultados tangibles para los marplatenses, la inversión y el trabajo turístico”, afirmó. Y advirtió que “el camino de la confrontación y el litigio solo asegura costos, incertidumbre y falta de definiciones”.
 
En contraposición, el diputado provincial radical Diego Garciarena fue más tajante y reclamó definiciones inmediatas. “En forma inmediata el Señor Gobernador debe devolverle a Mar del Plata la administración plena de Punta Mogotes. Sin demoras. Sin chicanas. Sin atajos”, expresó.

Además, llamó a la dirigencia local a unificar posiciones: “Los dirigentes políticos de la ciudad deben unirse en defensa de la ciudad y sus intereses”. Y agregó: “No hay que trabajar como delegados del Virrey, tipo el Capitán Monasterio en la serie El Zorro, hay que defender a Mar del Plata y sus vecinos. Es ahora. Es ya. Sin excusas”.
 
En la misma línea crítica, el intendente en uso de licencia y actual senador provincial, Guillermo Montenegro, publicó un extenso mensaje en X donde cuestionó con dureza al gobierno bonaerense.
 
“El ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, se sigue refiriendo a Punta Mogotes como ‘un balneario’. Porque nunca lo vio. Porque no lo entiende. Porque está demasiado lejos como para interesarse por la gente que vive, trabaja y apuesta todos los días por esta zona de Mar del Plata”, afirmó.

Montenegro sostuvo que “Punta Mogotes no es ‘un balneario’. Es un barrio entero al que la Provincia de Buenos Aires le tiene usurpados hace años 3 kilómetros de costa”.
 
Y fue más allá en su crítica: “No le pedimos que entienda la identidad de Mar del Plata. No le pedimos más concursos de ideas. No queremos sus artimañas ni las trampas de Axel Kicillof para intentar dejar atado desde La Plata el manejo de un espacio que les pertenece a los marplatenses”.
 
También cuestionó la lógica del proceso: “Dicen que quieren devolver Punta Mogotes a los marplatenses, pero antes pretenden condicionar su futuro con decisiones tomadas desde La Plata para los próximos 20 años”.
 
Finalmente, planteó una salida: “Si realmente creen que Punta Mogotes tiene que volver a ser de los marplatenses, entonces devuélvanlo completo, de inmediato y sin vueltas. Y después sí, que sea la propia ciudad la que decida qué proyecto de futuro quiere para esa parte de Mar del Plata”.
 
Por ahora, los primeros anuncios del esquema para Mogotes ya generaron una fuerte repercusión en la política local. Habrá que ver cómo evolucionan los próximos pasos del gobierno bonaerense en un proceso que, más allá de las definiciones administrativas, ya abrió un nuevo capítulo de tensión política y debate en Mar del Plata.

CaFest III: se abrieron los sobres con nueve ofertas y una brecha de 11 millones de pesos

En medio de denuncias por morosidad y desprolijidades administrativas, el EMTURyC recibió las propuestas para el festival de café. Mientras el presupuesto oficial rondaba los 40 millones, las ofertas más bajas perforaron el piso de los 30 millones, abriendo interrogantes sobre la solvencia técnica y el cumplimiento de los pagos en una gestión bajo la lupa.



En la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente al "Concurso de Precios 04/2026 - Contratación de Servicios Varios - Cafest Volumen III". El encuentro administrativo arrojó un total de nueve propuestas de interesados en la logística técnica del evento. Este proceso se desarrolla bajo una densa sombra de sospecha, alimentada por los antecedentes de deudas con proveedores que superan los siete meses y el reciente escándalo de la licitación "caída" de los premios Estrella de Mar.

La disparidad de precios entre los oferentes fue la nota dominante de la jornada, evidenciando criterios muy distintos a la hora de presupuestar para una gestión cuestionada. El valor más alto fue presentado por Capriga 2023 SRL, con una cotización de $40.730.000. En el otro extremo, tres propuestas perforaron significativamente el presupuesto esperado: Evolucionart S.R.L. presentó la oferta más económica con $29.341.400 , seguida por Diego Mendoza con $30.440.000 y Alejandro Cersosimo con $30.585.000. Esta brecha de más de 11 millones de pesos respecto a la oferta más cara genera dudas sobre si los montos más bajos podrán sostenerse frente a la inflación y los plazos de pago reales del ente.

Más allá de los números, el acta de apertura dejó al descubierto irregularidades documentales y errores de cálculo que complican la adjudicación. En el caso de la firma 1984 Técnica para Eventos S.R.L., se dejó constancia de que el formulario I fue presentado sin la firma correspondiente. Por otro lado, las propuestas de Alejandro Cersosimo y Event Assistance S.R.L. presentaron inconsistencias en la sumatoria de sus ítems técnicos. En contraste, algunas empresas intentaron mejorar su posición ofreciendo beneficios adicionales sin costo, como El 13 Técnica MDQ S.R.L., que incluyó baños químicos para el personal y equipos extra de iluminación y sonido no solicitados originalmente.

Nómina completa de las ofertas presentadas para el CaFest Volumen III:
Evolucionart S.R.L.: $29.341.400
Mendoza Diego: $30.440.000
Cersosimo Alejandro: $30.585.000
1984 Técnica para Eventos S.R.L.: $31.000.000
Event Assistance S.R.L.: $38.739.600
Audio Vision Sonido e Iluminación S.R.L.: $39.000.300
El 13 Técnica MDQ S.R.L.: $39.110.000
Sapienza Maximiliano: $39.930.000
Capriga 2023 S.R.L.: $40.730.000

Con el festival programado para este sábado 16 de mayo en Villa Mitre y Villa Victoria, la celeridad con la que el EMTURyC resuelva estas inconsistencias será determinante. Sin embargo, la duda aún queda y la preocupación crece: ¿este concurso terminará siendo otra "ficción administrativa" que deje a los trabajadores y proveedores, una vez más, esperando un pago que nunca llega?

