La Tecla Mar del Plata
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Lo que la semana nos dejó
La aprobación de la ordenanza que regula las aplicaciones de transporte, los primeros seis meses de Agustín Neme al frente de la Municipalidad, el creciente respaldo a la modificación de la Ordenanza 14.000 y el avance de la trama judicial por Punta Mogotes fueron algunos de los temas más importantes de la semana de la mano de La Tecla.
La trama detrás del desalojo de Punta Iglesia y las sombras de un nuevo "favorito"
La trama detrás de las concesiones de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en Mar del Plata sumó un capítulo que amenaza con convertirse en un verdadero tsunami político y judicial. En el centro de la escena aparece el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), conducido por el polémico coach ontológico Diego Juárez, bajo cuya gestión se firmó la Resolución REMT-2026-220-E que rechazó la prórroga de la explotación del tradicional Balneario Punta Iglesia a la firma Balena Argentina S.A. La decisión no solo desató una fuerte contraofensiva legal de la empresa, sino que también reavivó versiones sobre presuntos favoritismos y posibles negocios detrás de una futura licitación.
Fuentes vinculadas al sector empresarial de la ciudad aseguran que la intempestiva salida de la concesionaria no sería un hecho aislado. En los pasillos municipales circula con insistencia la versión de que la medida podría ser el primer paso para despejar el camino hacia una nueva licitación que tendría como principal beneficiario a Carlos "El Griego" Phipalsidis, uno de los empresarios más poderosos del negocio de las playas y la noche marplatense, que ya concentra varias UTF a lo largo de la costa local.
La firma afectada, presidida por Hugo A. Amado Kohli, presentó un recurso administrativo contra la resolución del EMTURyC. Según trascendió de fuentes judiciales, la empresa solicitó la revocación del acto ante el propio Juárez o, en su defecto, que el expediente sea elevado al intendente Guillermo Montenegro para su revisión. Los argumentos incluidos en la presentación apuntan no solo a una supuesta "mala fe administrativa", sino también a una presunta falta de control por parte del Municipio sobre el espacio público concesionado.
En ese sentido, desde el entorno de la empresa remarcan que Balena Argentina jamás recibió sanciones, multas ni apercibimientos durante toda la vigencia del contrato. Además, destacan que el balneario cuenta con final de obra aprobado y fue distinguido en dos oportunidades consecutivas como "Balneario Modelo en Accesibilidad", gracias a las inversiones realizadas para garantizar infraestructura adecuada a personas con movilidad reducida.
Sin embargo, el núcleo del conflicto estaría en otro aspecto. Según sostienen fuentes cercanas a la causa, durante años el Municipio habría tolerado la presencia de un "balneario paralelo" ilegal que ocupó gran parte del frente de playa pública. Esa situación habría impedido a la concesionaria instalar módulos gastronómicos contemplados en el pliego y explotar las sombras móviles que le habían sido otorgadas como compensación, afectando seriamente la ecuación económica del emprendimiento.
La controversia también alcanza a los fundamentos utilizados por el EMTURyC para rechazar la continuidad de la concesión. La resolución sostiene que Punta Iglesia requiere obras de renovación y modernización de gran magnitud. Sin embargo, desde la empresa aseguran que ese diagnóstico surge de un proyecto integral que fue encargado y financiado por la propia Balena Argentina S.A. a partir de conversaciones mantenidas con autoridades municipales.
El plan, elaborado por la arquitecta Natalia Mercedes Antelo y presentado formalmente ante el Ente, contemplaba la puesta en valor del Puente Peatonal Arturo Illia, la recuperación del deteriorado Espigón de Pescadores y la modernización de los sanitarios públicos y del centro de jubilados lindero. La paradoja, según sostienen desde la firma, es que esas mismas necesidades edilicias identificadas en el proyecto habrían sido utilizadas luego como argumento para justificar la no renovación de la concesión y avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio.
