El ajuste llevado a cabo por Javier Milei pega duro en la provincia de Buenos Aires y provoca el crecimiento de demandas hacia la administración de Axel Kicillof. Conflictos que se acumulan y preocupan.
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La crisis política que atraviesa el peronismo bonaerense dejó de ser un problema exclusivamente de la interna y comenzó a impactar de lleno en la gestión. Mientras el oficialismo intenta ordenar su esquema de poder y definir el liderazgo de cara a 2027, la administración de Axel Kicillof enfrenta una acumulación de conflictos que encuentra su origen en el ajuste impulsado por Javier Milei, pero que también expone las limitaciones de la Provincia para dar respuestas.
La caída de recursos nacionales obligó a revisar prioridades y ralentizar políticas públicas sensibles para las mayorías. Ese escenario derivó en un ajuste sobre las cuentas bonaerenses que empieza a generar tensiones, incluso con sectores históricamente cercanos al Gobernador.
La conflictividad creció en las últimas semanas y alcanzó áreas medulares de la administración provincial. Los reclamos salariales volvieron a escena, el sistema sanitario soporta una presión cada vez mayor, la demanda social continúa en ascenso y los municipios hacen cuentas para sostener servicios básicos con menos recursos. Cada uno de esos frentes tiene particularidades propias, pero todos confluyen en una Provincia que debe afrontar mayores obligaciones con una caja cada vez más limitada.
En el Gobierno bonaerense atribuyen buena parte de las dificultades a las decisiones de la Casa Rosada, por lo que recuerdan que la eliminación de fondos específicos, el freno de la obra pública y la caída de las transferencias nacionales, modificaron por completo el escenario financiero de la Provincia. Sin embargo, con el correr de los meses esa explicación dejó de alcanzar para contener el malestar de distintos sectores, que además comenzaron a cuestionar las decisiones adoptadas por la propia administración provincial.
En ese contexto, Kicillof busca fortalecer su construcción política con reuniones periódicas junto a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, quienes además de reclamar definiciones electorales trasladan las dificultades que atraviesan sus distritos. La estrategia apunta a consolidar un liderazgo de cara a 2027, aunque el desafío inmediato pasa por administrar una provincia donde la crisis económica, el ajuste nacional y las restricciones presupuestarias propias empiezan a poner a prueba la capacidad de gestión.
Por su parte, la oposición aprovecha ese escenario para profundizar sus críticas, mientras el oficialismo procura evitar que la acumulación de conflictos termine por erosionar el principal activo del Gobernador. Por ese motivo, los adversarios de Kicillof hacen eje tanto en las falencias que muestra IOMA como en la inseguridad.
Kicillof envió un mensaje de WhatsApp a los jefes comunales del MDF el viernes por la mañana con una frase lapidaria sobre la economía del país. “Están fundiendo todo”, sentenció el mandatario en relación a las políticas que implementa el presidente Javier Milei. La expresión estuvo acompañada por una serie de notas de diferentes medios de comunicación nacional que hablaban de la baja de la recaudación y el impacto en las provincias. Además, en otra de las notas que compartió, remarcó la reducción de las transferencias de Nación a las 24 jurisdicciones.
“No damos más”, dijo un jefe comunal del interior a La Tecla tras ser consultado por la situación que atraviesan. Además, adelantó que más de un intendente tendrá dificultades para pagar los sueldos el mes próximo porque “después de pagar los aguinaldos nos quedamos secos”.
Sobre el SAC, un alcalde del Conurbano contó que está más que complicado para cancelarlo porque el Gobierno provincial no les devolvió fondos. “Me mandé a construir escuelas con el compromiso que Axel me iba a garantizar los fondos, pero no llegan todavía y ahora tengo que ver de dónde saco plata para pagarle a los municipales”, detalló.
El panorama se configura con varias marchas a edificios de la provincia de Buenos Aires desde el 15 de junio en adelante. Tanto movimientos sociales como organizaciones vinculadas a la izquierda ya forman parte del paisaje del centro de La Plata con sus banderas y reclamos hacia Kicillof. En tanto, los sectores aliados al Gobierno prefieren por el momento los reclamos pasivos sin salir a las calles, pero ya mostraron su reacción con el paro docente de la semana pasada.
Emanuel Álvarez Agis "Kicillof ajusta más que Milei"
El economista Emmanuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía de Axel Kicillof en la segunda presidencia de Cristina Fernández, dejó conceptos que afirman lo que muchos dicen en la provincia de Buenos Aires sobre la gestión del Gobernador: el ajuste también se hace en territorio bonaerense.
“¿Qué hace Axel como gobernador de la provincia de Buenos Aires?”, se preguntó el fundador de PxQ Consultura. Luego lanzó: “Ahí se enoja Axel cuando cuando digo: ajusta más que Milei”.
En ese sentido, manifestó que “tiene el problema de la coparticipación, que es algo transversal a todos los gobernadores, pero además, cuando lo comparás con el gobierno del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires era la que más transferencias recibía. Entonces, al haber cortado ese doble chorro, en la comparación anual, tiene que mover mucho más el el gasto, mucho más la obra pública que lo que podía tener que mover Córdoba, que no recibía nada de parte del gobierno de Alberto Fernández”, explicó. De esta manera, reafirmó lo que se condice con los números publicados por el propio gobierno bonaerense sobre la gestión.
