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Punta Mogotes: vencimientos, pulseada judicial y una prórroga en carpeta
La caducidad escalonada de los permisos reabre la tensión institucional. El ente administrador analiza una continuidad provisoria mientras avanza la causa en la Justicia. Se buscaría dar permisos precarios a los balnearios hasta el 30 de abril del 2027.
El conflicto por el futuro de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo en la previa de una fecha que puede resultar determinante para el esquema de concesiones en el complejo costero. En medio del litigio judicial entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon, el foco volvió a ponerse sobre el inminente vencimiento de los contratos de explotación de los balnearios y la posibilidad de una prórroga transitoria que evite un escenario de incertidumbre administrativa.
El próximo 27 de junio caducarán los permisos de 20 de los 24 balnearios que integran el complejo. A ese grupo se suman vencimientos escalonados en otras unidades: el balneario 16 el 2 de julio, el 24 el 23 de julio, y los balnearios 20 y 19 con plazos extendidos hasta septiembre. Este cronograma dispar quedó en el centro de la escena en un contexto donde la definición de fondo sobre la administración del predio sigue sin resolución firme.
Con la disputa aún abierta en el plano judicial y luego de la intervención de la Suprema Corte bonaerense, que confirmó la continuidad del expediente en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, el proceso ingresó en una etapa de alta tensión institucional. En paralelo, el tribunal convocó a una audiencia presencial para el 30 de junio de 2026, instancia en la que deberán sentarse Provincia y Municipio con representantes con capacidad de decisión.
En ese escenario, el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, representante del consorcio mayoritariamente provincial, impulsó una alternativa para evitar un vacío operativo en el complejo. La propuesta consiste en otorgar un permiso precario de continuidad a las actuales concesiones hasta el 30 de abril de 2027, medida que permitiría sostener la actividad mientras se define el fondo del conflicto.
El esquema fue puesto a consideración dentro del ente administrador, donde el representante municipal votó en contra, en un directorio compuesto en un 70% por la Provincia y un 30% por el Municipio. Ahora la definición quedó en manos de los organismos provinciales, que deberán resolver si avalan o no la extensión propuesta.
La intención de Maraude es evitar que la finalización de los contratos derive en un escenario de paralización o litigios individuales entre concesionarios y el Estado, en un contexto donde todavía no existe resolución definitiva sobre la titularidad plena del complejo. La prórroga, según la lógica planteada, funcionaría como un puente administrativo hasta que la Justicia avance en la definición de fondo.
Sin embargo, la decisión también abre un nuevo frente político. El Municipio observa con cautela la extensión de los permisos en medio de la discusión por el traspaso de Mogotes, mientras la Provincia analiza si convalidar el esquema o esperar a que la audiencia judicial del 30 de junio marque un nuevo rumbo en la negociación.
En este tablero cruzado entre lo judicial, lo político y lo administrativo, Punta Mogotes vuelve a ubicarse en el centro de una disputa que combina vencimientos inmediatos con definiciones estructurales aún pendientes. Y mientras los plazos corren, la resolución sobre el futuro de los balnearios sigue abierta.