“Milei cumplí la ley”: una multitud colmó Mar del Plata en defensa de la universidad pública

En el marco de la 4° Marcha Federal Universitaria, una columna de más de siete cuadras recorrió el centro marplatense para denunciar el ahogo presupuestario, la crisis del sistema científico y la situación de pobreza que alcanza a la mitad de los trabajadores del sector. Bajo la consigna de la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento, la comunidad académica y la sociedad civil advirtieron que la parálisis del conocimiento pone en riesgo el futuro nacional.



Mar del Plata volvió a ser epicentro de una de las manifestaciones políticas más contundentes de los últimos tiempos. Lo que comenzó en las primeras horas del martes con conferencias de prensa y "ruidazos" en las diversas sedes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) —desde el Rectorado y la Facultad de Derecho hasta el Complejo Universitario Manuel Belgrano y la Facultad de Ingeniería—, decantó por la tarde en una marea humana que desbordó las calles. La 4° Marcha Federal Universitaria no fue solo un reclamo sectorial de docentes, nodocentes y estudiantes; fue una expresión coral de la sociedad civil marplatense que, junto a gremios, centros de estudiantes secundarios y la multisectorial de jubilados, entre otros, marchó bajo una premisa que no admite grises: la educación pública superior es un derecho innegociable.



La movilización partió pasadas las 16 horas desde la intersección de las calles Funes y Roca. La columna, que según los organizadores superó las siete cuadras de extensión cubriendo la avenida Independencia de vereda a vereda, avanzó con una potencia visual y política que recordó las jornadas más álgidas de la historia democrática reciente. Entre banderas de ADUM, APU, APUTN y la Federación Universitaria Marplatense (FUM), el grito de “Milei cumplí la ley” se convirtió en el eje de una marcha que denunció más de 200 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La consigna no fue azarosa: representa la respuesta directa a un Poder Ejecutivo que ha señalado a la universidad pública como un enemigo político, aplicando un ajuste salarial y presupuestario que ya muestra sus consecuencias más dramáticas en el territorio.

Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) aportaron datos que grafican el desmantelamiento silencioso de la institución: en los últimos dos años, 613 docentes han renunciado a sus cargos en Mar del Plata. Este éxodo de profesionales no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política de asfixia deliberada. Según se expuso durante el acto central frente al monumento a San Martín, el 50% de los trabajadores del sistema universitario nacional se encuentra hoy bajo la línea de la pobreza. El reclamo salarial dejó de ser una puja porcentual para convertirse en una cuestión de dignidad básica; "nuestro salario tiene que permitir llegar a fin de mes, no al día 15", sentenciaron los oradores ante una multitud que acompañó con aplausos y cánticos de resistencia.

El panorama en el ámbito de la ciencia y la tecnología es igualmente desolador. Representantes de ATE Conicet denunciaron una situación de parálisis crítica, inédita desde el regreso de la democracia. Con contratos inestables, becarios por debajo de la línea de pobreza e investigadores sin fondos para financiar sus proyectos, el sistema científico-tecnológico —intrínsecamente ligado a la vida universitaria— se encuentra virtualmente detenido. A este escenario se suma la reciente noticia de la reordenación de partidas presupuestarias por parte del Gobierno Nacional, una medida que afecta áreas extremadamente sensibles y que fue calificada por los manifestantes como un ataque directo al corazón del desarrollo soberano del país.

Hacia el cierre de la jornada, el tono del discurso político se elevó hacia otros estamentos del Estado. Hubo un mensaje directo y urgente hacia los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les exigió una lectura clara de la realidad social y una expedición rápida respecto a la validez y aplicación de las leyes de financiamiento. La advertencia fue tajante: el tiempo se agota y, ante la falta de escucha por parte del Gobierno de Javier Milei, la unidad de los trabajadores y el movimiento estudiantil ya perfila un plan de lucha endurecido. Sin embargo, la incertidumbre queda: la jornada federal, ¿generará algún eco en el Gobierno nacional?

En tanto, en Mar del Plata las calles hablaron con una contundencia masiva, dejando en claro que la universidad pública, la ciencia nacional y la salud de sus instituciones no son variables de ajuste, sino el último bastión de resistencia de una sociedad que se niega a hipotecar su futuro.

Lanzan la licitación del Camping Municipal: ¿una concesión a "medida"?

El Municipio busca avanzar con un complejo de glamping en la costa sur. La apertura de sobres será el 2 de junio y el proyecto quedó envuelto en cuestionamientos por la cláusula de preferencia para la empresa impulsora.



Con apertura de sobres prevista para el próximo 2 de junio, el gobierno municipal oficializó la licitación para concesionar el histórico Camping Municipal de la zona sur y transformarlo en un complejo turístico orientado al “glamping”. Pero detrás del proyecto impulsado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), comenzó a instalarse una pregunta que atraviesa cada vez más expedientes vinculados a espacios públicos: ¿se trata de una licitación a "medida"?
 
El llamado aprobado por el Emturyc contempla la entrega en concesión de la Unidad Turística Fiscal ubicada sobre el Paseo Costanero Sur Arturo Illia, a la altura del barrio Alfar, por un plazo de 20 años con posibilidad de extenderlo otros seis.
 
La propuesta apunta a reconvertir el predio de 66 mil metros cuadrados en un emprendimiento turístico centrado en el “glamping”, una modalidad que combina la experiencia del camping con servicios de confort y propuestas premium. El esquema incluye además cabañas, espacios gastronómicos, actividades recreativas, gimnasio, spa y sectores destinados al turismo de naturaleza.
 