Los salarios no repuntan y obligan a gremios aliados a levantar la voz
La pérdida del poder adquisitivo volvió a tensionar la relación entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes, históricamente cercanos a la gestión de Axel Kicillof. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, realizó un paro provincial para reclamar una urgente convocatoria a paritarias y una recomposición salarial, además de exigir medidas frente al aumento de los hechos de violencia en las escuelas. Si bien las organizaciones atribuyeron parte de la crisis al ajuste del Gobierno nacional, la protesta también expuso el creciente malestar con la administración provincial por la demora en mejorar los ingresos del sector.
Desde abril, un maestro de grado de jornada simple percibe $850.053 de bolsillo, mientras que uno de jornada completa cobra $1.700.106. La última paritaria incluyó aumentos para febrero, marzo y abril, además de una compensación por la eliminación del FONID nacional, pero desde entonces no hubo nuevas actualizaciones. La pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación llevó incluso a gremios cercanos al Gobierno provincial a reclamar la reapertura urgente de las negociaciones salariales.
El actual director del Banco Provincia en representación de la oposición y exsenador provincial, Marcelo Daletto, publicó un pormenorizado informe titulado “¿Cómo gasta la Provin-cia?”. Allí habló sobre el nivel de los salarios en la administración bonaerense.
Según el relevamiento, la masa salarial de los trabajadores públicos bonaerenses cayó un 0,3% en términos reales durante 2025, una pérdida que se acopla al brutal retroceso del 18,5% real experimentado en 2024. A raíz de esta licuación, el gasto en personal pasó a representar apenas el 40,2% del presupuesto de la Provincia, marcando la participación más baja de los últimos años.
“Esto convierte a Kicillof en el gobernador que más ajustó el gasto en personal”, sentenció al finalizar el informe el funcionario del Bapro.
La salud bajo la lupa con reclamos internos y cruces por IOMA
El sistema de salud atraviesa una gran crisis a nivel nacional producto de los recortes presupuestarios y medidas desreguladoras del gobierno nacional. La situación arrastra al entramado provincial a una tensión ante el incremento de la demanda en los hospitales públicos.
La administración de Axel Kicillof recibe críticas tanto desde la oposición como de algunos sectores del oficialismo. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, salió a bancar las políticas provinciales y cuestionó a los oposites que hablan con "mala intención o desinformación" sobre la actualidad de IOMA.
“Desde que asumió Milei, comenzó un proceso de destrucción del sistema sanitario nacional: se desfinanció el PAMI, se desregularon los precios de los medicamentos y cientos de miles de personas quedaron sin cobertura de salud”, dijo.
Como respuesta, el bloque de diputados UCR-Cambio Federal inició una campaña para exponer más de 200 casos concretos y documentados de afiliados con situaciones graves que no obtienen respuestas o reciben negativas por parte de la entidad que conduce Homero Giles.
En tanto, el intendente radical de Rauch, Maximiliano Suescun, sostuvo: “Al hospital municipal no llegó un peso del IOMA en lo que va del año y una operación de apéndice la pagan a menos del 20 por ciento de lo que se paga en un sanatorio privado”.
Según pudo conocer La Tecla, hay intendentes del peronismo que también ponen el grito en el cielo ante problemas que surgen en el área de salud de sus municipios. Varios jefes comunales relatan que llegan vecinos con pedidos para comprar medicamentos y que los hospitales y centros de salud se saturan ante el crecimiento de la demanda.
“A nosotros se nos rompió un tomógrafo y no podemos arreglarlo porque la empresa no quiere aceptar hasta que no se cancelen deudas de otros servicios que ya prestó”, contó un alcalde. Y remarcó que la ayuda de la Provincia no alcanza para resolver la situación.
La crisis social golpea fuerte y crece el sobreendeudamiento familiar
Los sectores más vulnerados requieren una mayor asistencia del gobierno provincial ante el abandono de políticas para el sector que hizo Nación. La provisión de alimentos se volvió más sensible que nunca y los pedidos de ayudas urgentes crecen.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se reunió con el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara; el obispo de Quilme y presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas, monseñor Carlos Tissera; y autoridades de Cáritas Región Buenos Aires.
“Por decisión del gobernador Axel Kicillof seguimos fortaleciendo la cooperación con las organizaciones eclesiásticas y comunitarias para sostener y ampliar la respuesta del Estado en toda la provincia frente a la compleja situación social y económica.”, dijo Larroque.
En este marco, también preocupa a las autoridades el nivel de endeudamiento que tienen las familias. En todo el país casi 7 millones de personas quedaron excluidas para recibir créditos bancarios o extrabancarios tras el constante crecimiento de la morosidad en el financiamiento a las familias, según explicó un informe de la consultora 1816. Asimismo, destacó que el aumento de la irregularidad tuvo especial impacto entre los jóvenes. El fenómeno afecta a 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos, quienes presentan al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras.
La diputada Ana Luz Balor presentó un proyecto para ayudar y asesorar a familias a que puedan resolver situaciones de morosidad ante la toma de créditos. El mismo apunta a reformar el Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios, para incorporar el concepto de “sobreendeudamiento” y un procedimiento judicial especial para estos casos.
