15 de agosto de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
La Rambla, la Peatonal San Martín, el estadio José María Minella y Arena Mar del Plata suman nuevas polémicas. A la vez, la nube digital y la licitación del a UTF Playa Acevedo continúan en debate y son ejes de controversia, mientras crecen las disputas por el patrimonio y el desarrollo urbano en la ciudad. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
Playa Acevedo: segundo llamado, nueva fecha y dudas sobre el futuro de la licitación
La apertura de sobres estaba prevista para este martes 11 de agosto, pero fue trasladada al 22 de septiembre. Será el segundo llamado para definir la concesión. La nueva postergación reabre las dudas sobre el proceso.
La licitación para la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Acevedo volvería a quedar bajo la lupa. El proceso, que transita su segundo llamado, tenía prevista la apertura de sobres para este martes 11 de agosto, pero finalmente la fecha se habría trasladado al 22 de septiembre. La nueva postergación abre un interrogante central: ¿qué pasará con la licitación de acá a la nueva fecha?
El cambio de cronograma se habría producido luego de una presentación realizada por el empresario Damián Vuotto, quien cuestionó el último párrafo del artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones. El planteo apuntó a una posible interpretación restrictiva de la cláusula respecto de determinados oferentes.
Tras analizar la observación, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), conducido por Diego Juárez, habría entendido que la redacción no garantizaría la competencia buscada y habría dispuesto avanzar con una modificación del texto. La tarea quedaría a cargo del Departamento de Unidades Turísticas Fiscales y de la Dirección Legal.
De esta manera, la apertura de sobres que estaba a días de concretarse volvería a correrse. La nueva fecha quedaría fijada para el 22 de septiembre, por lo que los interesados tendrán más tiempo para conocer las condiciones definitivas con las que deberán presentarse al proceso.
El dato no es menor porque se trata del segundo llamado para una concesión que ya había atravesado una fuerte discusión durante 2025. En aquella oportunidad, el Club Atlético Once Unidos cuestionó administrativa y judicialmente la imposibilidad de que asociaciones civiles sin fines de lucro participaran de la licitación.
A partir de aquella controversia, el Municipio revisó las condiciones originales y relanzó el proceso durante 2026. El nuevo pliego amplió el universo de posibles oferentes y habilitó la participación de personas humanas y jurídicas legalmente constituidas, incluidas las entidades sin fines de lucro.
Ahora, cuando el segundo llamado parecía encaminarse hacia la apertura de ofertas, una nueva observación vuelve a modificar el escenario. La cuestión formal pasa por la redacción de una cláusula, pero el interrogante político y administrativo excede ese punto: habrá que ver si los cambios alcanzan para garantizar la participación de interesados y si el 22 de septiembre finalmente se concreta la apertura.
Mientras tanto, el expediente suma semanas de espera y la definición sobre el futuro de Playa Acevedo vuelve a quedar en el horizonte. Con una nueva fecha marcada en el calendario, también crecen las dudas sobre si esta vez la licitación podrá avanzar hacia una definición o si volverán a aparecer nuevos planteos que modifiquen el escenario.
Minella: en el Concejo buscan saber qué hay detrás del cambio de accionistas
Un proyecto de Unión por la Patria reclama información sobre la cesión del 87,5% de las acciones de Minella Stadium SA y pone el foco en los aportes comprometidos y las obras. El bloque opositor quiere conocer quiénes integrarán la Comisión Ad Hoc que deberá analizar el pedido de cambio societario y qué criterios utilizará para resolverlo.
El futuro de la concesión del estadio José María Minella volverá a quedar bajo la lupa del Concejo Deliberante. Unión por la Patria presentó un nuevo proyecto de comunicación en el que reclama información al Ejecutivo municipal sobre la situación de Minella Stadium SA, la empresa que tiene a su cargo la explotación del estadio, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes.
El expediente pone el foco especialmente en el pedido para transferir el 87,5% de las acciones de Minella Stadium SA a Perfeta Producciones SA y en la situación financiera de la concesionaria. En ese sentido, el bloque opositor busca conocer qué integrantes fueron designados para formar parte de la Comisión Ad Hoc creada por el Municipio para analizar la solicitud y qué criterios se utilizarán para definir si finalmente se autoriza la operación.
El pedido de información se produce, además, en medio de la investigación judicial que analiza el proceso de concesión del complejo deportivo. La Justicia ya había requerido documentación vinculada con la licitación y el expediente tramitado en el Concejo Deliberante, por lo que el nuevo movimiento legislativo vuelve a poner el foco sobre las condiciones en las que se otorgó la explotación del Minella y sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.