El pliego fija un canon oficial anual de $15 millones, equivalente a poco más de $1,2 millones mensuales, cifra que rápidamente despertó cuestionamientos políticos teniendo en cuenta las dimensiones y el potencial comercial del predio costero.
 
Desde el Ejecutivo defienden la iniciativa bajo criterios de sustentabilidad, integración ambiental y diversificación de la oferta turística. Según se informó, el proyecto prevé reforestación con especies autóctonas, accesibilidad y la creación de un paseo público abierto a visitantes.
 
Sin embargo, el eje de la discusión no pasa únicamente por el perfil del emprendimiento sino por el mecanismo elegido para avanzar con la concesión.
El expediente se originó a partir de una iniciativa privada presentada por la firma Bien Producido SA, declarada “iniciadora” en 2022 mediante un decreto municipal. Bajo ese régimen, contemplado en la Ordenanza 19.203, un privado propone un proyecto sobre un bien público y luego el Municipio debe convocar a una licitación tomando como base esa presentación. 
 
Ahí aparece el punto más sensible del proceso: la denominada “cláusula de preferencia”. El pliego otorga ventajas a la empresa impulsora frente a otros posibles oferentes, una herramienta legal pero que suele generar fuertes cuestionamientos políticos por considerar que desalienta la competencia real y deja el terreno inclinado de antemano.
 
Para distintos sectores, el mecanismo termina funcionando como una licitación “direccionada”, especialmente cuando los lineamientos técnicos y comerciales del pliego quedan fuertemente atados a la propuesta original presentada por el privado.
 
La discusión también suma otro ingrediente: Bien Producido SA mantiene vínculos con el balneario Mute y con el empresario Matías Iriarte, relacionado además con otros desarrollos sobre la costa sur que en los últimos años estuvieron envueltos en controversias vinculadas al uso y explotación de espacios públicos.
  
Mientras tanto, el Municipio profundiza un modelo basado en la concesión y reconversión de distintas UTF marplatenses bajo gestión privada. El futuro del Camping Municipal aparece así como un nuevo capítulo de una estrategia que mezcla inversiones, turismo premium y un debate político cada vez más intenso sobre los límites entre el interés público y los negocios privados.

El dilema de los amarillos, escala el conflicto por Mogotes y el fuego amigo

El nuevo posicionamiento del PRO nacional profundiza las tensiones con La Libertad Avanza y abre interrogantes sobre la coalición local. La Municipalidad amplió la demanda para frenar cualquier avance provincial sobre el complejo mientras sigue el litigio. Bonifatti, a través de Suasnabar y la cuenta “Tumicrobasuralmdq”, seguiría ejerciendo presión digital sobre Rabinovich.



El PRO profundiza su distanciamiento del gobierno de Milei y abre incertidumbre en la alianza local con La Libertad Avanza
 
El documento difundido por el PRO, en el que marca distancia del gobierno de Javier Milei y cuestiona lo que define como “soberbia y arrogancia” dentro de La Libertad Avanza, abrió un nuevo capítulo en la relación entre ambos espacios. El pronunciamiento, de fuerte tono político, no solo generó impacto a nivel nacional sino que también reconfigura el escenario en los distritos donde la convivencia entre libertarios y referentes del PRO venía funcionando bajo acuerdos de gestión.

La única expresión pública local en ese sentido fue la del presidente del PRO en Mar del Plata, Emiliano Giri, que expresó: “El Manifiesto en el que creo”, acompañado por una imagen de dos camisetas de Los Angeles Lakers, en alusión al acuerdo entre libertarios y el PRO.
 
La discusión se profundizó a partir de la difusión, de un nuevo flyer desde la cuenta oficial del PRO nacional en redes sociales: “El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera”. El espacio amplificó su estrategia comunicacional en clave de diferenciación política y refuerzo del vínculo directo con el electorado, en un contexto de creciente tensión con el oficialismo libertario.
 
En paralelo, el escenario político nacional aparece atravesado por el impacto del escándalo que involucra a Manuel Adorni, lo que suma un factor adicional de desgaste en la relación entre sectores del PRO y el gobierno de Javier Milei. En ese marco, comienzan a ganar fuerza lecturas que señalan un progresivo distanciamiento del PRO con vistas al escenario 2027, donde distintos sectores internos evalúan reordenamientos estratégicos. 
 
En ese marco, General Pueyrredon aparece como uno de los puntos donde la tensión adquiere mayor relevancia. La sociedad política local entre el PRO y La Libertad Avanza fue clave para la distribución de espacios de poder dentro del esquema municipal, con participación en áreas estratégicas y posiciones de conducción institucional. Ese entramado, construido sobre acuerdos políticos, queda ahora bajo una nueva zona de incertidumbre a partir del giro discursivo del partido a nivel nacional.

Si bien no hubo nuevas manifestaciones públicas de los principales actores locales tras estos movimientos, en el plano político se abre la pregunta sobre la sostenibilidad de los acuerdos en el tiempo. El endurecimiento del PRO frente al oficialismo nacional introduce un factor de tensión que podría repercutir en la dinámica de la coalición local, especialmente en un contexto donde la estabilidad de los acuerdos resulta clave para la gobernabilidad y la proyección electoral para el 2027.


El Municipio pidió una cautelar para frenar la licitación de Punta Mogotes anunciada por la Provincia

La Municipalidad de General Pueyrredon amplió la demanda judicial por el conflicto en torno a Punta Mogotes y pidió a la Justicia el dictado de una medida cautelar para frenar el avance de la Provincia de Buenos Aires sobre el complejo. La presentación fue realizada este miércoles 13 de mayo como incidente dentro de la causa ya existente entre ambas partes, luego del anuncio del gobierno bonaerense sobre un esquema de licitación y obras para el predio.

