La Tecla Mar del Plata
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La semana legislativa comenzará con movimiento en el Concejo Deliberante. La Comisión de Legislación, presidida por el edil de la UCR–Nuevos Aires Ariel Bordaisco, abrirá junio con una agenda de 13 expedientes, aunque dos iniciativas aparecen como las más relevantes por su impacto político, económico y urbano.
Por un lado, desembarcará en la comisión el expediente que busca autorizar a Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) a firmar una adenda contractual con la empresa Coarco SA para retomar parcialmente la segunda etapa del Acueducto Oeste, una obra estratégica que quedó paralizada tras el cambio de gobierno nacional y el freno a la obra pública impulsado por la gestión de Javier Milei.
La iniciativa, que ya obtuvo respaldo unánime en Ambiente y Obras, propone reactivar al menos el 50% de los trabajos mediante un esquema financiado exclusivamente con recursos de la empresa municipal. Además, llega con pedidos de informes a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.
El proyecto impulsado por el presidente de OSSE, Tomás Amato, dirigente ligado a La Libertad Avanza, apunta a recuperar una intervención clave para garantizar agua potable a unos 86 mil vecinos del distrito.
La obra comenzó en 2022 con financiamiento mayoritario del entonces Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), pero quedó frenada tras la disolución del organismo y el corte de transferencias nacionales. Frente a ese escenario, OSSE negoció con la contratista Coarco una continuidad parcial bajo un esquema que contempla un desembolso cercano a los $923 millones y pagos diferidos absorbidos en parte por la propia empresa.
Pero el expediente llega acompañado de ruido político. Coarco está vinculada al empresario marplatense Patricio Gerbi, arrepentido en la causa “Cuadernos”, investigación judicial sobre presuntas coimas en la obra pública durante gobiernos kirchneristas. En los últimos meses, además, la Justicia rechazó un pedido de probation presentado por el empresario para evitar el juicio oral.
El otro expediente fuerte de la jornada también promete discusión. Se trata de la iniciativa del Ejecutivo para extender por otros 18 meses la Ordenanza 25.113, uno de los pilares del régimen aprobado en 2021 para incentivar la actividad privada y la construcción tras la pandemia. Si prospera, el esquema continuará vigente hasta diciembre de 2027.
Desde el gobierno municipal defienden la herramienta como un motor para sostener inversiones y empleo. En el expediente, el secretario de Obras, Jorge “Guasa” González, sostiene que el régimen permitió dinamizar la construcción, ampliar indicadores urbanísticos y consolidar cesiones de espacio público.
Los números forman parte del argumento oficial: según la documentación, la construcción representa más del 10% del Producto Bruto Geográfico local y desde la implementación del sistema se aprobaron más de 2,6 millones de metros cuadrados para edificar.
Sin embargo, el debate vuelve rodeado de cuestionamientos. La ordenanza ya había vencido y debió ser regularizada mediante una convalidación retroactiva el año pasado. Ahora, la nueva prórroga reactiva discusiones sobre la continuidad de beneficios urbanísticos y el uso de excepciones, en un contexto donde las compensaciones urbanísticas todavía carecen de un marco actualizado.
El nuevo plazo propuesto tampoco pasa inadvertido: diciembre de 2027 coincide con el cierre del próximo mandato municipal y la renovación parcial del Concejo, un dato que agrega lectura política a una discusión que combina urbanismo, inversión privada y planificación de largo plazo.
Así, junio abrirá su agenda legislativa con dos expedientes de alto voltaje, atravesados por debates sobre financiamiento, obra pública y el modelo de desarrollo que impulsa la ciudad.