La concesión fue adjudicada a Minella Stadium SA mediante la Ordenanza N°26.730, que autorizó al Departamento Ejecutivo a avanzar “por única oferta válida de evidente conveniencia” con la Licitación Pública Nº 03/25. La empresa tomó oficialmente posesión de las instalaciones el 5 de noviembre de 2025.
Desde entonces, según plantea el proyecto, aparecen una serie de interrogantes sobre las obligaciones asumidas por la firma. Entre ellos, el cumplimiento de las obras comprometidas y la acreditación de los recursos necesarios para llevar adelante la inversión prevista.
Uno de los puntos que Unión por la Patria pretende despejar está vinculado con un compromiso de aporte irrevocable por USD 40 millones realizado por REVEE-REAL ESTATE VENUES&ENTERTAINMENT PARTICIPACOES S.A. a favor de Minella Stadium SA. El proyecto advierte que en el expediente municipal figura la constancia de la oferta de aportes y su aceptación, pero “no figura en el expediente de mención la constancia de integración de dichos aportes”.
A partir de ese punto, el texto sostiene que “resulta llamativa la supuesta falta integración de los aportes irrevocables, lo que deja de manifiesto la falta de capacidad financiera para llevar adelante las obras comprometidas, y el posible cambio de accionistas”.
La discusión tomó una nueva dimensión luego de que el Boletín Oficial publicara el 6 de agosto la Resolución 229/2026, firmada por el secretario Legal, Técnico y Hacienda, Mauro Martinelli. Allí se dispuso la creación de una Comisión Ad Hoc para analizar el pedido de Minella Stadium SA de ceder el 87,5% de sus acciones a Perfeta Producciones SA.
La resolución establece que deberán participar representantes del Ente Municipal de Deportes, la Dirección General Legal y Técnica, la Contaduría General y la Dirección de Contrataciones. El objetivo será analizar la documentación presentada por la concesionaria y determinar su adecuación a las exigencias del pliego.
El proyecto de Unión por la Patria busca ahora conocer quiénes serán esos representantes y, fundamentalmente, cuáles serán los parámetros con los que se analizará una operación que podría modificar la composición societaria de la empresa concesionaria.
Pero el pedido opositor no se limita al cambio de accionistas. También solicita que la Comisión Ad Hoc informe si el aporte irrevocable de USD 40 millones se encuentra efectivamente integrado en el patrimonio de Minella Stadium SA antes de avanzar con la eventual cesión.
Además, reclama saber si el análisis incluirá todo lo actuado por la empresa desde que tomó posesión del predio en noviembre de 2025 y si se evaluará el cumplimiento de los artículos 57, 68 y 70 del Pliego Único de Bases y Condiciones.
Otro de los puntos que aparece en el proyecto apunta directamente a las obras. Unión por la Patria pide que se informe el cronograma previsto desde el eventual pedido de autorización para la cesión de acciones hasta fines de 2026.
Así, mientras el Ejecutivo analiza la solicitud para modificar la composición accionaria de Minella Stadium SA, el Concejo busca poner bajo la lupa no solo quiénes quedarían al frente de la concesionaria, sino también si la empresa habría cumplido con las condiciones económicas y las obligaciones asumidas al momento de quedarse con la explotación del complejo deportivo.
El expediente vuelve a instalar en el recinto una discusión que excede el cambio societario. Con una investigación judicial en curso sobre la concesión, el pedido de Unión por la Patria busca sumar precisiones sobre el proceso y conocer qué nivel de control ejercerá el Municipio antes de habilitar una modificación sobre la empresa que tiene la explotación del Minella.
El Ejecutivo dio explicaciones por la contratación de la nube municipal y desactivó parte de las dudas en Legislación
Durante el debate por la adjudicación del servicio cloud a la Cooperativa Batán, la oposición agradeció la presencia del subsecretario José Luis Dranuta y remarcó que, de haberse tramitado las consultas por la vía escrita y electrónica habitual, las respuestas podrían haber demorado “unos cuantos meses”. Tras las explicaciones del funcionario, la comisión aprobó el expediente por unanimidad, con la abstención del bloque de Unión por la Patria.
La comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento recibió este lunes al subsecretario de Gobierno Digital y Mejora de Procesos, José Luis Dranuta, para que brindara explicaciones sobre la contratación del servicio de nube para los sistemas municipales, una adquisición que ronda los $47,4 millones y que ya había generado cuestionamientos por el mecanismo utilizado y por distintas observaciones administrativas detectadas durante el expediente.