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que en la conferencia de prensa del 11 de mayo “se reconoció que el Complejo Punta Mogotes es de los Marplatenses”, pero advierten que, al mismo tiempo, la Provincia planteó una serie de pasos previos que postergarían la devolución efectiva del espacio. En ese sentido, en el planteo judicial el Municipio afirma que el objetivo es evitar que el complejo ingrese en un “bucle jurídico” que demore durante años la resolución del conflicto.
 
En el escrito presentado ante la Justicia, la comuna solicita que se impida al Estado provincial “innovar sobre la situación material y jurídica del predio” mientras se sustancia el litigio. Además, expresa su oposición a cualquier prórroga de concesiones o avance de licitaciones, al considerar que esas decisiones consolidarían una ocupación prolongada del complejo antes de su eventual restitución.
 
El planteo judicial también cuestiona el esquema anunciado por la Provincia, que incluye obras y un proceso de transición previo a la devolución. Para el Municipio, esa fórmula no modifica el núcleo del conflicto, ya que la administración actual del predio continúa bajo un esquema en el que la Provincia mantiene mayoría en el Consejo de Administración.

La presión digital  de Bonifatti

La cuenta de Instagram “Tumicrobasuralmdq”, que se presenta como un espacio vecinal dedicado a denunciar la presencia de microbasurales en distintos puntos de la ciudad, volvería a quedar bajo la lupa en el escenario político local. En distintos ámbitos se instalaría la lectura de que no se trataría únicamente de una iniciativa ciudadana espontánea, sino de una herramienta de presión digital con impacto en la discusión pública.
 
Según esta interpretación, el objetivo no se limitaría a visibilizar problemas vinculados a la higiene urbana, sino que también podría estar orientado a ejercer presión sobre el EMSUR y a marcar posiciones dentro de la gestión, con especial foco en la figura de Alejandro “Ruso” Rabinovich.
 
En ese marco aparecería el nombre de Mariano “Bachi” Suasnabar, ex ultrapiltista y actual colaborador de Santiago Bonifatti. Suasnabar, inspector especializado II en la División de Archivo General de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, ya habría sido mencionado en el debate político por su participación en la cuenta “Vilma Pide Coima”, una iniciativa que en su momento habría generado controversia en el plano mediático y sindical.
 
Ahora, la reaparición de dinámicas similares volvería a instalar la idea de una presión digital sostenida a través de cuentas en redes sociales, que operarían sobre temas sensibles de la gestión municipal. En ese esquema, “Tumicrobasuralmdq” sería leída por algunos sectores como parte de un dispositivo de exposición pública que excedería la denuncia vecinal.
 
En los pasillos municipales, la interpretación que ganaría terreno sería que no se trataría de hechos aislados, sino de una estrategia de presión digital más amplia, donde las redes sociales funcionarían como una herramienta de disputa interna y de condicionamiento político dentro de la gestión.
 
Tras la convocatoria provincial por Punta Mogotes, Neme salió a cuestionar el rol de la Provincia
 
Tras conocerse la invitación de la Provincia al intendente interino para participar de la entrega de premios del Concurso de Ideas de Punta Mogotes y de la primera reunión de la mesa de trabajo prevista para este viernes 15 a las 12:30, Agustín Neme, salió a cuestionar públicamente la postura del gobierno bonaerense y volvió a tensar el conflicto político por el futuro del complejo.

A través de un extenso mensaje publicado en X, Neme apuntó contra la administración provincial y sostuvo: “Hace décadas que desde La Plata administran Punta Mogotes como si Mar del Plata no existiera”. Además, aseguró que “durante los últimos 2 años, y a pesar de 3 instancias judiciales, intentaron discutir su futuro lejos de los marplatenses”
 
El dirigente también vinculó la convocatoria impulsada por la Provincia con el avance judicial del conflicto y afirmó: “Ahora, después de haberse saldado la deuda hace años y de que la Justicia empezara a poner las cosas en su lugar, descubrieron de golpe el ‘diálogo’”. En esa línea, cuestionó el esquema de participación planteado y remarcó: “Simulan participación, pero quieren seguir tomando decisiones lejos de Mar del Plata”.
 
Finalmente, Neme sostuvo que el gobierno bonaerense “se apura porque sabe que siempre tuvimos razón: Punta Mogotes es de los marplatenses” y ratificó que el reclamo continuará en el plano judicial. “Vamos a defenderlo en la Justicia hasta que vuelva definitivamente a nuestra ciudad”, concluyó el interino.

Cheppi se muestra activo en la agenda local y refuerza su posicionamiento de cara a la disputa por 2027
 
El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, viene intensificando su presencia en el debate público local con una agenda que combina recorridas en los barrios y fuerte actividad en redes sociales. En ese esquema, el dirigente busca instalar una narrativa centrada en los problemas cotidianos de Mar del Plata y en el impacto de las políticas nacionales sobre los sectores más vulnerables.
 
Cheppi difundió un nuevo reel en el que volvió a poner el foco en la necesidad de sostener el régimen de zona fría en la ciudad, en medio de los intentos del gobierno de Javier Milei de modificarlo y reducir el universo de beneficiarios. La intervención se dio en un contexto de creciente discusión por el impacto de las tarifas y la situación de los servicios básicos.

“El invierno en Mar del Plata nunca fue fácil. Pero el problema no es sólo el frío. Es cómo se lo enfrenta”, expresó en el video. Y agregó: “Mientras las tarifas aumentan y las obras están paralizadas, hay familias que siguen sin poder calefaccionarse”. Finalmente, remarcó: “Muchas cosas no se pueden evitar. Otras sí. Defendamos juntos a Mar del Plata”.
 