A este escenario se sumó un episodio reciente que profundizó el malestar de la empresa. Tras la ciclogénesis que golpeó a Mar del Plata en mayo de este año y que dejó más de 70 centímetros de agua dentro de las instalaciones, la concesionaria afrontó con recursos propios trabajos de emergencia para preservar el predio. Entre las tareas realizadas se incluyeron el uso de bombas de desagote, la contratación de cuadrillas para remover grandes cantidades de arena y la reparación integral del sistema de bombeo.
Según plantean desde el entorno judicial de la causa, apenas unos días después de concretar esas inversiones extraordinarias, el EMTURyC dictó la resolución que dispuso el fin de la concesión. Por ese motivo, la presentación de la empresa sostiene que existe un supuesto "enriquecimiento sin causa" por parte del Estado municipal, que terminaría beneficiándose de mejoras millonarias financiadas por el privado poco antes de perder el control de la UTF.
Mientras tanto, Balena Argentina busca obtener una medida cautelar que suspenda cualquier intento de desalojo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La firma también dejó planteada la posibilidad de acudir a la Justicia Contencioso Administrativa si su reclamo administrativo es rechazado.
El expediente podría sumar además un nuevo capítulo político. Según pudo saber este medio, la empresa solicitó que todas las actuaciones sean remitidas al Honorable Concejo Deliberante para que los distintos bloques analicen los alcances de la resolución. De prosperar ese pedido, el conflicto por Punta Iglesia podría trasladarse al terreno político y abrir un debate sobre el manejo de las UTF, las futuras licitaciones y las sospechas de favoritismo que vuelven a sobrevolar uno de los negocios más sensibles de la costa marplatense.
Los primeros seis meses de Agustín Neme
Cuando Agustín Neme asumió el 10 de diciembre de 2025 como jefe comunal de General Pueyrredon tras la licencia de Guillermo Montenegro, quién desembarcó en el Senado bonaerense, el objetivo parecía claro: garantizar la continuidad de una gestión que gobernaba la ciudad desde 2019. Sin embargo, el semestre terminó dejando un escenario más complejo. Cambios de gabinete, nuevas tasas, conflictos con la Provincia, alineamiento con Javier Milei y las diferencias dentro del oficialismo transformaron el interinato en una experiencia política con desafíos propios.
Los primeros movimientos llegaron dentro del Ejecutivo. Neme reordenó parte del gabinete con la llegada de Guillermo Volponi a Desarrollo Local, Guillermo Schütrumpf a Desarrollo Social, Juan Tonto a la Secretaría Privada, Diego Juárez al EMTURyC y Tomás Amato en OSSE. Además, creó la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos para Santiago Bonifatti, una decisión que despertó críticas.
Aunque en sus primeras declaraciones aseguró que no encabezaría una “franquicia de La Libertad Avanza”, con el correr de los meses quedó claro que la gestión mantendría una fuerte continuidad con el modelo construido por Montenegro y alineado con Milei. La seguridad, el control del espacio público, la defensa de la Patrulla Municipal y la promoción de inversiones privadas continuaron ocupando un lugar central en la agenda oficial.
Uno de los primeros desafíos fue la negociación con el Sindicato de Trabajadores Municipales. El Ejecutivo logró cerrar un acuerdo salarial con recomposición por inflación, mejoras en la carrera administrativa y aumentos para las categorías más bajas. Sin embargo, la decisión de mantener el descuento de haberes a quienes adhieran a medidas de fuerza volvió a generar tensión con el gremio.
En el Concejo, después de cuatro prórrogas, el oficialismo consiguió aprobar el Presupuesto 2026 junto a la ordenanza fiscal e impositiva. El paquete incluyó la creación de la Tasa de Alumbrado Público, que comenzó a cobrarse a través de las facturas de EDEA y las cooperativas eléctricas. Para el gobierno se trata de una herramienta para financiar obras; para la oposición, de una nueva carga para los contribuyentes.
