14 de julio de 2026
DEBATE LEGISLATIVO
Plaza Rumencó: el fantasma de la cautelar y la falta de informes técnicos forzaron un freno de mano en el Concejo
Pese al intento de apurar el polémico expediente, las comisiones legislativas debieron pisar el freno. La exposición de los desarrolladores no bastó para tapar la ausencia de estudios de impacto ambiental y de prefactibilidades clave, forzando la permanencia del proyecto en comisión con marcados reparos del propio interbloque oficialista.
Mientras la atención pública de Mar del Plata se dividía inevitablemente entre los avatares cotidianos y la creciente expectativa nacional por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon se convirtió este martes en el escenario de una sorda pero intensa pulseada política. La Comisión de Obras y Planeamiento, presidida por Fernando Muro (PRO), abordó por primera vez el espinoso expediente 1154/26, que busca convalidar la afectación al distrito de “Equipamiento Específico” (Ee) para el complejo comercial y de servicios Plaza Rumencó. El tratamiento, que arrastra meses de parálisis legislativa y una severa advertencia en los tribunales, expuso con nitidez las fisuras administrativas y políticas que rodean a un desarrollo inmobiliario que avanzó de hecho antes de obtener el debido derecho.
La jornada comenzó con la exposición de los promotores del proyecto, representados por el arquitecto Miguel Fernández y el escribano Sebastián Latorre. Con un discurso enfocado en la "centralidad del sur" y en la necesidad de descentralizar servicios en una zona de vertiginoso crecimiento demográfico, los desarrolladores intentaron legitimar el polémico emprendimiento ubicado en la Avenida Jorge Newbery N° 5035. Fernández apeló a la historia y argumentó que la vocación comercial del predio ya estaba prevista en el decreto provincial de aprobación de la urbanización cerrada Rumencó en el año 2007. Detalló que el masterplan contempla el desarrollo de cuatro hectáreas y media sobre un total de siete, asegurando que un 50% de la superficie total permanecerá sin impermeabilizar, resguardando la forestación ornamental de la zona. Por su parte, La Torre buscó despejar los cuestionamientos de un "shopping tradicional", catalogando la iniciativa como un "centro de servicios" que incorporará consultorios médicos con atención de urgencias las 24 horas, un gimnasio de alta complejidad, un supermercado, comercios diarios y un ambicioso plan de estacionamiento que alcanza las 750 cocheras —320 de ellas subterráneas— para amortiguar el impacto vehicular sobre la avenida.
Sin embargo, las precisiones de los técnicos y la promesa de una fuerte inversión de capitales genuinamente locales no lograron diluir los profundos interrogantes institucionales que pesan sobre el trámite administrativo. El primer llamado de atención provino del propio interbloque oficialista, cuando la concejal Vilma Baragiola (UCR) interpeló abiertamente sobre el estado de la denuncia que dio origen a la parálisis física del proyecto. La respuesta del presidente de la comisión desnudó una de las paradojas más complejas del debate: Muro reconoció la existencia de la medida cautelar vigente dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2, la cual ordenó paralizar los trabajos en el predio ante la evidencia de que las obras comenzaron sin autorización municipal ni Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Aunque el edil del PRO argumentó que la orden judicial restringe la actuación material de la empresa pero no impide al Concejo abocarse a la discusión puramente urbanística de los indicadores, la justificación de que los planos y la DIA son "instancias posteriores" sembró dudas sobre la legitimidad de seguir legislando a remolque de hechos consumados.
La estocada definitiva a la pretensión de dar un rápido despacho al expediente no provino de los bloques opositores, sino del propio riñón oficialista. El concejal Marcelo Cardoso (PRO) asumió una postura de extrema prudencia técnica que terminó por desarticular cualquier apuro legislativo. Cardoso enumeró una lista de ausencias documentales en el expediente físico: restan incorporar los informes de factibilidad de Camuzzi Gas Pampeana, la evaluación del impacto de tránsito que debe proveer el EMVIAL —absolutamente clave para dirimir el acceso vehicular sobre la ya congestionada Avenida Jorge Newbery—, los dictámenes de saneamiento hidráulico, los estudios geológicos y la resolución definitiva del EMSUR sobre la evaluación ambiental. El concejal oficialista fue categórico al señalar la necesidad de actuar con "seguridad jurídica y previsibilidad", admitiendo que la envergadura de la iniciativa exige un rigor técnico que hoy el expediente está lejos de garantizar. Esta postura arrastró el consenso del cuerpo y decretó que el proyecto continúe bajo análisis en comisión.
El desenlace de esta primera jornada de tratamiento representa un revés táctico para quienes planificaban un trámite exprés. La obligada permanencia de Plaza Rumencó en el limbo de las comisiones demuestra que el "hecho" con el que los desarrolladores pretendieron consolidar la obra —avanzando con desmontes y movimientos de suelo sin autorizaciones— chocó de frente con las exigencias normativas del Concejo Deliberante. La controversia por los cambios de titularidad de la tierra (que pasó de Molas y Asociados a las firmas Treelands S.A. y MPSG 5 Newbery S.A.) y el riguroso escrutinio judicial garantizan que el expediente 1154/26 seguirá siendo un foco de alta tensión política en General Pueyrredon, donde la difusa frontera entre el desarrollo inmobiliario y el estricto control estatal vuelve a quedar bajo la lupa.