En este marco, su posicionamiento empieza a ser leído también en clave de proyección política hacia el 2027, en un escenario donde distintos espacios comienzan a mover fichas con la mira puesta en la disputa por la intendencia. La combinación entre presencia territorial, agenda social y exposición digital aparece como parte de una estrategia de construcción de liderazgo a mediano plazo.

Zona Fría en riesgo: el Gobierno logró dictamen y crece la preocupación en Mar del Plata

El oficialismo reunió las firmas para llevar al recinto la reforma del régimen. En la comuna advierten que miles de usuarios podrían perder descuentos clave en las tarifas de gas y se multiplican los reclamos para sostener el régimen ampliado aprobado en 2021.

El avance del gobierno de Javier Milei sobre el régimen de Zona Fría encendió alarmas en Mar del Plata. Con el dictamen de mayoría que consiguió en la Cámara de Diputados, el oficialismo quedó a un paso de llevar al recinto una reforma que podría dejar afuera a miles de usuarios del beneficio sobre las tarifas de gas, en una ciudad donde el invierno, el consumo de calefacción y la caída del poder adquisitivo golpean cada vez más fuerte.
 
La iniciativa propone recortar el alcance geográfico del esquema aprobado en 2021 y concentrar los subsidios en sectores considerados vulnerables. De avanzar la reforma, General Pueyrredon podría quedar parcialmente afectado por una poda que impactaría de lleno en las boletas de hogares de clase media, jubilados, comerciantes y trabajadores.
 
El dictamen fue firmado en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda con respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y otros bloques aliados. Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, el nuevo esquema eliminaría el subsidio para 1,6 millones de usuarios y mantendría el beneficio focalizado en quienes estén dentro del sistema de subsidios energéticos o acrediten condiciones socioeconómicas vulnerables.

Desde la oposición, el debate también dejó fuertes cruces políticos. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó que la ley original había sido acompañada por gran parte de quienes hoy integran o respaldan al oficialismo. Del otro lado, legisladores libertarios insistieron en que el esquema vigente terminó beneficiando a sectores de alto poder adquisitivo y defendieron la necesidad de “ordenar” los subsidios.
 
La discusión excede lo técnico y toca de lleno la realidad marplatense. En una ciudad atravesada por extensos períodos de bajas temperaturas y una fuerte dependencia del gas para calefaccionarse, la posible reducción del régimen genera preocupación tanto en sectores políticos como sociales. Mientras el oficialismo nacional sostiene que el esquema actual subsidia a sectores de altos ingresos, desde distintos espacios advierten que el recorte terminará alcanzando a familias trabajadoras que ya vienen soportando aumentos de tarifas y caída del consumo.
 
En General Pueyrredon ya comenzaron a aparecer señales de rechazo. En el Concejo Deliberante se presentaron proyectos de resolución para expresar preocupación por la reforma impulsada desde la Casa Rosada, mientras distintas entidades y organizaciones locales comenzaron campañas de recolección de firmas para evitar que Mar del Plata pierda el beneficio de Zona Fría.
 
El régimen ampliado en 2021 había incorporado a millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires bajo el argumento de las condiciones climáticas y el alto costo energético durante el invierno. Ahora, el Gobierno libertario busca dar marcha atrás con esa expansión y reemplazar el criterio geográfico por uno focalizado en ingresos.
 
Con sesión prevista para el próximo 20 de mayo, el Gobierno busca convertir en ley una modificación que podría reconfigurar el mapa tarifario argentino. Y en ciudades como Mar del Plata, donde el frío no es una excepción sino parte de la vida cotidiana, la discusión ya empezó a sentirse como una amenaza concreta al bolsillo.

“Don Barredora”, “marplatenses mugrientos” y déficit: el explosivo cruce en el Concejo

El tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025 dejó un recinto cargado de tensión política. Juan Manuel Cheppi cuestionó el déficit, la falta de obras y se burló de los videos del titular del EMSUR con una referencia a Los Simpsons, mientras Vilma Baragiola salió al cruce y lanzó otra frase que encendió el debate sobre los vecinos.



El tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025 en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon tuvo este jueves un clima caliente desde las cuestiones previas. Chicanas, cruces personales y fuertes críticas a la gestión municipal marcaron una sesión atravesada por el déficit, la falta de obras y los cuestionamientos al oficialismo.
 
Uno de los discursos más duros fue el del presidente del bloque del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, quien adelantó que la bancada massista no acompañará los números del Ejecutivo local. “Hay diez años de gobierno. En este caso, tres años consecutivos de déficit”, disparó el edil opositor.
 
Cheppi cuestionó además el relato oficial sobre el equilibrio fiscal y apuntó contra el discurso de ajuste impulsado desde el oficialismo local y nacional. “Además, se la dan de jarabe de pico, que son los artífices del superávit, de las cuentas, de la eficiencia y del ajuste. Bueno, acá en Mar del Plata nada que ver”, lanzó.
 
En esa línea, ironizó sobre el acercamiento político de sectores del oficialismo al gobierno nacional de Javier Milei. “Se pintan de violeta” y “no hay ni una sola obra”, subrayó. "Díganme una cintita que hayan cortado”, sostuvo.

El referente massista profundizó sus críticas y aseguró: “Ni una cuadra de asfalto, ni un jardín de infantes”. Luego agregó: “Inauguran plazas a las que una empresa les pone WiFi y se sacan una foto”.

Cheppi también apuntó contra el presidente del EMSUR, Daniel Martínez, y sus videos en redes sociales arriba de los camiones recolectores. En tono irónico y con referencia a Los Simpsons, expresó: “Don Barredora, soy yo”. Y remató: “¿No le da vergüenza llegar a este punto?”.
 
“Ni una obra trajeron”, insistió el titular del Frente Renovador. “Horrible son gestionando”. Y cerró con otra chicana: “Diez años de gestión y son los mismos funcionarios para pintarse de violeta. Si van a tener déficit, aunque sea hagan un polideportivo”.
 