La discusión económica reapareció con la aprobación de la Rendición de Cuentas 2025. El expediente confirmó que el ejercicio anterior cerró con déficit, un dato que alimentó cuestionamientos opositores sobre el manejo financiero de la administración. Aun así, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para evitar una derrota política. En materia de gestión, Neme buscó mostrar resultados concretos. El programa de bacheo exprés se convirtió en una de las principales banderas de la administración y ya acumula más de 7.000 reparaciones según datos oficiales. A eso se suma el plan de recambio de luminarias, cuya primera etapa prevé la instalación de 5.000 equipos LED en distintos barrios financiados con los recursos de la nueva tasa.
La seguridad ocupó otro lugar destacado. El intendente reforzó el respaldo político a la Patrulla Municipal, anunció la incorporación de un cuerpo motorizado y profundizó el discurso de mano dura frente a los denominados “delincuentes del espacio público”.
La temporada de verano no dejó demasiados motivos para celebrar. Los números oficiales reflejaron una caída del 3,7% en la llegada de turistas respecto del año anterior, un dato que volvió a poner en discusión el presente de una de las principales actividades económicas de la ciudad.
En el plano político, la relación con Axel Kicillof atravesó distintas etapas. Si durante los primeros meses predominó una convivencia institucional, el conflicto por Punta Mogotes terminó profundizando las diferencias. En contraste, el alineamiento con Milei fue cada vez más evidente. Neme participó de actividades junto al Presidente, respaldó diversas de sus iniciativas y apoyó la privatización de la UT Chapadmalal y la reforma al Régimen de Zona Fría.
La cercanía con el universo libertario también comenzó a generar tensiones dentro de la coalición gobernante.A seis meses de haber asumido, Neme logró sostener la gobernabilidad, aprobar herramientas clave para la gestión y evitar sobresaltos mayores. Sin embargo, también quedaron expuestas contradicciones, conflictos abiertos y señales de desgaste político.
Lo que comenzó como una administración de transición terminó convirtiéndose en una etapa donde el principal desafío pasa por demostrar si puede construir un liderazgo propio o si seguirá gobernando bajo la sombra de Montenegro.
El debate por las aplicaciones de transporte reavivó las profundas fracturas políticas en el Concejo
El Palacio Municipal de General Pueyrredon estuvo sitiado por un despliegue de efectivos de la policía, la prefectura y personal de seguridad interna. La postal, que reflejó el nivel de susceptibilidad que atraviesa la política local, fue la consecuencia directa de los violentos choques ocurridos apenas ocho días atrás, cuando la Comisión de Movilidad Urbana terminó suspendida entre empujones y golpes de puño. Con el acceso restringido por La Rioja y las barras del recinto llamativamente despobladas, el conflicto social se mudó a las esquinas céntricas de Mar del Plata. En Luro e Yrigoyen, diversos taxistas y remiseros se agolparon para seguir las alternativas de la sesión a través de las pantallas de sus teléfonos celulares; en la intersección opuesta, de San Martín y La Rioja, los conductores de Uber, DiDi y Cabify hicieron lo propio. La división geográfica de las calles funcionó como un espejo perfecto de la polarización ideológica que, minutos después, se trasladaría al corazón del debate legislativo.
La reanudación del tratamiento parlamentario de los proyectos desnudó un escenario de confrontación que excede largamente la mera discusión técnica sobre la movilidad urbana. Lo que se escenificó en el recinto fue un choque de modelos económicos, laborales y de representatividad social, donde las diferentes fuerzas políticas locales marcaron posiciones irreconciliables frente a un problema que arrastra años de postergación.
Desde La Libertad Avanza, la concejal Noelia Álvarez Ríos defendió la necesidad de legalizar el funcionamiento de las aplicaciones digitales, argumentando que el compromiso actual pasa por dar respuesta a una realidad ya consolidada. "Hoy tenemos un compromiso que es saldar una deuda con los vecinos del Partido General Pueyrredon que eligen este sistema de transporte como una forma de movilizarse pero también con aquellos vecinos que eligen esta actividad como fuente laboral", sentenció la edil libertaria durante su intervención, marcando el pulso de un sector que asimila la regularización como un acto de convivencia bajo reglas claras.