La presencia del funcionario había sido impulsada por la oposición, que reclamaba precisiones sobre el expediente 1489-D-2026, mediante el cual el Ejecutivo busca convalidar el decreto que adjudicó la compra directa a la Cooperativa Batán Obras y Servicios Públicos Ltda.
Dranuta explicó que el proceso atravesó dos llamados previos en los que se invitó a seis proveedores, pero que en ninguno de los casos pudo avanzarse. En el primero se presentó un solo oferente y en el segundo la oferta tenía un defecto técnico. Ante esa situación, sostuvo, se optó por la contratación directa invitando nuevamente a los proveedores habilitados, aunque finalmente volvió a presentarse un único oferente.
Durante el intercambio, el presidente de la comisión, Ariel Bordaisco (UCR+NA), planteó la inquietud sobre por qué en un mercado tecnológico amplio y competitivo el municipio no logró contar con más ofertas. El subsecretario respondió que, por su experiencia en el sector informático, la principal dificultad es que se trata de un monto poco atractivo para grandes proveedores internacionales, especialmente por las condiciones de contratación del municipio, que paga en pesos y con plazos de 60 a 90 días, mientras que ese tipo de empresas suele operar y facturar en dólares a través de partners.
La oposición puso el foco en las observaciones administrativas que aparecieron en el expediente. En particular, consultó por qué un proveedor que había sido rechazado en las instancias anteriores por no acreditar facultades suficientes para obligar válidamente a la firma oferente volvió a ser invitado pocos días después. Dranuta aclaró que esa cuestión corresponde al área de Contrataciones y no a Gobierno Digital, que únicamente elabora los requerimientos técnicos y remite el trámite a través del sistema de Gestión Documental Electrónica. También se le preguntó por una observación de la Contaduría Municipal vinculada a la falta de saldo presupuestario suficiente para afrontar el gasto, a lo que respondió que la situación fue subsanada mediante una transferencia interna de partidas.
En otro tramo del debate, el funcionario detalló que entre las empresas invitadas figuraban Amazon Web Services a través de un partner local, Telecom y Telefónica, aunque aseguró que varias de ellas manifestaron informalmente que el volumen de la contratación no justificaba la inversión y las exigencias técnicas requeridas por el municipio, como disponibilidad permanente del servicio y soporte 24 horas los 7 días de la semana.
Al cierre de la reunión, la oposición valoró la convocatoria del funcionario y destacó que la instancia presencial permitió despejar dudas en tiempo real. “Si estas dudas las tenemos que evacuar por escrito, hubiéramos estado unos cuantos meses para avanzar sobre el particular”, sostuvo Horacio Taccone, quien además agradeció la claridad de las respuestas y pidió que en otros expedientes también se habilite la presencia de funcionarios para agilizar el trabajo legislativo.
La comisión finalmente aprobó el expediente de manera unánime, aunque con la abstención del bloque de Unión por la Patria. La exposición de Dranuta permitió al Ejecutivo defender el procedimiento utilizado y responder directamente a los cuestionamientos que habían motivado la convocatoria, en una reunión que sirvió para despejar buena parte de las dudas planteadas durante el tratamiento del expediente.
Carteles, abandono y una rescisión: así terminó la obra de la Peatonal San Martín
La puesta en valor del corazón comercial de Mar del Plata terminó rescindida, con menos de la mitad de los trabajos realizados y un reclamo millonario contra la contratista. Santiago Bonifatti, entonces presidente del EMSUR, era el responsable político de supervisar una obra que nunca logró completarse.
El Municipio de General Pueyrredon decidió finalmente rescindir el contrato con la empresa Istria S.A. por los reiterados incumplimientos en la obra “Prioridad Peatón Microcentro”, la puesta en valor de la Peatonal San Martín. La medida quedó formalizada en el Decreto DECFC-2026-1592-E-MUNIMDP-INT, firmado por el intendente interino Agustín Neme. El expediente reconoce que la obra tenía un plazo de 281 días corridos, debía finalizar el 16 de diciembre de 2024 y, llegada esa fecha, apenas alcanzaba un avance del 47,19%. Además, una inspección posterior constató que desde el vencimiento del plazo no se ejecutó ninguna tarea adicional.
La pregunta inevitable es dónde estaba Bonifatti mientras la obra se frenaba. Durante esa época era presidente del EMSUR, el ente que debía garantizar la ejecución y el seguimiento de este tipo de intervenciones urbanas, era el principal responsable político de que el proyecto avanzara en tiempo y forma. Sin embargo, durante su gestión la obra acumuló demoras, modificaciones de cronograma y certificaciones sin resultados visibles para los marplatenses.