Las declaraciones generaron una rápida respuesta desde el oficialismo. La concejal de la UCR-Nuevos Aires, Vilma Baragiola, tomó la palabra y, antes de contestar las críticas políticas, se refirió al fallecimiento de Jesús José Vega, una persona en situación de calle encontrada muerta en el centro marplatense este jueves.
 
La exsecretaria de Desarrollo Social explicó que el hombre había sido asistido por el área municipal y había concurrido varias veces al parador, aunque rechazó ayuda la última noche. En ese contexto, señaló las limitaciones que impone la Ley de Salud Mental para intervenir cuando una persona no acepta ser trasladada.
 
“Yo voy a hablar como radical. Nosotros somos parte de una gestión desde diciembre de 2019 hasta la fecha, conducida por el intendente Guillermo Montenegro, hoy en licencia”, expresó la edil.
 
Luego defendió su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y recordó su experiencia en distintas administraciones municipales. “La verdad es que he trabajado con varios de los que están acá sentados cuando les tocó estar en funciones”, afirmó.
 
Tras eso, Baragiola recogió el guante de las críticas opositoras y lanzó una respuesta directa: “Algunos deciden hacer grandes inauguraciones con cortes de cinta, otros prefieren que lo que se termina se abra para dar servicio”.
 
La concejal destacó además que durante su gestión se abrieron Centros de Desarrollo Infantil y defendió el trabajo municipal en materia de limpieza urbana. En clara alusión a Cheppi y sus dichos sobre “Don Barredora”, sostuvo: “Tal vez algunos se quejen de los camiones de basura o de funcionarios acompañando a los trabajadores municipales levantando los basurales clandestinos”.
 
“Los basurales no nacen como hongos porque sí. Somos bastante mugrientos los marplatenses”, lanzó.
 
El tono del debate fue escalando y Baragiola terminó hablándole directamente a Cheppi, elevando el volumen de voz y obligando al presidente del Concejo, Emiliano Recalt, a intervenir para pedir calma en el recinto.

“Cuatro veces fui secretaria de Desarrollo Social y no fui más porque no acepté seguir siéndolo”, sostuvo la edil radical. Y agregó: “Trabajo todo el día, no vengo un ratito acá y me voy a mi casa”.
 
Baragiola cerró con un mensaje dirigido a las disputas políticas internas y nacionales: “No me avergüenzo de los dirigentes o de las personas a las que les acepto trabajar. Y no critico a los dirigentes políticos nacionales que tiene cada uno. No me meto en las internas de cada uno”.

Luz verde a la rendición de cuentas: el oficialismo convalidó el ejercicio 2025

El interbloque oficialista logró aprobar los balances y la compensación de gastos del año pasado en el Concejo Deliberante. La oposición cuestionó duramente la gestión de las partidas y se dividió únicamente ante el expediente de Obras Sanitarias.



En una jornada marcada por la tensión política y el cruce de reproches sobre la eficiencia administrativa, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó las Rendiciones de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2025. Durante la 2º Sesión Pública Especial del 111° Período Legislativo el interbloque oficialista logró imponer su mayoría para blindar la gestión financiera de la Administración Central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado. La sesión no solo sirvió para balancear los libros, sino también para autorizar la compensación de excesos en las partidas presupuestarias, un punto que concentró las críticas de la oposición por la falta de previsión en el gasto.

El debate se centró en una serie de expedientes que expusieron la fractura del recinto. La Administración Central obtuvo la aprobación de su rendición y la autorización para compensar los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos 2025 bajo el Expediente 1238-D-26. Esta misma lógica se replicó en los entes descentralizados, donde el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) , el de Servicios Urbanos (EMSUR) , el de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) y el de Turismo y Cultura (EMTURYC) lograron validar sus números a pesar de los cuestionamientos por los desfasajes financieros. En todos estos casos, la votación fue un calco de la correlación de fuerzas actual: el PRO, la UCR+Nuevos Aires, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza sumaron sus votos para la aprobación, mientras que Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro rechazaron en bloque los expedientes.

La nota discordante en el tablero de votación la dio el tratamiento de Obras Sanitarias (OSSE), correspondiente al Expediente 1243-D-26. Si bien el oficialismo mantuvo la mayoría necesaria para aprobar la gestión de la empresa estatal, el bloque opositor se fragmentó: Acción Marplatense mantuvo su voto negativo, pero Unión por la Patria y el Frente Renovador optaron por la abstención.Este matiz no ocultó la crítica de fondo sobre la "compensación de partidas con excesos" que atravesó todo el debate, una herramienta técnica que la oposición denunció como un síntoma de desorden administrativo, mientras que el oficialismo la defendió como una necesidad operativa frente a los vaivenes económicos del último año.

Con este resultado, el Ejecutivo logra cerrar formalmente su balance anual, aunque las esquirlas políticas de una sesión cargada de denuncias por la falta de obras y el estado de la ciudad prometen seguir resonando en los pasillos del Palacio Municipal, en la antesala de la 3° Sesión Pública Ordinaria.


Boletos, redes y barro político: el Concejo deliberó entre facultades delegadas y cruces generacionales

En una jornada marcada por la cesión del control tarifario al Ejecutivo hasta finales de 2026, el puerto alzó la voz ante la amenaza a la flota fresquera y la política local estalló en un duelo dialéctico de alto voltaje entre el oficialismo y los bloques opositores.