La respuesta de la oposición no tardó en calibrar la discusión en términos de precarización laboral y soberanía tributaria. Desde Unión por la Patria, la concejal Mariana Cuesta recogió el guante para confrontar directamente con el oficialismo y criticar los tiempos del debate parlamentario. "Nosotros creemos que el tratamiento de este expediente es una vergüenza. Es una vergüenza porque el primer expediente (el 1212) llegó en el 2022 y ustedes tenían mayoría automática, igual que ahora. Sin embargo, cajonearon este proyecto, cajonearon el debate", replicó Cuesta. En sintonía con los cuestionamientos, la oposición alertó sobre los riesgos de delegar de forma absoluta las tareas de control del cumplimiento de los requisitos en las propias empresas tecnológicas de movilidad.
En el medio de esa disputa discursiva, el interbloque oficialista ensayó un complejo equilibrio político para evitar que el debate volviera a desbordarse y para encauzar una salida institucional. El presidente de la Comisión de Legislación, Ariel Martínez Bordaisco, de la UCR, buscó poner paños fríos a los cruces desde el inicio de la jornada y delimitar la responsabilidad del cuerpo deliberativo. "La forma de salir de eso es siempre sobre la base del diálogo, del planteo, la manifestación clara y jamás el camino es la violencia", argumentó Martínez Bordaisco. Minutos antes, el malestar de los choferes tradicionales se hizo sentir a través de sus voceros; Darío López, representante de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, graficó la crisis del sector al advertir que la situación actual "es una guerra de pobres, es una guerra que nos detonó", insistiendo en la necesidad de fijar un cupo para evitar la destrucción de la actividad.
El punto de quiebre de la jornada llegó al momentode las votaciones, donde se evidenció que el consenso en el Concejo Deliberante es parcial y estrictamente delimitado. El Expediente 1260/26, que propone modificaciones, incorporaciones y derogaciones en las Ordenanzas 4471 y 9294 para flexibilizar y modernizar el servicio tradicional de taxis y remises, logró una unanimidad absoluta entre todos los miembros de ambas comisiones. Este consenso técnico demostró que existe un acuerdo transversal en la necesidad de otorgarle herramientas de supervivencia al sector histórico frente a la crisis actual.
Sin embargo, la verdadera batalla política se libró en torno al Expediente1212/22, destinado a crear el Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales. Este proyecto fue aprobado por mayoría gracias a un bloque consolidado por el oficialismo. Los votos positivos de Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA), Noelia Álvarez Ríos (LLA), Julián Bussetti (PRO), Florencia Ranellucci (PRO), Vanesa Benavidez (LLA), Guido García (CC), Vilma Baragiola (UCR+NA), Marcelo Cardoso (PRO) y Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA) lograron imponerse sobre el rechazo cerrado de la oposición. El voto negativo estuvo conformado por un arco que unió a Mariana Cuesta (UP), Valeria Crespo (UP), Horacio Taccone (AM-MDF), Solange Flores (FR), Pablo Obeid (UP) y Diego García (UP), quienes impugnaron la legalización de las aplicaciones bajo las condiciones propuestas.
Con este resultado, ambos despachos quedaron unificados y listos para su tratamiento definitivo en la próxima sesión ordinaria del cuerpo de concejalas y concejales. La jornada concluyó ratificando que la cuestión del transporte en General Pueyrredon funciona como un microcosmos de las tensiones políticas provinciales y nacionales. Con las posiciones rígidamente bloqueadas y las calles custodiadas para contener el descontento, la discusión se traslada ahora al plano definitivo del recinto principal, donde se medirá el costo político real de una reforma histórica.
