4 de agosto de 2026
GIRO LEGISLATIVO
Plaza Rumencó: el oficialismo recurrió a un dibujo normativo para destrabar el polémico proyecto
En un giro de 180 grados respecto a los reparos planteados hace tres semanas, la Comisión de Obras aprobó el cambio de indicadores urbanísticos para el predio de la avenida Jorge Newbery. Mediante una conveniente división entre la zonificación y los permisos de obra, el interbloque oficialista envió el expediente a Legislación, ignorando los ruidos de la cautelar judicial y la falta de certezas ambientales.
Cuando la necesidad política apura, la rigidez normativa suele volverse llamativamente elástica. Este martes 4 de agosto, la Comisión de Obras y Planeamiento del Concejo Deliberante ofreció una muestra de contorsionismo legislativo al tratar el controvertido expediente 1154/26. Apenas tres semanas después de haber clavado los frenos por falta de informes técnicos y ante la sombra de una medida cautelar judicial que paralizó las obras clandestinas en el predio, el oficialismo del PRO, la UCR+Nuevos Aires y La Libertad Avanza unieron votos para destrabar el proyecto de rezonificación del paseo comercial Plaza Rumencó. La aprobación de los nuevos indicadores urbanísticos para el terreno situado en Avenida Jorge Newbery N° 5035 se consiguió mediante un artilugio recurrente: disociar formalmente el cambio de zonificación respecto de las autorizaciones para construir y de la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El viraje de la bancada oficialista tuvo su puesta en escena más evidente en el rol del concejal Marcelo Cardoso (PRO). El mismo edil que el pasado 14 de julio impostó una figura de estricto celo técnico y solicitó mantener el expediente en comisión para evitar imprevisiones, reapareció convertido en el principal impulsor de la aprobación. En una argumentación plagada de atenuantes semánticos, Cardoso sostuvo que el Concejo solo debe evaluar la "conveniencia urbanística" y que las exigencias hidráulicas, ambientales y de tránsito son "etapas posteriores" que el emprendimiento deberá cumplir antes de mover un solo ladrillo. La distinción buscó resguardar al interbloque de las esquirlas de la medida cautelar vigente en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2, permitiendo que la gestión municipal sostenga el discurso de no violar la orden judicial, aun cuando en los hechos el Concejo legisla para convalidar un proyecto que avanzó ilegalmente con movimientos de suelo sin el aval estatal.
Para cerrar la ecuación de votos, el oficialismo necesitó y encontró el auxilio táctico de La Libertad Avanza. La concejal Noelia Álvarez Ríos concedió el aval de su bloque con una salvedad calculada: exigir una consulta a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda para determinar si la ordenanza no colisiona con el fallo judicial por la falta de estudio de impacto ambiental. En lugar de pausar el tratamiento hasta obtener esa respuesta crucial, la bancada libertaria aceptó enviar el expediente a la Comisión de Legislación con el pedido adjunto. La maniobra permitió que el proyecto siga su marcha sin que ningún bloque asuma plenamente el costo político de ignorar la cautelar. Por su parte, la oposición encarnada por Unión por la Patria y AM-MDF optó por la abstención, señalando la inconsistencia de votar a ciegas un despacho que busca regularizar por vía de excepción una obra que ya desafió la autoridad municipal y judicial.
A las flaquezas de origen se le sumó un capítulo igual de opaco durante el debate de la comisión: el esquema de compensaciones urbanísticas. Desde la oposición expusieron las grietas de la aplicación de la Ley Provincial 14.449, remarcando que la contribución exigida al privado consiste en obras de alumbrado público instaladas sobre la misma avenida Jorge Newbery, frente al predio comercial. De este modo, la supuesta retribución a la comunidad finaliza convertida en una revalorización directa de la propia fachada del emprendimiento. El cuadro de inconsistencias se completa con el laberinto societario del expediente, impulsado originalmente por Molas y Asociados pero fragmentado en la causa judicial entre Treelands S.A., MPSG 5 Newbery S.A. y Exfako S.A., una nebulosa que deja sin respuesta sobre quién recaerá jurídicamente la obligación financiera de abonar las compensaciones impuestas.
El dictamen favorable conseguido en la Comisión de Obras proyecta un mensaje político significativo para la dinámica del desarrollo urbano en General Pueyrredon. En la práctica, el trámite legislativo de Plaza Rumencó confirma que la estrategia de construir sin permisos, judicializar el conflicto y presionar con hechos consumados encuentra terreno fértil en los pasillos del Concejo Deliberante. Con el expediente ahora rumbo a la Comisión de Legislación, el Municipio vuelve a quedar expuesto como un garante a posteriori de iniciativas privadas que imponen sus propios tiempos por encima de las normas ambientales y el estricto control estatal.