No se trata de un problema heredado de último momento. La iniciativa “Prioridad Peatón Microcentro” había sido presentada como una apuesta estratégica para modernizar uno de los corredores comerciales y turísticos más importantes de la ciudad. El proyecto contemplaba renovación de solados, ampliación de veredas, mejoras de iluminación, adecuación de desagües, nuevos maceteros, mobiliario urbano y el recambio de los decks de madera por estructuras de PVC.
La licitación fue adjudicada con un presupuesto oficial de $488,8 millones, al que luego se sumó un aporte de $350 millones de la Provincia de Buenos Aires a través del programa “Municipios a la Obra”. Es decir, el financiamiento existía; lo que faltó fue gestión y control político.
Durante estos últimos días, La Tecla Mar del Plata recorrió el sector y mostró una escena que desmiente cualquier relato oficial de recuperación del centro. Decks dañados, baldosas desgastadas y carteles que anuncian una obra que nunca llegó a concretarse. Frente a la Catedral, la cartelería de “Prioridad Peatón Microcentro” quedó como un monumento involuntario al fracaso de la intervención.
El propio Ejecutivo municipal había admitido en la Rendición de Cuentas 2024 que la obra sufría retrasos, extensiones de plazo y actualizaciones de costos que alteraron completamente el cronograma original. Aun así, durante meses se sostuvo el discurso de que la intervención continuaba avanzando, mientras el nivel de ejecución permanecía estancado en menos de la mitad del proyecto.
El decreto firmado por Neme no sólo rescinde el contrato por “exclusiva culpa” de Istria S.A., sino que además intima a la empresa a devolver $260.613.342,12 correspondientes al anticipo financiero no invertido, más los intereses acumulados. También autoriza a la Dirección de Asuntos Judiciales a iniciar acciones prejudiciales, judiciales y extrajudiciales para recuperar esos fondos en caso de falta de pago voluntario.
La resolución se suma a la multa de $258.966.027,14 que el Municipio ya había aplicado a la contratista por los incumplimientos registrados durante la ejecución de los trabajos.
Lejos de cerrar el tema, el gobierno municipal volvió a poner la recuperación de la Peatonal en agenda. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Agustín Neme anunció una nueva intervención junto al sector privado para mejorar el corredor comercial. Pero, hasta ahora, no existen plazos, financiamiento confirmado ni detalles concretos sobre el alcance de esa supuesta nueva etapa.
El problema es que el anuncio llega después de dos años de una obra paralizada, millones de pesos comprometidos y un microcentro que sigue esperando la transformación prometida.
La caída definitiva de “Prioridad Peatón Microcentro” expone mucho más que el incumplimiento de una empresa. Expone el fracaso de la conducción política que debía controlar la obra, y en ese punto el nombre de Santiago Bonifatti aparece en el centro de la escena.
Mientras el ex titular del EMSUR continúa proyectando su carrera política, la principal peatonal de Mar del Plata quedó con nulos avances de la obra hecha, fondos públicos comprometidos y una nueva judicialización en puerta. Los carteles frente a la Catedral ya no anuncian una renovación, anuncian el resultado de una gestión que prometió modernizar el microcentro y terminó dejando otra obra emblemática abandonada.
Urbanismo y poder en Mar del Plata
Entre polémicos proyectos, el cuestionado rol del Concejo, las denuncias en la Justicia y los conflictos de intereses de funcionarios, Mar del Plata busca su desarrollo urbano.
La fisonomía de Mar del Plata no cambiaría por azar ni por la inercia del merca do. Detrás de cada torre suntuosa que alteraría la línea de la costa y rompería el per fil de las lomas históricas operaría una matriz política e institucional que habría transformado al Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en una pieza ornamental. Durante las últimas tres décadas, y a través de distintas gestiones municipales de diverso signo ideológico y color político, el recurso de la ordenanza de excepción habría dejado de ser un instrumento administrativo de uso extraordinario para convertirse en la regla general de la planificación urbana.
El Municipio dejará de publicar los nombres completos de los involucrados en sumarios
Una resolución de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda establece que los sumarios disciplinarios deberán publicarse mediante extractos despersonalizados. La medida surge de un reclamo del Sindicato de Trabajadores Municipales y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la protección de los agentes y el control ciudadano de la función pública.
El Municipio de General Pueyrredon dejará de publicar los nombres completos de los agentes involucrados en sumarios disciplinarios en el Boletín Oficial. La medida fue dispuesta mediante la Resolución N° 240/26 de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, firmada por el secretario Mauro Martinelli. La norma establece que los actos administrativos de apertura, trámite, sanción, sobreseimiento y absolución que deban difundirse en el Boletín Oficial se publicarán mediante extractos claros, precisos y despersonalizados. Los agentes imputados, denunciantes, testigos y demás personas que intervengan en el procedimiento serán identificados mediante sus iniciales, sin consignar sus nombres y apellidos completos.