La Provincia rechazó el pago de Mar del Plata y la Justicia frena la cautelar local convocando a una audiencia clave
El histórico litigio por el control del Complejo Punta Mogotes ingresó en una fase de profunda definición institucional y jurídica tras la presentación formal de la respuesta de la Provincia de Buenos Aires ante la justicia marplatense, cuyos fundamentos técnicos quedaron asentados en el expediente judicial. Luego de que la Suprema Corte provincial destrabara la disputa por la competencia territorial, convalidando que las actuaciones permanezcan bajo la órbita del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, la estrategia provincial sumó un nuevo capítulo: el freno de la Justicia al pedido del Ejecutivo local para congelar de forma exprés las decisiones sobre el predio costero.
La urgencia del Palacio Municipal por obtener una medida de no innovar se topa con un factor temporal crítico en las playas. La comuna pretendía bloquear de inmediato cualquier intento de la Administración Punta Mogotes de lanzar nuevos procesos licitatorios o de convalidar extensiones contractuales para las unidades balnearias cuyos permisos vigentes caducan en los próximos días. Desde la perspectiva de la intendencia, cualquier innovación material en el complejo debe suspenderse hasta que se resuelva si el convenio interjurisdiccional de 1984 puede darse por terminado. Sin embargo, la representación jurídica de la Provincia solicitó el rechazo de esta cautelar, catalogando la postura municipal como "manifiestamente improcedente" y advirtiendo que paralizar la gestión del consorcio en este momento afectaría de forma directa el interés público.
Ante este escenario de tensión, el juzgado interviniente optó por una salida institucional de fuerte peso político: en lugar de dictar un fallo unilateral e inmediato sobre la cautelar, resolvió convocar a una audiencia presencial para el próximo 30 de junio de 2026 a las 12:00 horas. La disposición judicial exige que asistan los representantes legales acompañados por funcionarios que posean facultades resolutivas reales, obligando a los gobiernos provincial y municipal a sentarse cara a cara antes de definir el rumbo del balneario.
La discusión de fondo: El contraste financiero e institucional
Más allá de la batalla por la cautelar, el nudo de la controversia sigue centrado en la validez del pago por consignación judicial que ejecutó el Municipio por un monto superior a los catorce millones de pesos. Para la administración local, este depósito representaba la cancelación total del saldo de capital que el ente mixto mantenía con la Provincia, un paso que consideraban indispensable para restituir la jurisdicción de las playas a la órbita municipal.
Sin embargo, la réplica del gobierno provincial introduce un fuerte contraste económico que objeta la integridad de la oferta. La defensa bonaerense recordó que el origen de esa obligación se remonta a tres décadas atrás, cuando la Provincia debió desembolsar, en calidad de avalista, casi dieciocho millones de dólares en Bonos de Consolidación para liberar al complejo de su pasivo bancario. Desde la perspectiva de la Fiscalía de Estado, pretender extinguir semejante pasivo real con una cifra en pesos históricos y sin actualización constituye un ejercicio abusivo del derecho que contraría la buena fe.
El escrito provincial articula además una impugnación de carácter estrictamente institucional que cuestiona la legitimidad del municipio para intervenir en el vínculo obligatorio. La Provincia sostiene que el deudor formal no es la comuna, sino la propia Administración Punta Mogotes, un ente dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de sus miembros. Debido a que el consorcio administrador se encuentra cumpliendo regularmente con el cronograma de cuotas mensuales pactado bajo el Decreto 4209/97 y no ha sido constituido en mora, la representación provincial argumenta que no existe un marco de incumplimiento legal que habilite a un tercero a forzar un pago anticipado de manera unilateral.
La batalla por las auditorías y el escenario constitucional
El documento también deja al descubierto la disputa soterrada en torno a las pruebas solicitadas por los equipos técnicos de la intendencia. La Provincia opuso una resistencia categórica a la realización de la pericia contable integral requerida por la comuna, interpretándola como una maniobra exploratoria ajena a los fines de un juicio de consignación. Para los abogados provinciales, el pedido de auditar las actas del consejo, los balances de los últimos diez años y la situación impositiva del ente ante ARBA y AFIP representa un intento de convertir un trámite de pago en una fiscalización general encubierta, orientada a forzar por la vía judicial la acreditación de que el complejo ya no tiene obligaciones operativas pendientes.
