24 de mayo de 2026
UNIDAD TURÍSTICA FISCAL
Playa Redonda: Crecen las críticas vecinales mientras el Municipio avanza con la entrega de la UTF
Tras la ratificación de la concesión de Playa Redonda por parte del EMTURYC, vecinos y organizaciones ambientalistas redoblan los cuestionamientos al proyecto y reclaman acceso a la documentación vinculada al impacto ambiental y al proceso licitatorio.
Luego de que el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC) ratificara la adjudicación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda y rechazara la impugnación presentada por una firma competidora, ahora crece el conflicto con vecinos y organizaciones ambientalistas que cuestionan el proceso licitatorio y reclaman mayor transparencia antes de la toma de posesión del predio.
La controversia se da después de que el EMTURYC confirmara la concesión por 20 años a la empresa Santiago de Compostela 1943 S.A., vinculada al publicista Roberto Fiocca. La firma ofertó un canon anual de $90 millones y prometió una inversión superior a los $2.500 millones para desarrollar un complejo que incluiría un spa, un restaurante, locales comerciales, estacionamiento y 15 unidades de alojamiento.
La reciente resolución del ente turístico dejó firme la adjudicación al rechazar la presentación realizada por una empresa competidora, que había cuestionado distintos aspectos técnicos y administrativos del proceso. Con ese paso administrativo resuelto, el Municipio quedó en condiciones de avanzar con la entrega efectiva del predio ubicado en Ruta 11 y calle 749.
Sin embargo, el avance del expediente reactivó el malestar de vecinos de la zona sur y de integrantes de la Asociación Marplatenses Conservacionistas, entidad que hasta ahora ocupaba el espacio mediante un permiso precario otorgado tras el escándalo ambiental que años atrás terminó con la salida de Rancho Móvil.
En ese marco, vecinos anticiparon nuevas protestas y presentaron un pedido formal de acceso a la información pública para exigir documentación vinculada a la licitación. Entre otros puntos, reclaman conocer si la empresa adjudicataria presentó un estudio de impacto ambiental previo y cuestionan que la Declaración de Impacto Ambiental no haya sido emitida antes de concretar la adjudicación.
Además, solicitan la intervención de organismos externos y piden que se suspendan los trámites administrativos vinculados al proyecto hasta garantizar el cumplimiento de todas las normativas ambientales vigentes.
El conflicto suma así un nuevo capítulo en torno a una de las últimas UTF de la zona sur que permanecían sin concesión privada y que ahora vuelve a quedar en el centro de la discusión entre el impulso municipal al desarrollo turístico y los cuestionamientos por el impacto ambiental y urbanístico del emprendimiento.