6 de julio de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Mar del Plata bajo rastro digital y sin fondos: Juárez forzó una adjudicación millonaria a Telecom
A pesar de la tajante advertencia de la Contaduría municipal por la falta de presupuesto y
violando la Ley Orgánica de las Municipalidades, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, avanzó a pura "insistencia" con la Licitación Privada N° 5/2026. Telecom se quedó con el rastreo de celulares de turistas por más de $57 millones.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredón se ha convertido en un verdadero polvorín político y administrativo. El polémico llamado a la Licitación Privada N° 5/2026, orientado a la contratación de un "Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes", llegó a su desenlace más previsible y, a la vez, más escandaloso. Pasando por encima de las alertas contables más básicas y arrastrando un dictamen lapidario del propio control interno municipal, el presidente del ente, Diego Juárez, convalidó de forma oficial la adjudicación de las actuaciones.
La ganadora de la compulsa fue la firma TELECOM ARGENTINA S.A., que se impuso frente a las propuestas presentadas por Telefónica Móviles Argentina S.A. y AMX Argentina S.A. (Claro). El contrato se cerró en una cifra final de $57.311.172 por un período de doce meses de rastreo geolocalizado de las líneas móviles que ingresen a la ciudad. Si bien la oferta de Telecom resultó ser técnicamente la más completa y la de menor costo comercial en el papel, el fondo de la cuestión expone un manejo político temerario por parte de la conducción del Ente.
El dato más grave radica en la intervención del área contable del organismo de control. La Contaduría del Ente emitió un informe fulminante antes del acto administrativo definitivo, advirtiendo explícitamente que "la partida no cuenta con saldo suficiente a la fecha". En buen romance, el municipio licitó, evaluó y adjudicó un servicio por decenas de millones de pesos sabiendo de antemano que no posee los fondos disponibles para costearlo.
El informe técnico advierte que avanzar con esta adjudicación constituye una flagrante "inobservancia de los artículos 31° y 118°" de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sumado a la violación directa de los artículos 40° y 41° del Decreto Provincial 2980/00. Estas normativas impiden de forma tajante contraer compromisos económicos del Estado sin el crédito presupuestario adecuado que los respalde.
La insistencia desmedida de Diego Juárez por llevar adelante este "rastrillaje virtual" de celulares enciende fuertes alarmas en el ámbito legislativo de General Pueyrredón. En un contexto de severas restricciones financieras, donde el propio municipio reconoce la asfixia de sus partidas, resulta inexplicable la prioridad política otorgada a la compra de datos de geolocalización o Big Data telefónica.
Fuentes opositoras ya preparan pedidos de informes detallados. Además del evidente descalabro financiero provocado por firmar contratos sin fondos, se cuestiona el límite ético del Estado local en la recolección masiva de itinerarios, rangos de edades, pernoctes y hasta el análisis de las variables de navegación web de los usuarios (un "plus" de 50 categorías que Telecom incluyó en su propuesta para seducir al Ente).