Finalmente, la controversia adquiere volumen político al trasladarse al plano constitucional de la división de poderes. El escrito de la Fiscalía de Estado advierte expresamente que la determinación del valor real de la deuda pública y la aplicación de los regímenes de pesificación posteriores a la convertibilidad son competencias exclusivas del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía bonaerense. Una eventual intromisión judicial para fijar dichos montos en el marco de este proceso vulneraría las facultades administrativas esenciales, motivo por el cual se introdujo formalmente la reserva del Caso Federal.
De este modo, la pulseada por uno de los activos turísticos más codiciados de la costa atlántica ingresa en una tregua técnica hasta fin de mes, bajo un andamiaje procesal que reduce las expectativas de una transferencia inmediata y augura un prolongado debate en los tribunales de máxima jerarquía.
Crece el respaldo a la reforma de la Ordenanza 14.000 y Pulti queda cada vez más aislado
La modificación de la Ordenanza 14.000 que impulsa el concejal del PRO Marcelo Cardoso continúa sumando respaldos en Mar del Plata. A los argumentos del oficialismo para modernizar una normativa vigente desde 2001, se agregaron ahora las voces de empresarios hoteleros y del gremio gastronómico, que ven en la iniciativa una oportunidad para dinamizar la actividad económica y generar más empleo en un contexto complejo para el sector.
El proyecto propone actualizar la regulación de la nocturnidad para habilitar la realización de bailes, espectáculos musicales, música en vivo y la presencia de DJs en bares y locales gastronómicos, además de extender el horario de funcionamiento hasta las 4 de la madrugada. La iniciativa busca adecuar la normativa a nuevas modalidades de consumo cultural que, según sostienen sus impulsores, ya existen en la práctica en distintos establecimientos de la ciudad.
Uno de los primeros apoyos llegó desde el sector hotelero. Allí consideraron que la reforma permitirá ordenar y regular una actividad que actualmente ya se desarrolla en numerosos espacios gastronómicos. Además, destacaron que la incorporación de propuestas artísticas puede transformarse en una herramienta para fortalecer el turismo de cercanía, un segmento que gana cada vez más relevancia dentro de la economía local.
No obstante, remarcaron que la eventual implementación deberá estar acompañada por mecanismos de control que garanticen la seguridad de los asistentes, el orden público y el cumplimiento de las condiciones establecidas por las autoridades municipales.
En la misma línea se expresaron desde el gremio que nuclea a trabajadores gastronómicos y hoteleros. Desde el sector afirmaron que la iniciativa “puede generar más trabajo y fomentar el consumo en un momento crítico” para la actividad, aunque advirtieron que deberá aplicarse “con controles y respeto tanto por los trabajadores como por los vecinos”.
“Defender el trabajo también implica acompañar iniciativas que permitan que haya más clientes, más movimiento y más oportunidades laborales. Creemos que esta modificación puede ser una buena herramienta, siempre que se aplique con responsabilidad, controles y respeto tanto por los trabajadores como por los vecinos”, señalaron.
El respaldo de empresarios y trabajadores también expone una diferencia con la postura que viene sosteniendo el exintendente y actual concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti. El dirigente se mostró crítico de la propuesta e incluso planteó la posibilidad de incorporar una consulta para definir el futuro de la iniciativa.
El respaldo de empresarios y trabajadores también expone una diferencia con la postura que viene sosteniendo Pulti. Esa posición despertó cuestionamientos entre algunos actores vinculados al sector, donde interpretan que la ciudad necesita avanzar hacia una actualización de las reglas que regulan el sector. En ese marco, algunos referentes llegaron a señalar al exjefe comunal como una expresión de una visión más tradicional sobre la nocturnidad, al punto de apodarlo irónicamente como “Enrique el Antiguo”, en referencia a su postura frente a los cambios propuestos. Además, entre empresarios y trabajadores del sector todavía persiste el recuerdo de las dificultades que atravesó la actividad durante la gestión de Pulti que apuntaron que “apagó la ciudad”.
