Al menos 25 cargos vacantes, añares para oficializar un pliego y jueces subrogantes son algunas de las pinceladas de la justicia federal bonaerense de hoy. Estado de situación en PBA.

La Justicia Federal con asiento en la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los mayores niveles de vacancia de las últimas décadas. Juzgados sin titular, Cámaras de Apelaciones incompletas, Tribunales Orales integrados por jueces subrogantes y concursos que acumulan hasta siete años de demora conforman un escenario que impacta directamente sobre el funcionamiento de un fuero clave para investigar causas de corrupción, narcotráfico, delitos complejos y conflictos con el Estado nacional. Mientras el Gobierno de Javier Milei busca acelerar las designaciones mediante cambios en el sistema de selección de magistrados, la estructura judicial bonaerense continúa operando con una marcada falta de funcionarios y con buena parte de las decisiones estratégicas concentradas en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

El último informe de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura expone la dimensión del problema: sobre un total de 1.002 cargos de la Justicia Nacional y Federal, 338 permanecían vacantes al 16 de junio de este año, lo que representaba cerca del 34% de la estructura. Es decir, uno de cada tres cargos carecía de un juez titular. A ese universo se sumaban otras vacantes en distintas etapas del proceso de cobertura, elevando el total de cargos pendientes a 363, de los cuales en la última semana se designaron 47, quedando 317 por cubrir.

Con los últimos pliegos aprobados por el Poder Ejecutivo, existen 317 sillas vacías en el Poder Judicial Nacional y Federal que esperan por su funcionario.

En este contexto, la Provincia concentra una parte sustancial de ese déficit. Las vacantes alcanzan prácticamente todos los niveles del fuero. Por ejemplo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene vacantes para cubrir cargos en sus tres salas, un dato particularmente sensible porque se trata del tribunal revisor de las decisiones adoptadas por los juzgados federales de gran parte del territorio bonaerense. Por su parte, en el departamento judicial de San Martín también existen dos vacantes en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, mientras que la recientemente creada Cámara Federal de Apelaciones de San Justo todavía carece de cuerpo judicial.

La radiografía también evidencia otro problema estructural, la extraordinaria lentitud de los concursos para cubrir las vacantes. En el caso del Juzgado Federal de Moreno, dicho tribunal tiene un expediente para cubrir una vacante que data del 2019. Esto significa que, en promedio, la cobertura definitiva de un cargo puede demandar entre cinco y siete años, incluso cuando el concurso ya cuenta con orden de mérito o atravesó la mayor parte de las etapas técnicas del proceso.

Un aditamento extra a la lentitud en los nombramientos es el extenso recorrido administrativo que los expedientes deben recorrer, de mano en mano, de sala en sala: esto incluye impugnaciones, evaluación de antecedentes, entrevistas personales, exámenes psicotécnicos, elaboración del orden de mérito, tratamiento en subcomisiones y aprobación del plenario. Cualquiera de esas instancias puede convertirse en un cuello de botella capaz de demorar durante años la designación de un magistrado.

A principio de mes, el Senado dio media sanción al proyecto de Maximiliano Abad (UCR) para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata.*

Con serias críticas, el Gobierno nacional decidió modificar el procedimiento para impulsar nuevos nombramientos. Con el Decreto 467/2026 eliminó instancias de participación ciudadana durante la publicación de candidaturas para jueces federales. El nuevo mecanismo debutó con la difusión de postulantes para ocupar cargos estratégicos en los tribunales federales ubicados en el barrio de Retiro, entre ellos dos vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py y cuatro en la Cámara Civil y Comercial Federal.

El movimiento no resulta menor, puesto que la Cámara Federal de Comodoro Py es uno de los tribunales con mayor influencia política del país. Allí se revisan las decisiones de los juzgados federales que investigan las principales causas por corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delitos contra la administración pública y expedientes que involucran a funcionarios nacionales. En los próximos meses también pasarán por ese tribunal recursos vinculados a investigaciones que, en visperas electorales, podrían herir de muerte al propio Gobierno nacional.

Mientras Buenos Aires continúa con juzgados federales sin titulares y tribunales funcionando gracias a subrogancias prolongadas, buena parte de las decisiones más sensibles del sistema judicial argentino siguen concentrándose en Comodoro Py. Ese “mounstruo” judicial, como lo definió el exfiscal federal Federico Delgado al advertir que se había "divorciado" de la sociedad civil.

Con un fuero federal bonaerense incompleto, concursos que demoran años y un esquema de nombramientos con estrecha cercanía a la política la pregunta es: ¿quién controla y completa los tribunales que controlan al poder?.

Seis años para cubrir una vacante, los tiempos de la Justicia Federal

Mientras el sistema judicial nacional acumula alrededor de 320 cargos vacantes entre el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo, el Senado y las futuras vacancias, la provincia de Buenos Aires concentra algunos de los concursos más sensibles de la Justicia Federal, varios abiertos desde 2019 y todavía sin resolución definitiva. El último informe de la Comisión de Selección de Magistrados muestra que existen 338 cargos vacantes en tribunales habilitados y otros 129 cargos en concurso dentro del Consejo de la Magistratura.

El relevamiento también deja al descubierto la extensa duración de los procesos de selección en la Justicia Federal para los cargos bonaerenses. Por ejemplo, el caso del Juzgado Federal de Moreno -que data del 2019-, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Justo, que comenzaron en 2020, entre otros. En conjunto, el panorama evidencia que la cobertura definitiva de una vacante puede demorar entre cinco y siete años, incluso en concursos que ya cuentan con orden de mérito o atravesaron gran parte de las etapas previstas.

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