La Tercera Sesión Pública Ordinaria del Período 111 del Concejo Deliberante de General Pueyrredon comenzó con el paso cambiado. Aunque el reloj marcaba las 15:20 cuando se dio el inicio formal, la demora de veinte minutos fue apenas el preludio de una jornada maratónica que se extendió hasta pasadas las 19:30. El recinto lució una fisonomía incompleta: de las 24 bancas, una permaneció llamativamente vacía. Pablo Obeid, referente de Unión por la Patria, no estuvo presente y, de manera inusual, el bloque decidió no asignar un reemplazo para su escaño, dejando a la oposición con un voto menos en una tarde de definiciones clave.

La convocatoria a las 15 horas no fue caprichosa, sino que respondió a la necesidad de cumplir con las 48 horas reglamentarias tras la comisión conjunta de Movilidad y Legislación del martes pasado, donde se cocinó el plato fuerte del día: la facultad del Departamento Ejecutivo para fijar la tarifa del transporte público.

El inicio estuvo marcado por la voz del sector productivo en la Banca 25, ocupada por Pablo Trueba, titular del SIMAPE. Con un discurso cargado de urgencia, el dirigente gremial cargó contra el informe técnico del Consejo Federal Pesquero que busca redistribuir cuotas de captura de merluza común en favor de los buques congeladores, en detrimento de los fresqueros marplatenses. Trueba fue tajante al calificar la iniciativa como un "negocio" redactado por desconocedores del sector y advirtió sobre el riesgo inminente de que el puerto local se transforme en un "cementerio de barcos". La contundencia de su exposición obligó a un parate en la sesión; desde Labor Deliberativa lo convocaron en dos oportunidades para profundizar en los detalles técnicos antes de retomar la actividad política pasadas las 16:55.

Al regreso, la tensión procedimental se hizo presente cuando Emiliano Recalt, presidente de la comisión, intentó apurar la votación de un despacho mientras las distintas fuerzas exigían claridad sobre el texto. Tras un breve malentendido, se aclaró el mecanismo: primero la incorporación y luego la aprobación de una solicitud "con carácter urgente" al Consejo Federal Pesquero para frenar la transferencia de cuotas y conformar una mesa de trabajo amplia. El proyecto, que busca proteger el trabajo local y solicitar medidas de asistencia, fue aprobado por unanimidad, con la única excepción de la abstención de La Libertad Avanza.

El segmento de las cuestiones previas sirvió para desnudar las deudas de la gestión municipal y caldear el clima político. Gabriela Azcoitia (UCR+Nuevos Aires) puso el foco en la vulnerabilidad de los adultos mayores en las residencias geriátricas, mientras que Horacio Taccone (AM-MDF) cuestionó la falta de recursos y la floja promoción turística. Sin embargo, el tono subió cuando Diego García (UP) realizó una radiografía cruda del Cementerio Parque, denunciando la ausencia de un director, la falta de reglamento y una caída estrepitosa del personal: de 110 trabajadores en 2001 a solo 36 en la actualidad. García describió un escenario de abandono con baños públicos clausurados, falta de seguridad y vandalismo, extendiendo su crítica a los alrededores del estadio Minella, al que calificó como un "escándalo" de tiros, asados y ruidos molestos permitidos por la desidia oficial.

Por su parte, Ariel Martínez Bordaisco (UCR+Nuevos Aires) reavivó la polémica por la jurisdicción de Punta Mogotes, lo que desató el cruce más feroz de la tarde. El debate derivó en un enfrentamiento personal entre Gustavo Pulti (AM-MDF) y el presidente del PRO, Julián Bussetti. El joven concejal oficialista no ahorró calificativos para el exintendente, señalando que hay figuras que ocupan bancas desde antes de su propio nacimiento y que han traído "más problemas que soluciones". Bussetti cuestionó la superioridad moral del pultismo recordándole sus alianzas con Amado Boudou y Cristina Kirchner, y cerró con una estocada al nuevo sello de Acción Marplatense, "Movimiento Derecho al Futuro", tildándolo de un simple camuflaje para "los últimos 30 años" de la misma política.

Finalmente, el orden del día llegó a la Nota Particular 37/26, el expediente que delega en el Ejecutivo local la facultad de aumentar el boleto de colectivo hasta el 31 de diciembre de 2026. Bussetti reconoció que el transporte en la ciudad "funciona mal" y que se atraviesa una crisis profunda, pero defendió la medida como una herramienta necesaria. La respuesta de la oposición fue unánime en el rechazo pero variada en el tono: se habló de "acción extorsiva" por parte de las empresas, de un aumento inminente que elude el debate democrático en el recinto y de la falta de voluntad para discutir un servicio digno en un contexto climático adverso. Pese a las críticas, el oficialismo hizo valer su número y la delegación de facultades fue aprobada por mayoría, con el voto negativo de Unión por la Patria, el Frente Renovador y AM-MDF.

La sesión se levantó cerca de las 19:30, dejando un sabor a victoria administrativa para el Ejecutivo, pero un panorama de fragmentación y cuentas pendientes que prometen seguir agitando el debate marplatense.


Golpe al bolsillo: el boleto de colectivo en Mar del Plata subirá a $1922 desde junio

Tras obtener las facultades delegadas por el Concejo Deliberante, el intendente interino Agustín Neme oficializó el nuevo esquema tarifario para el transporte público. El incremento, que entrará en vigencia el primer día del próximo mes, se fundamenta en un sistema que atraviesa un desequilibrio financiero crítico y una fuerte caída en la demanda de pasajeros.



La velocidad de la respuesta política no dejó margen para las especulaciones. Apenas unas horas después de que el Concejo Deliberante sancionara la Ordenanza N° 26.966, facultando al Departamento Ejecutivo para fijar la tarifa del transporte público hasta fin de año, el gobierno municipal hizo uso de esa herramienta. A través del Decreto 1002/26, firmado este viernes 15 de mayo, se estableció que el boleto plano en el Partido de General Pueyrredon pasará a costar $1922 a partir de las cero horas del próximo 1 de junio. La decisión, refrendada por el secretario Mauro Martinelli y el intendente interino Agustín Neme, busca estabilizar un sistema que, según los informes técnicos adjuntos, se encuentra en una situación de crisis profunda.