En distintos sectores vinculados a la actividad interpretan que la ciudad necesita avanzar hacia una actualización de las reglas que regulan la nocturnidad y buscan despegarse de posiciones que consideran asociadas a una mirada más conservadora sobre el funcionamiento del sector. En ese contexto, el debate por la Ordenanza 14.000 comienza a trascender las fronteras del Concejo Deliberante y se transforma en una discusión más amplia sobre el perfil turístico y económico que pretende consolidar Mar del Plata en los próximos años.
Las plataformas de transporte y la polémica por el Minella profundizaron la grieta en el Concejo
a puntualidad no parece ser una virtud de la política local cuando las tensiones internas y las negociaciones de pasillo estiran los relojes. Convocada para las tres de la tarde, la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de General Pueyrredon mostró inicialmente una postal desoladora: apenas un puñado de bancas ocupadas y un recinto semivacío que recién logró activarse más de media hora después. Este retraso, lejos de ser un hecho aislado, coronó la segunda jornada consecutiva programada para el turno vespertino bajo argumentos de reordenamiento administrativo. En rigor, el apuro legislativo se había cocinado cuarenta y ocho horas antes en una intensa comisión conjunta de Legislación y Movilidad Urbana, diseñada a contrarreloj para garantizar que las iniciativas clave del oficialismo tuvieran luz verde en el recinto.
Antes de adentrarse en los cruces partidarios, la fisonomía del debate público tuvo su primer llamado de atención a través de la Banca Abierta. El presidente del Colegio de Arquitectos del Distrito 9 alzó la voz para exponer una realidad incómoda para el cuerpo deliberativo: el sistemático archivo y desinterés institucional en torno al anteproyecto para la creación del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad. Su discurso desnudó las contradicciones de una agenda parlamentaria que, según denunció, suele cajonear iniciativas civiles consensuadas por decenas de organizaciones y universidades para evitar instancias de debate democrático y planificación estratégica sustentable.
El verdadero termómetro electoral de la jornada se encendió de inmediato con las cuestiones previas, donde el estado de abandono del estadio José María Minella y la licitación del Parque de los Deportes monopolizaron el centro de la escena. La oposición, articulada a través de los bloques de Unión por la Patria, Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, lanzó una feroz ofensiva denunciando el fracaso del proceso licitatorio, la ausencia total de obras y la opacidad en el acceso a los expedientes digitales. Exhibiendo facturas millonarias emitidas a los clubes locales por el uso del estadio y consultando con insistencia a la presidencia del cuerpo —ejercida por La Libertad Avanza— sobre supuestas notificaciones de causas penales en curso, la contraofensiva opositora buscó erosionar la gestión del Ejecutivo local.
La respuesta del interbloque oficialista, integrado por el PRO, la UCR + Nuevos Aires, la Coalición Cívica y el sector libertario, no tardó en apelar a la pesada herencia y a la chicana de barricada. Desde las bancadas gubernamentales defendieron la transparencia del sistema informático de gestión, minimizaron las advertencias contables y acusaron a la oposición de montar "mantos de sospecha" permanentes ante cada iniciativa de inversión privada. El cruce derivó rápidamente en un pase de facturas histórico: el oficialismo recordó el deterioro estructural arrastrado por décadas, apuntó directamente contra la pasada gestión de AM-MDF en el área de deportes y devolvió los golpes salpicando la discusión con críticas a la obra social provincial IOMA. Minutos más tarde, la discusión sanitaria sumaría un breve capítulo de reproches en torno a la actualidad del CEMA y el rol de la Secretaría de Salud municipal.
El plato fuerte de la sesión reeditó la misma fractura ideológica al tratarse el polémico expediente para la creación del Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad. La iniciativa fue defendida con vehemencia por las fuerzas oficialistas, quienes argumentaron que el proyecto dota a la ciudad de reglas claras, amplía la libertad de los trabajadores digitales y se adecúa a una realidad contemporánea donde "el usuario ya eligió". Para la Libertad Avanza y el radicalismo, la convalidación de las plataformas de transporte como Uber representa una respuesta directa a la demanda vecinal, clausurando falsas dicotomías regulatorias.