El origen del expediente administrativo se remonta a una presentación efectuada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que solicitó el cese de la publicación nominativa de los agentes municipales involucrados en actos de apertura y trámite de sumarios disciplinarios. La organización gremial planteó la necesidad de preservar los derechos al honor, la intimidad y la protección de los datos personales de los trabajadores.
Ante el planteo sindical, la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda sostuvo que la publicación de los actos administrativos municipales constituye una obligación constitucional y legal y no una facultad discrecional de la Administración. La Dirección de Sumarios dictaminó que los actos de orden de sumarios, sancionatorios, sobreseimientos y absoluciones debían publicarse mediante extractos, preservando la identidad de los involucrados. La Dirección de Dictámenes adhirió a ese criterio y consideró que la publicación de extractos despersonalizados permitiría conservar los hechos, fundamentos y decisión sin comprometer los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos personales.
La resolución se apoya, además, en el artículo 108 inciso 18 del Decreto-Ley N° 6.769/58, que establece la publicación del Boletín Oficial Municipal como manifestación del principio de publicidad de los actos de gobierno. También cita la Ordenanza N° 19.176, que permite publicar el texto íntegro de decretos y resoluciones o un extracto claro y preciso de su contenido, y la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales, que contempla la disociación de datos como mecanismo para impedir su asociación con una persona determinada.
De acuerdo con la resolución, los extractos deberán consignar obligatoriamente el objeto del acto, los hechos relevantes, los fundamentos sustanciales y la parte dispositiva. El criterio no elimina la obligación de la Administración de notificar personal y fehacientemente los actos a los agentes directamente involucrados, que deberán recibir la comunicación por las vías legales correspondientes.
La norma establece, además, un estándar reforzado de reserva para los casos alcanzados por la Ley Nacional N° 26.485 y la Ordenanza Municipal N° 24.271, vinculados con situaciones de violencia de género u otras sujetas a protocolos especiales de protección. En esos supuestos, el resguardo no se limitará a los nombres: también alcanzará cualquier dato fáctico, circunstancial, de lugar, dependencia, vínculo, cargo o cualquier otra referencia que razonablemente pueda permitir la identificación directa o indirecta de la persona denunciante o afectada.
La aplicación general de este criterio también alcanzará a los funcionarios, jefes de área y agentes que intervengan en procedimientos disciplinarios, sin distinción por el nivel de responsabilidad que ocupen dentro de la estructura municipal. La resolución establece que la identificación de imputados, denunciantes, testigos y demás intervinientes será reemplazada por iniciales “en todos los casos”. ¿Qué efecto podría tener este criterio cuando los involucrados sean funcionarios, jefes de área o agentes con responsabilidades dentro de la administración? ¿Podría la imposibilidad de conocer sus nombres completos en el Boletín Oficial dificultar, en determinados casos, la identificación pública de eventuales responsabilidades?
La propia resolución sostiene que la individualización nominativa de los agentes no resulta esencial para satisfacer el control ciudadano sobre la actividad disciplinaria de la Administración. Según el criterio adoptado, ese control quedaría garantizado mediante la publicación del acto, sus hechos relevantes, fundamentos y parte dispositiva.
La nueva modalidad de publicación podría modificar las condiciones habituales para el seguimiento público de los sumarios municipales. El Boletín Oficial conservará información sobre los hechos investigados y las decisiones adoptadas, pero ya no permitirá, por sí solo, identificar mediante el nombre completo a las personas involucradas. ¿Será suficiente esa información para garantizar un control ciudadano efectivo sobre el ejercicio del poder disciplinario? ¿Podrá la publicación despersonalizada preservar los derechos de los agentes sin dificultar, en determinados casos, la identificación de eventuales responsabilidades institucionales?
La resolución plantea así una tensión entre dos principios que el propio texto busca compatibilizar: la publicidad de los actos de gobierno y la protección de los datos personales de quienes intervienen en procedimientos disciplinarios. La Administración considera que ambos objetivos pueden coexistir mediante la publicación de los hechos, fundamentos y decisiones, sin identificación nominal. ¿Será ese equilibrio suficiente para garantizar la transparencia de la actividad disciplinaria municipal? ¿O la ausencia de los nombres completos podría limitar las posibilidades de seguimiento de determinados casos por parte de ciudadanos, periodistas y organizaciones interesadas en el funcionamiento de la administración pública?
