La Justicia rastrea los fondos de la concesionaria del Minella mientras el sector privado busca su rescate
La querella particular activó una batería de oficios al Banco Central, entidades financieras y empresas de servicios para fiscalizar los movimientos bancarios y la capacidad operativa de la firma adquirente. En paralelo, la eventual incorporación de nuevos grupos privados abre una vía de reestructuración corporativa que requiere la validación del Estado municipal.
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La controversia en torno a la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los “espacios comunes y necesarios” del Parque de los Deportes “Teodoro Bronzini” ha ingresado en una fase donde la compulsa política cede terreno al examen técnico de los flujos financieros. Mientras en el ámbito empresarial se configura el desembarco de Marcelo Fígoli, al frente de Fénix Entertainment Group, con el objetivo de capitalizar la firma Minella Stadium S.A. y salvar la vigencia del contrato, el frente judicial comenzó a escrutar la arquitectura bancaria sobre la cual se asentó el proyecto original.
En las últimas horas, la representación legal del particular damnificado, en colaboración con la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Mar del Plata, libró una serie de medidas de prueba orientadas a determinar el verdadero volumen económico de la empresa concesionaria. Los requerimientos alcanzaron formalmente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que informe la situación crediticia general y las entidades en las que opera la sociedad. Asimismo, se giraron oficios al Banco Santander y al Banco Galicia con el fin de auditar las cuentas desde su apertura, los movimientos registrados, las firmas autorizadas, los giros en descubierto y la emisión de cheques electrónicos.
Un eje central de estas actuaciones apunta al cumplimiento normativo del sistema financiero. Las solicitudes enviadas a las entidades bancarias exigen precisar si se aplicaron los protocolos internacionales de control denominados "Conozca a su Cliente" (KYC) respecto de la firma brasilera Grupo REVEE en su carácter de accionista o garante, y si esa vinculación derivó en algún reporte o medida preventiva particular. De manera complementaria, la investigación requirió a la firma Camuzzi Gas la titularidad, el estado de pagos y los niveles de consumo del suministro energético en el complejo deportivo, buscando contrastar la operatividad real del predio con las obligaciones contractuales asumidas.
Esta avanzada sobre el mapa financiero coincide con los movimientos que se registran en el plano corporativo. La intención de sumar nuevos socios para recomponer la liquidez de Minella Stadium S.A. responde a la necesidad de hacer frente a los compromisos asumidos y resolver deudas acumuladas con proveedores locales. No obstante, el marco regulatorio del municipio establece que cualquier reestructuración del paquete accionario o modificación en el directorio exige la autorización previa de la administración local para resultar válida y evitar la nulidad administrativa.
El escenario actual expone así dos dinámicas cruzadas: por un lado, una estrategia del sector privado orientada a la reingeniería empresarial para sostener la concesión; por el otro, una investigación judicial que busca reconstruir el recorrido del dinero y la solidez real del grupo adjudicatario. Entre ambas coordenadas, el Municipio y el cuerpo legislativo mantienen una postura de observación frente a un expediente cuya viabilidad futura dependerá tanto de la aprobación de sus nuevos actores como de las conclusiones que arroje el peritaje financiero en marcha.
