La Tecla Mar del Plata
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La crisis de la pesca fresquera volvió a instalarse en la agenda política nacional con una señal desde el Congreso. El senador nacional por la provincia de Buenos Aires y dirigente marplatense Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector por 180 días, con posibilidad de prórroga, y reclamó medidas urgentes para sostener una actividad que atraviesa una fuerte pérdida de rentabilidad y competitividad.
“Estamos frente a una situación crítica”, sostuvo Abad al fundamentar la iniciativa, y advirtió que el escenario actual “pone en riesgo miles de puestos de trabajo, empresas familiares, plantas de procesamiento y toda una cadena productiva vinculada a la pesca”.
El proyecto, identificado bajo el número 1256/26, apunta a implementar una batería de medidas para reducir la estructura de costos del sector, sostener el empleo y recuperar condiciones productivas para la flota fresquera, uno de los principales motores económicos de las ciudades portuarias argentinas.
El diagnóstico planteado por el senador pone el foco en el deterioro de las variables centrales de la actividad. Según los datos incorporados en la iniciativa, la rentabilidad de un buque fresquero promedio pasó de niveles cercanos al 20% positivo en 2018 a márgenes negativos que actualmente oscilan entre el 21% y el 30%.
Entre los factores que explican ese retroceso aparecen el incremento del combustible, que acumuló subas cercanas al 86%, el crecimiento de los costos laborales sobre la facturación —que pasaron del 32% al 54%—, el aumento de los costos de descarga y una estructura administrativa que obliga a completar más de 143 trámites por cada marea.
“El sector hoy está siendo ignorado. No se trata de un reclamo coyuntural, sino de una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial”, afirmó Abad.
La iniciativa tiene una especial relevancia para Mar del Plata, donde se concentra una parte central de la flota fresquera nacional y donde la actividad pesquera tiene impacto directo sobre trabajadores embarcados, plantas procesadoras, fileteros, talleres navales, transporte y proveedores vinculados al puerto.
Uno de los puntos destacados por el senador es la capacidad de generación de empleo del modelo fresquero. A diferencia de la flota congeladora, que procesa gran parte de la producción a bordo, el esquema fresquero requiere una cadena industrial en tierra.
Según los fundamentos del proyecto, por cada puesto directo generado en un buque fresquero se generan entre cuatro y cinco empleos indirectos relacionados con tareas de descarga, procesamiento, mantenimiento y servicios asociados.
En ese sentido, Abad alertó sobre la pérdida del valor agregado nacional dentro de la cadena exportadora. De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, mientras años atrás el procesamiento argentino representaba cerca del 50% del valor exportado, actualmente ese porcentaje cayó hasta aproximadamente el 15%, trasladando etapas industriales y generación de empleo hacia otros países.
“Mientras los principales países pesqueros del mundo fortalecen la industrialización y el agregado de valor, en Argentina estamos empujando al sector hacia un esquema que genera menos empleo y menos desarrollo para nuestras comunidades costeras”, cuestionó.
El proyecto plantea una serie de herramientas para asistir al sector durante la emergencia. Entre ellas aparecen la eliminación transitoria de los derechos de exportación, la exención del IVA sobre el gasoil utilizado por la flota fresquera, la reducción del Derecho Único de Extracción (DUE), la suspensión de nuevos tributos específicos y la creación de incentivos fiscales y crediticios.
Además, propone impulsar inversiones, innovación tecnológica y renovación de flota para mejorar la competitividad de una actividad que, según el senador, representa un sector estratégico de la economía argentina.
Abad recordó que la pesca constituye el quinto complejo exportador del país, con ventas externas cercanas a los 1.981 millones de dólares durante 2024, y que genera alrededor de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos.
“La pesca fresquera no pide privilegios. Pide condiciones para seguir produciendo, exportando y generando trabajo argentino. Defenderla es defender miles de familias, el valor agregado nacional y el futuro de nuestras ciudades portuarias”, concluyó.
Con el conflicto del sector pesquero como uno de los temas recurrentes en Mar del Plata, el proyecto abre ahora una discusión en el Congreso sobre si habrá acompañamiento político para aplicar medidas de alivio a una industria que advierte que el margen de espera empieza a agotarse.