En la comisión de Movilidad Urbana, un proyecto del radicalismo terminó articulando un frente común con la oposición para avanzar en sanciones más severas contra las motos con escapes adulterados. El consenso dejó expuesto al oficialismo, donde el PRO acompañó el objetivo general pero protagonizó los principales cruces sobre cómo aplicar las medidas y hasta cuestionó la redacción de la ordenanza vigente.

Radicales y oposición logran una alianza para endurecer la ofensiva contra los cortes de moto

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La problemática de los cortes de moto y los escapes antirreglamentarios produjo este lunes una escena política poco habitual en el Concejo Deliberante de Mar del Plata. El radicalismo y la oposición terminaron alineados para impulsar un endurecimiento de las sanciones, mientras el oficialismo del PRO quedó obligado a discutir los detalles técnicos de una ordenanza que, paradójicamente, ya había sido aprobada durante la actual gestión.

El expediente, presentado por la UCR + Nuevos Aires, busca modificar la ordenanza 26.322, impulsada en 2024 por Unión por la Patria, para avanzar sobre un punto sensible. Retirar, destruir y eventualmente compactar los caños de escape no homologados utilizados para realizar los cortes que generan ruido extremo y situaciones de intimidación en distintos barrios de la ciudad.

Lo más significativo de la reunión no fue solo el contenido del proyecto, sino la rápida convergencia entre la UCR y la oposición alrededor de la necesidad de dar una respuesta política urgente a un reclamo vecinal que atraviesa a toda la ciudad.

Desde la oposición, Diego García (UP) acompañó explícitamente la modificación y recordó que ya habían impulsado iniciativas vinculadas a los registros de motos y a las denuncias realizadas por los propios vecinos con teléfonos celulares. Su intervención fue más allá del problema del ruido y vinculó los cortes con una lógica de amedrentamiento social.

“Buscan generar miedo, como si fuera un disparo”, sostuvo, al describir cómo estos escapes llevan el motor al límite para producir detonaciones que se confunden con tiros. También advirtió sobre las concentraciones masivas de motos en avenidas, rutas y espacios públicos, donde “200 tipos le modifican la vida a 700.000 habitantes”, señalo.

La comisión mientras se trataba el proyecto.

La coincidencia con el radicalismo fue casi total. Ambos insistieron en que el Estado municipal debe recuperar autoridad en el espacio público, fortalecer los operativos y avanzar sobre los lugares donde se comercializan o instalan estos escapes, aun reconociendo las limitaciones normativas que hoy impone la legislación provincial.

El contrapunto de la jornada lo protagonizó Marcelo Cardoso (PRO), quien dejó en claro que el oficialismo comparte la preocupación por los cortes de moto, pero cuestionó varios puntos centrales del proyecto y de la ordenanza actualmente vigente.

Cardoso comenzó marcando una diferencia institucional. Sostuvo que la norma de 2024 está “mal redactada” porque le asigna a Inspección General funciones que corresponden exclusivamente a Tránsito. Según explicó, los inspectores pueden controlar talleres y comercios habilitados, pero no tienen facultades para detener motos en la vía pública.

También rechazó la necesidad de medir el nivel de ruido para determinar la infracción. Para el concejal del PRO, si el escape es no homologado o adulterado, la sola constatación debería habilitar el secuestro y la inutilización inmediata del caño.

Su posición más dura apareció al discutir el mecanismo para devolver las motos secuestradas. Mientras el proyecto original contemplaba que el titular pudiera concurrir con un mecánico para colocar un escape homologado y retirarla circulando. Propuso que el escape sea cortado directamente y que el vehículo solo pueda retirarse mediante grúa, generando además un costo adicional para el infractor.

Además, señaló explícitamente errores de competencias en la ordenanza vigente y reclamó una redacción más contundente para evitar interpretaciones que permitan a los infractores recuperar rápidamente las motos y volver a circular.

Finalmente, la comisión resolvió mantener el expediente en tratamiento, incorporar las modificaciones consensuadas, especialmente sobre la autoridad de aplicación y el retiro de las motos secuestradas, y recién entonces remitir los pedidos de informe a Inspección General, Tránsito y el Juzgado de Faltas.

INTERNISMO LEGISLATIVO

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La presidenta de la comisión, Malena Galmarini, postergó la reunión prevista para mañana hasta la próxima semana. Sí lo hará Legislación General, que comanda el axelista Germán Lago. La referente del massismo pidió el proyecto de Ayelén Durán, actualmente en el otro grupo, abriendo un tironeo entre sectores del oficialismo

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