El nuevo valor se ajusta estrictamente al resultado del estudio técnico de costos realizado por la Dirección General de Transporte, que arrojó una cifra de $1922,56. De esta manera, el Ejecutivo optó por desoír el pedido de la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP), que pretendía elevar la tarifa a $2569,48. Para la administración municipal, el número final representa un intento de equilibrar la sostenibilidad del servicio con el impacto en la economía real de los usuarios, en un contexto donde los costos operativos han escalado exponencialmente frente a ingresos que no logran compensarlos.

Los fundamentos del decreto exponen una radiografía preocupante del transporte urbano en la ciudad. El informe destaca que el sistema arrastra un "desequilibrio financiero" derivado de una demanda que no logró consolidar su recuperación tras la pandemia. Mientras que en el período pre-pandémico el Índice Pasajero Kilómetro (IPK) era de 2,48, en el último año analizado esa cifra descendió a 1,64. A este escenario se suma la escasa incidencia de los subsidios estatales: de un costo total por kilómetro de $3666,81, los aportes de Nación y Provincia apenas cubren el 12,64% ($463,56), dejando el resto de la carga sobre la tarifa que abona el pasajero.

En términos políticos, el decreto subraya que la situación de Mar del Plata no es una isla, sino que refleja la realidad del transporte en el interior del país, donde ciudades como Pinamar, San Martín de los Andes o Bariloche ya manejan tarifas que superan o rondan los $2000. El texto oficial también menciona la presión de las paritarias salariales —con sueldos para el personal de conducción que alcanzan los $1.545.278— y los constantes aumentos en el precio del combustible como factores determinantes para el "sinceramiento" de los precios.

Además del boleto urbano plano, el nuevo cuadro tarifario impactará en los servicios suburbanos y mixtos. Por ejemplo, el trayecto desde la Ex Estación Terminal hasta Colinas Verdes llegará a los $3049,89, mientras que el viaje a Sierra de los Padres costará $2748,29. A pesar de los aumentos, el municipio confirmó que se mantendrán las gratuidades para alumnos de escuelas primarias públicas, docentes y personas con discapacidad, tal como lo establecen las ordenanzas vigentes.

Playa Redonda: los detalles del contrato y el plan de obra que marcan la concesión hasta 2046

La adjudicación de la Unidad Turística Fiscal a la firma Santiago de Compostela 1943 S.A. formaliza un esquema de explotación por 20 años en una de las zonas más sensibles del sur marplatense. Entre el reclamo ambiental por el uso del suelo y las cláusulas que eximen del pago de canon durante la construcción, el proyecto busca instalar un modelo de "bajo impacto" para desactivar la resistencia vecinal.



El proceso administrativo para la explotación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda ha entrado en su etapa operativa tras la firma del contrato entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la empresa Santiago de Compostela 1943 S.A.. El documento, rubricado ayer 14 de mayo de 2026, otorga la concesión del predio hasta el año 2046, con una opción de prórroga de seis años adicionales sujeta a la aprobación del Concejo Deliberante. Este acuerdo se da en un clima de marcada tensión política y social, donde las denuncias de grupos ambientalistas sobre una posible "privatización de la costa" chocan con los detalles técnicos de una propuesta que, según la información a la que tuvo acceso este medio, intenta alejarse del concepto de complejo cerrado o "country" marítimo.

El pliego de bases y condiciones, que rige la actividad de la firma, establece un esquema de obligaciones y beneficios financieros que definen el rumbo del proyecto. Aunque el canon anual para la temporada 2026/2027 se fijó en 90 millones de pesos, el contrato estipula una excepción de pago por un plazo de 24 meses, coincidente con el periodo máximo de obra. Esta carencia en el ingreso de fondos para el municipio se compensa, desde la perspectiva técnica, con la exigencia de inversiones millonarias en infraestructura: el concesionario ya debió acreditar una garantía de obra para la primera etapa que supera los 972 millones de pesos. La fiscalización de estos avances quedará bajo la órbita del Departamento de Unidades Turísticas Fiscales, en un sector donde cada movimiento de suelo es observado de cerca por la comunidad.

Frente a las críticas por el impacto visual y ambiental en el sur, el proyecto presentado ante las autoridades municipales propone una intervención basada en materiales no permanentes. El plan contempla la construcción de 15 unidades de cabañas que prescinden del uso de cemento, hormigón o estructuras metálicas pesadas, buscando una integración con el entorno natural sin alterar la fisonomía actual del terreno. Según se sabe, el complejo funcionará como un "Club de Playa" que sumará servicios de gastronomía, alojamiento, escuela de surf y locales comerciales. En términos laborales, se proyecta que la operatividad de la unidad demande entre 80 y 120 puestos de trabajo directos, una cifra relevante para la economía local de General Pueyrredon.

Uno de los puntos más sensibles de la controversia gira en torno a la libre circulación y el acceso a los servicios básicos. El contrato de concesión obliga explícitamente a la empresa a mantener sectores públicos de acceso libre y gratuito, incluyendo caminos, áreas para personas con discapacidad, el sector de arena y los baños públicos. La cláusula tercera del documento refuerza el carácter de "dominio público" de la unidad, advirtiendo que, al extinguirse el contrato, todas las mejoras quedarán en propiedad municipal sin derecho a indemnización para el privado. No obstante, el desafío del Ejecutivo local será garantizar que estos límites entre la explotación comercial y el derecho ciudadano no se diluyan en la práctica cotidiana de la concesión durante las próximas dos décadas.

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