Perfeta Producciones: el colapso de la concesión del Minella acorrala al Municipio
La firma Minella Stadium atraviesa un colapso financiero con cerca de 600 millones de pesos en cheques rebotados, mientras ocurre el desembarco no autorizado de un grupo en situación crediticia irrecuperable y crecen las acusaciones de lavado de dinero que conectan al Banco Master de Brasil con la AFA, dejando a la Comuna bajo la amenaza de un millonario juicio internacional.
El conflicto en torno al Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas ha dejado de ser un mero diferendo administrativo local para convertirse en el epicentro de una severa crisis económica e institucional con ramificaciones judiciales internacionales. La firma concesionaria de los predios municipales, Minella Stadium S.A., ha ingresado en un colapso operativo absoluto tras registrar un masivo default comercial. Entre junio y julio de 2026, la sociedad rebotó 25 cheques por un monto acumulado de 589,39 millones de pesos por falta de fondos. El deterioro patrimonial mostró una aceleración vertiginosa: a una primera tanda de 13 cheques impagados por 193,67 millones de pesos en junio le siguió en julio otro lote de 12 documentos rechazados por 395,71 millones de pesos, sumando obligaciones que permanecen impagadas a la fecha. A esto se suma una deuda con el sistema financiero por 221,73 millones de pesos —concentrada principalmente en BR Capital S.A. por 208,3 millones de pesos y en el Banco Galicia—, lo que desplomó su calificación crediticia a los 394 puntos.
El origen de la concesión revela irregularidades que hoy se investigan en los tribunales. La adjudicación del predio a Minella Stadium S.A. como única oferente en la Licitación Pública N° 03/25 fue justificada por la Comisión Asesora de Preadjudicación en base a la supuesta experiencia empresarial y solvencia técnica del socio mayoritario, el grupo brasileño Revee, respaldado por una promesa de inversión en obras por 40 millones de dólares. Sin embargo, el respaldo financiero de Revee se apoyaba en una cédula de crédito bancario de 450 millones de reales emitida por el convulsionado Banco Master de Brasil. Esta operación se encuentra actualmente bajo la lupa de la Policía Federal brasileña en el marco de la "Operación Carbono Oculto" y de la Justicia argentina dentro del "Caso Sur Finanzas", una causa por lavado de dinero, desvío de fondos y fraude bancario que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a exdirectivos del club Banfield.
Ante la inminencia del colapso y el avance de las causas judiciales —que motivaron allanamientos de las fuerzas de seguridad en dependencias públicas marplatenses para secuestrar el expediente de la concesión—, los fundadores de la firma, Eduardo Juan Spinosa y Rafael Trevisán, presentaron sus renuncias en las asambleas societarias de julio. En un intento de rescate de emergencia, se puso en marcha el traspaso del 87,5% del paquete accionario a Perfeta Producciones S.A., compañía liderada por el empresario Marcelo Fígoli y presidida por Rubén Darío Montes. Sin embargo, la empresa adquirente dista de aportar solvencia: según informes oficiales del Banco Central de la República Argentina, Perfeta se ubica en Situación 5 —la categoría de deudores irrecuperables— por una mora de 42,86 millones de pesos con el Banco Santander, acumula un score crediticio de apenas 1 punto sobre 999 y afronta juicios de ejecución fiscal promovidos por la AGIP por deudas tributarias de 6,41 millones de pesos, antecedentes que ya le valieron ser rechazada en licitaciones del Estado nacional.
Más allá del sobreendeudamiento de las partes, el traspaso violó abiertamente el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), cuyo Artículo 17 exige la autorización previa, expresa y escrita del Gobierno de General Pueyrredón para cualquier cambio de control accionario. Sin esperar el dictamen de la comisión evaluadora municipal, las publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de julio de 2026 confirmaron que el cambio de autoridades se ejecutó como un hecho consumado durante la asamblea del 7 de julio. En dicha reunión, Rubén Darío Montes asumió la presidencia de Minella Stadium S.A., secundado por los ejecutivos Mariano Miguens y Georgina Valeria Der Kevorkian, al tiempo que mudaron la sede social a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En el plano operativo, las consecuencias del abandono son evidentes. A trece meses de la firma del contrato y tras la salida de Revee —que solo llegó a instalar unos metros de rejas en el lugar—, el estadio ha sufrido cortes en el servicio de energía eléctrica por falta de pago de las facturas acumuladas, mientras que los pasivos con proveedores locales y trabajadores no paran de crecer. En paralelo, organizaciones civiles han denunciado formalmente a administradores de la sociedad y funcionarios municipales ante la Fiscalía de Delitos Económicos por presunta administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escenario deja a la Municipalidad de General Pueyrredón en una encrucijada crítica. Validar la cesión de acciones significaría entregar el predio deportivo más importante de la ciudad a una empresa catalogada de irrecuperable por las autoridades financieras, aceptando a su vez el atropello normativo cometido por la sociedad al cambiar de autoridades sin aval previo. En contrapartida, rescindir la concesión por el default millonario y los severos incumplimientos abriría la puerta a que los concesionarios impulsen una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, exponiendo a las arcas municipales a un litigio que podría implicar un costo superior a los 10 millones de dólares.
