Con las respuestas de Martinelli, el Concejo retomará el debate por el nuevo sistema de colectivos
La llegada de las explicaciones elaboradas por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda despeja el freno administrativo sobre el expediente 1729/25. El informe oficial responde a las objeciones y aportes presentados por distintos bloques políticos y reabre una discusión clave para el futuro de la movilidad urbana en General Pueyrredon.
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En el transcurso de las vacaciones de invierno, la actividad legislativa en el Partido de General Pueyrredon comienza a proyectar su agenda de cara al próximo lunes, jornada en la que se reanudarían las reuniones de comisiones en el Concejo Deliberante. En ese esquema, la Comisión de Movilidad Urbana, que habitual y semanalmente sesiona a partir de las 9:30, se alista para abordar formalmente la documentación remitida por la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, conducida por Mauro Martinelli. Se trata de la contestación formal a las observaciones recaídas sobre el expediente 1729/25, elevado por el Departamento Ejecutivo el 7 de noviembre de 2025, mediante el cual se solicita la autorización para llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros.
El trámite legislativo del proyecto atraviesa un recorrido de varios meses de análisis y pausas administrativas. Tras el ingreso de la propuesta técnica a finales de 2025, el cuerpo deliberativo inició un proceso de revisión que derivó, en abril de 2026, en la presentación de diversos cuerpos de consultas y consideraciones redactados por las bancadas políticas. Aquellas inquietudes fueron giradas al Ejecutivo para su correspondiente fundamentación. Tras un período sin respuestas, el pedido fue reiterado formalmente en julio, desencadenando la remisión del informe técnico firmado por el equipo legal y financiero municipal que ahora ingresa formalmente al temario parlamentario.
La propuesta en debate contempla el diseño del denominado Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU), un modelo escalable estructurado para un período de concesión de 20 años. El marco conceptual del sistema busca transformar la histórica configuración redial de los recorridos marplatenses hacia una red híbrida mediante un esquema de concentradores y alimentadores, denominado técnicamente Hub-and-Spoke. Entre sus innovaciones operativas, el pliego promueve la implementación de una Línea Anular que bordeará la franja costera y las avenidas Constitución, Arturo Alió y Juan B. Justo, vinculando nodos e intercambiadores estratégicos sin necesidad de ingresar al centro de la ciudad. Asimismo, el proyecto establece la tarifa integrada con boleto combinado para facilitar transbordos, la subdivisión del servicio en dos grupos de líneas independientes para garantizar cláusulas antimonopólicas, la incorporación obligatoria de unidades de piso bajo adaptadas a la accesibilidad universal, equipamiento tecnológico con posicionamiento satelital, cámaras de seguridad y conectividad a bordo, y la expansión de la cobertura hacia sectores como Batán, Sierra de los Padres y Estación Camet.
El debate político que rodea al expediente refleja posturas diferenciadas entre los sectores que componen el Concejo Deliberante. Desde la oposición, articulada a través de las bancadas de Unión por la Patria (UP) y el Frente Renovador (FR), los concejales formularon cuestionamientos focalizados en la estructura económica del proyecto. Las preguntas opositoras hicieron hincapié en la fundamentación técnica del plazo contractual de dos décadas, el mecanismo de cálculo y actualización de la tarifa, la proyección de la demanda de pasajeros, los márgenes de rentabilidad sobre el capital invertido, la rigurosidad del régimen sancionatorio por incumplimientos en las frecuencias, el alcance real de las cláusulas antimonopolio y la delimitación precisa de las inversiones en infraestructura, diferenciando aquellas que recaerán sobre el erario público —como los intercambiadores sobre la Infraestructura de Altas Prestaciones— de las obligaciones de los futuros concesionarios en refugios y paradas periurbanas.
Por su parte, los bloques oficialistas de UCR + Nuevos Aires (UCR+NA) y la Coalición Cívica (CC), volcaron su intervención en una serie de consideraciones y sugerencias técnicas orientadas a enriquecer el cuerpo normativo del pliego. Sus planteos apuntaron a ajustar los ponderadores de la matriz de evaluación de las ofertas, revisar las pautas de transición contractual entre las concesiones vigentes y la eventual adjudicación del SITU, clarificar los protocolos de exigencia en la incorporación progresiva de perspectiva de género en las plantas operativas y asegurar la sustentabilidad financiera municipal ante posibles desequilibrios en el esquema de subsidios y compensaciones.
Los ejes centrales de la respuesta oficial
Ante la diversidad de planteos, la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda fundamentó los pilares del pliego ratificando la solidez técnica y financiera del nuevo modelo de transporte:
» Rediseño de Recorridos, Demanda y Boleto Integrado: Frente a los cuestionamientos sobre el flujo de viajes, la Secretaría argumentó que el macrocentro actualmente concentra únicamente el 25% de las transacciones SUBE, mientras que el 75% restante se distribuye en la periferia y polos estratégicos como el Puerto, el HIGA y la Estación Ferroautomotora. Como muestra de la eficiencia del esquema con Línea Anular y nodos, se precisó que trayectos periféricos como Barrio Libertad – HIGA reducirán su tiempo de viaje de 60 a 29 minutos. Además, se garantiza la gratuidad del segundo viaje mediante el boleto combinado revalidando la tarjeta SUBE en un lapso de 60 minutos en período diurno y 120 minutos en horario nocturno.
» Plazo Contractual, Cláusula Antimonopólica y Fondo de Transporte: El informe oficial sostiene la vigencia del plazo de concesión de 20 años (con opción a 3 años de prórroga) como una escala indispensable para la amortización del capital privado requerido en el contexto macroeconómico actual. Para evitar concentraciones de mercado, se confirmó la subdivisión en dos grupos operativos adjudicados a personas jurídicas independientes bajo los parámetros de la Ley Nacional de Defensa de la Competencia N° 27.442. A su vez, la Secretaría aclaró un error formal de redacción en el articulado del pliego, reconfirmando la plena vigencia de la contribución del 3% destinada al Fondo Municipal de Transporte (Art. 34 de la Ordenanza 6.903).
» Infraestructura, Tecnología y Transparencia Tarifaria: El mantenimiento de los 105 km de la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) estará a cargo del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL). Se planifica la instalación de 1.050 refugios (600 a cargo de las Unidades Transitorias y 450 mediante la Ordenanza 26.539), mientras que los intercambiadores urbanos se construirán de forma gradual tras el inicio del servicio para no cargar su costo a la tarifa. Respecto del equipamiento (GPS con transmisión cada 30 segundos, cámaras de seguridad, WiFi y app de arribos en tiempo real), la Secretaría aclaró que su financiamiento proviene de la explotación publicitaria del sistema (Art. 63°) y no incidirá en el valor del boleto.
» Parámetros Operativos, Inclusión y Medio Ambiente: Se estableció que el diagrama de frecuencias se evaluará y ajustará mensualmente, fijando para fines de semana una operatividad del 75% los sábados y del 50% los domingos y feriados respecto del diagrama hábil. En términos socioambientales, se exige un mínimo del 30% de la flota adaptada con rampas, programas de incorporación de conductoras mujeres, espacios adaptados para tablas de surf en las líneas costeras y la obligación de contar con motores Euro V o superiores, priorizando energías limpias en las renovaciones de unidades. Si bien la llegada de las respuestas administrativas destraba la parálisis del expediente, en el ámbito legislativo coinciden en que resta un camino extenso de análisis técnico y negociación política. No obstante, la respuesta técnica del Ejecutivo proporciona los elementos necesarios para reanudar el tratamiento legislativo en comisiones y avanzar hacia el eventual debate en el recinto deliberativo.