Desde la vereda de enfrente, el arco opositor unificó posiciones para calificar el tratamiento como "vergonzoso" y normativamente deficiente. Los bloques de UP, AM-MDF y el FR coincieron en que el apuro por aprobar el registro respondía más a la necesidad de saldar internas dentro del propio oficialismo que a proteger los intereses de los marplatenses, delegando de forma peligrosa el control en las corporaciones tecnológicas. Entre acusaciones cruzadas de legislar a medida de una empresa y reproches sobre la ineficacia legislativa de haber tenido la propuesta paralizada durante cuatro años, el expediente terminó imponiéndose por mayoría gracias al interbloque oficialista, dejando en claro que el recinto de General Pueyrredon ya no solo discute ordenanzas, sino que ensaya las estrategias y los discursos de una campaña electoral que parece haber comenzado mucho antes de tiempo.
Zona Fría: el PRO se desmarcó de LLA y el Concejo rechazó los cambios que impulsa el gobierno de Milei
Mientras gran parte de la atención de la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante estuvo puesta en la aprobación de la regulación de las plataformas de transporte, el recinto también dejó una señal política hacia el gobierno de Javier Milei al rechazar los cambios impulsados sobre el régimen de Zona Fría. Además, la votación dejó descubierta diferencias en la coalición oficialista.
La resolución fue aprobada por una amplia mayoría y expresó la preocupación del cuerpo ante la iniciativa nacional que busca modificar el esquema de beneficios para usuarios de gas en distritos alcanzados por bajas temperaturas, entre ellos General Pueyrredon. Además, se solicitó sostener la vigencia de la Ley 27.637 y garantizar la continuidad de los descuentos que actualmente alcanzan a miles de hogares marplatenses.
La votación dejó al descubierto una diferencia política que no pasó inadvertida. Mientras el bloque de La Libertad Avanza quedó aislado en el rechazo al expediente, el PRO acompañó la iniciativa junto a Unión por la Patria, la UCR-Nuevos Aires, Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, en una postura alineada con la defensa del beneficio para los usuarios locales.
El proyecto había sido impulsado por Unión por la Patria y reunió propuestas de distintos espacios políticos. El texto aprobado advierte que la modificación del régimen sería una “medida que tendría un fuerte impacto en la tarifa de gas en Mar del Plata y la zona” y reclama que no se altere el esquema vigente.
En el intercambio de posiciones, Unión por la Patria defendió la continuidad de una herramienta que beneficia a General Pueyrredon desde 2021. Desde el bloque remarcaron que el esquema alcanza actualmente a alrededor de 260 mil usuarios de Mar del Plata y Batán. A su turno, el radicalismo insistió en que la ciudad reúne las condiciones climáticas y sociales que justifican el beneficio y recordó que Guillermo Montenegro ya se había pronunciado anteriormente en favor de su permanencia.
Por su parte, el PRO acompañó la iniciativa, aunque plantearon reparos sobre algunos aspectos del sistema. Los amarillos consideraron que cualquier revisión del régimen debe evitar perjudicar a los usuarios de General Pueyrredon y reclamamaron que los cambios que se discutan a nivel nacional “no sean para sacarle a los marplatenses y financiar el consumo de gas de los countries de otros distritos”.
La resolución aprobada por el cuerpo llega en un momento clave de la discusión nacional sobre las tarifas de gas y los beneficios para las zonas de bajas temperaturas. Tras avanzar en Diputados, la propuesta de modificación del régimen espera su tratamiento en la Cámara alta.
Así, además de avanzar con la regulación de las aplicaciones de transporte, la sesión dejó una definición política de peso: una amplia mayoría del Concejo se pronunció en defensa de la Zona Fría para Mar del Plata y el PRO volvió a marcar diferencias con La Libertad Avanza en un tema sensible para miles de usuarios del distrito.