Rambla: la Provincia adjudicó la segunda etapa de las obras mientras sigue en marcha la primera
La UTE integrada por Cecosa y PF Compañía Constructora se quedó con la licitación por $5.729 millones. Con adicionales y fondos previstos por ley, la contratación asciende a $6.016 millones. En paralelo, la primera parte de la obra sigue en marcha y, tras las demoras registradas, desde el gobierno estiman que estará terminada en diciembre.
El gobierno de Axel Kicillof definió finalmente quién tendrá a su cargo la segunda y última etapa de la puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata. La obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Cecosa S.A. y PF Compañía Constructora S.A., que presentó una oferta de $5.729.703.364,56.
La decisión quedó formalizada este miércoles a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, encabezado por Gabriel Katopodis, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.
A ese monto se suman los fondos previstos para dirección e inspección, reservas establecidas por la normativa y tareas de embellecimiento. De esta manera, el costo total de la contratación asciende a $6.016.188.532,78. El plazo establecido para completar los trabajos es de 180 días corridos.
La adjudicación se produjo luego de una licitación en la que se presentaron cuatro ofertas. Además de la UTE finalmente seleccionada, participaron Riva S.A.I.I.C.F.A., José Luis Triviño S.A. y Construcciones La Plata S.A.
La comisión evaluadora consideró que la propuesta de Cecosa-PF era la más conveniente para las arcas provinciales y recomendó avanzar con su contratación. En consecuencia, fueron descartadas las otras tres propuestas por resultar menos convenientes al interés fiscal.
El proceso había comenzado con un presupuesto oficial que luego fue actualizado. La cifra inicial había sido fijada en $4.783.371.051,83, mientras que antes de analizar las ofertas la Provincia llevó ese monto a $5.226.208.863,96. Finalmente, la empresa adjudicataria presentó una cotización de $5.729.703.364,56.
Qué se hará en la segunda etapa
La intervención contempla cerca de 13 mil metros cuadrados del complejo costero y apunta a completar la recuperación de distintos sectores de la Rambla.
Entre las tareas previstas se encuentran la restauración de los solados y espacios verdes de las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial, además de trabajos en Plaza Bristol y en las inmediaciones del Skatepark Bristol.
El proyecto también contempla intervenciones sobre las instalaciones de agua y cloacas de los locales comerciales ubicados debajo de la recova del Casino y mejoras en los baños públicos del paseo inferior.
La resolución establece, además, que la empresa podrá recibir un anticipo financiero equivalente al 5% del monto contractual, siempre que constituya previamente la garantía correspondiente.
Una obra que viene con demoras
La segunda etapa se suma a los trabajos de recuperación integral de la Rambla que comenzaron en julio de 2025. Desde la Provincia estiman que la primera parte de la intervención estará terminada en diciembre, luego de las demoras registradas respecto de los plazos originalmente previstos.
Con la nueva adjudicación, el Gobierno bonaerense busca avanzar sobre el tramo restante de un proyecto cuya inversión global rondará los $16.600 millones, según las estimaciones oficiales difundidas durante el proceso.
En paralelo, la Provincia trabaja en la conformación de un esquema de administración que involucre al sector público y al privado. La intención es generar un consorcio que permita establecer un mecanismo de mantenimiento y cuidado de la Rambla una vez que finalicen las obras.
Así, mientras la primera etapa todavía transita su ejecución, el Gobierno de Axel Kicillof ya definió quién estará a cargo de completar la intervención sobre uno de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata.
Con la camiseta de la Selección, la comunidad universitaria y científica se movilizó en defensa de la educación y la ciencia
La concentración reunió a trabajadores, docentes, investigadores y representantes de distintos sectores académicos y científicos en las puertas del CONICET Mar del Plata. Con la camiseta de la Selección como símbolo, reclamaron por el financiamiento universitario, los salarios, las becas y la continuidad de la ciencia pública.
La comunidad académica y científica de Mar del Plata se concentró este miércoles en las puertas del Centro Científico Tecnológico CONICET Mar del Plata, en el marco de la jornada nacional de lucha por el financiamiento de las universidades, la ciencia y la tecnología.
