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A más de un año de las elecciones municipales de 2027, el tablero político de General Pueyrredon comenzó a mover sus fichas con una velocidad anticipada. En las últimas semanas, la inseguridad irrumpió con fuerza en la agenda pública local, consolidándose como uno de los ejes centrales sobre el cual orbitará el debate proselitista que definirá tanto la intendencia como la renovación de la mitad del Concejo Deliberante. En ese escenario caldeado, la irrupción de figuras que buscan encarnar la indignación ciudadana suele ser habitual, pero no siempre desinteresada. En los últimos días, dos episodios de alto impacto mediático terminaron de encender las alarmas en los pasillos del Palacio Municipal.

El pasado lunes 3 de agosto, Gino Goñi protagonizó un impactante espectáculo al encadenarse en la entrada principal de la sede de gobierno comunal, exigiendo respuestas inmediatas ante la escalada delictiva.

Apenas cuarenta y ocho horas después, el miércoles 5 de agosto, Jonatan Braganza se posicionó en las primeras filas de la marcha impulsada por la agrupación Robos MDP, mostrándose como uno de los líderes más enfáticos de la protesta vecinal.

A primera vista, la imagen parecía ser la de dos vecinos autoconvocados canalizando el legítimo malestar de la comunidad. Sin embargo, detrás del megáfono y las cadenas se esconde un trasfondo común que despierta serios interrogantes sobre la autenticidad y la neutralidad de estas acciones.

Tanto Goñi como Braganza comparten un pasado que desde el Palacio Municipal se recuerda con absoluta precisión. Ambos integraron las filas de la administración pública local y ambos fueron eyectados del sistema tras la tramitación de sumarios administrativos que derivaron en su cesantía. Las razones de sus expulsiones, documentadas en decretos oficiales del Ejecutivo comunal, no responden a desavenencias menores, sino a reiteradas inconductas, episodios de insubordinación y severos actos de violencia en el ámbito laboral.

Gino Alejandro Goñi revistaba en el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), la mismísima área destinada a velar por la prevención y el orden urbano. Su legajo, sin embargo, acumula dieciséis hechos denunciados que derivaron en su cesantía. Entre los antecedentes figuran agresiones verbales, invitaciones a resolver desacuerdos a las piñas con sus superiores, negativas sistemáticas a cumplir servicios asignados aduciendo que no estaría al sol o descalificando las órdenes de la jefatura, maniobras imprudentes con su vehículo particular contra el auto de un compañero e incluso el bloqueo del ingreso a la Secretaría de Seguridad cruzando su camioneta en el playón. Todo esto sumado a una suspensión previa de treinta días por agredir físicamente a otro empleado comunal.

Por su parte, Jonatan David Braganza se desempeñaba en el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), dentro del área de Guardaparques. Su salida del municipio quedó asentada por abandono de cargo. No obstante, el expediente sumarial reflejado en el Decreto 3065/22 expone un hecho de inusitada gravedad institucional ocurrido en las oficinas de Medicina Laboral. Tras la negativa médica a justificar una licencia traumatológica presentada mediante un certificado irregular, Braganza reaccionó de manera iracunda, arrojó una computadora a los profesionales, los amenazó con golpear con una silla al grito de que les iba a romper todo y provocó destrozos en las instalaciones y mamparas de vidrio. La escena requirió la intervención directa de la Policía Bonaerense, retirándose del lugar aprehendido y esposado.

Lejos de alejarse de la esfera pública tras sus escandalosas desvinculaciones, la proyección de ambos tomó un sesgo marcadamente político. Braganza encabeza hoy la lista de candidatos a concejal por el partido vecinalista "Nuevo Comienzo", una fuerza incipiente que sueña con meterse en la pelea por el Concejo Deliberante. Esta coincidencia temporal resalta la delgada línea entre el activismo comunitario genuino y la especulación electoralista.

En los pasillos del Palacio Comunal, el malestar y la incomodidad son absolutos. Las preguntas formuladas no son azarosas. ¿Qué buscan realmente quienes hoy se presentan como adalides de la seguridad ciudadana? Si durante su paso por la función pública tuvieron la oportunidad concreta de aportar desde adentro al funcionamiento de las áreas de control y servicios, pero optaron por el boicot, la violencia y el abandono de tareas, resulta inevitable indagar sobre las motivaciones de su repentina hiperactividad social. ¿Hay un interés legítimo por el bienestar general, o se trata de una estrategia de visibilidad personal impulsada por el rencor y la sed de venganza contra la gestión que los echó? Más aún, la inquietud central pasa por determinar si detrás de estas movilizaciones subyace el estímulo de algún espacio político interesado en desgastar al gobierno municipal en una de las temáticas más sensibles para la sociedad.

En un año donde las definiciones estratégicas comenzarán a moldear el futuro de General Pueyrredon, la frontera entre la demanda social auténtica y la utilización política del delito parece ser cada vez más difusa. Mientras la ciudadanía reclama soluciones concretas ante los hechos delictivos, el debate público corre el peligro de ser abordado desde la conveniencia personal y la liquidación de viejas cuentas pendientes.

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