La convocatoria reunió a una importante cantidad de trabajadores, docentes, investigadores, estudiantes y representantes de distintos sectores vinculados a la Universidad Nacional de Mar del Plata y al sistema científico. Además, estuvieron presentes los principales referentes de los distintos organismos y entidades que impulsaron la jornada de protesta.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la concentración fue la presencia de numerosas personas con la camiseta de la Selección Argentina. La consigna “Me pongo la camiseta para defender Argentina” buscó convertir la tradicional camiseta celeste y blanca en un símbolo del reclamo por la defensa de la educación pública, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
La movilización se realizó en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al ajuste y el desfinanciamiento que, según plantearon los sectores convocantes, atraviesan tanto a las universidades como al sistema científico nacional.
La jornada había sido impulsada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET Mar del Plata, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT), entre otras organizaciones.
El reclamo también incluyó la defensa de salarios dignos, la continuidad de las becas posdoctorales, el sostenimiento de los programas destinados a estudiantes y la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades y los organismos científicos.
La protesta se produjo luego de que la Corte Suprema dejara vigente, el pasado 26 de junio, una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la normativa de financiamiento universitario, incluyendo la actualización salarial del personal y la recomposición de distintos programas.
En paralelo, el sector universitario y científico ya tiene previstas nuevas jornadas de protesta para las próximas semanas. La CONADU convocó a una semana de “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, del 18 al 21 de agosto, y a un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
El Concejo vuelve a cuestionar a Juárez por la falta de respuestas del EMTURyC
Diferentes comisiones volvieron a cuestionar al EMTURyC por la falta de respuestas a pedidos de informes que llevan meses sin contestarse. Crece el malestar en el Concejo por la conducción de Diego Juárez, a quien la oposición ya evalúa citar para que explique el funcionamiento del ente y las demoras acumuladas.
Los cuestionamientos contra el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) volvieron a crecer en el Concejo Deliberante y dejaron cada vez más expuesto al presidente del organismo, Diego Juárez. La falta de respuestas a los pedidos de informes ya no aparece como un episodio aislado, sino como una práctica que se sostiene en el tiempo y que empieza a generar malestar incluso dentro de sectores del oficialismo.
Desde la comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación, los concejales volvieron a poner el foco en la demora del ente para responder expedientes vinculados con bibliotecas, políticas culturales y distintos programas que se encuentran bajo su órbita. Según se planteó durante la reunión, algunos pedidos de informes llevan más de seis meses sin respuesta, pese a haber sido reiterados en distintas oportunidades.
La situación resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo señalado en la comisión, los organismos municipales cuentan con un plazo determinado para responder los pedidos de informes una vez que reciben la notificación correspondiente. Sin embargo, en el caso del EMTURyC, los tiempos parecen ser apenas una sugerencia.
En reuniones anteriores, desde la comisión ya habían advertido que durante el año no habían recibido respuestas del ente a ninguno de los pedidos realizados. Incluso algunos expedientes fueron reiterados hasta tres veces sin obtener una contestación.
La falta de respuestas también generó que desde la oposición plantearan la posibilidad de citar directamente a Juárez al Concejo para que explique qué sucede con los expedientes pendientes. La discusión volvió a poner sobre la mesa una cuestión básica del funcionamiento institucional: los concejales pueden estar de acuerdo o no con las iniciativas, pero necesitan información del Ejecutivo y de los entes municipales para poder discutirlas y tomar decisiones.
En este escenario, la figura de Diego Juárez queda particularmente cuestionada. El presidente del EMTURyC aparece cada vez más señalado por la falta de respuestas de un organismo que conduce, pero hasta el momento no se lo ha visto dando explicaciones en el ámbito legislativo sobre las demoras acumuladas.
La situación contrasta con la exposición pública que suele tener el funcionario. Para las fotos y los actos, Juárez parece encontrar siempre un lugar; cuando se trata de responder preguntas concretas de los concejales sobre el funcionamiento del ente, los expedientes pendientes o las políticas culturales y turísticas, la respuesta brilla por su ausencia.
Y el problema no es menor. La comisión de Educación tiene entre sus incumbencias una parte importante de las políticas culturales de la ciudad, por lo que buena parte de los expedientes que ingresan inevitablemente terminan requiriendo información del EMTURyC. Si el ente no responde, el trabajo legislativo queda trabado.
La demora en contestar pedidos de informes se suma a los cuestionamientos que vienen acumulándose sobre la conducción de Juárez. El EMTURyC quedó expuesto en reiteradas oportunidades por su funcionamiento, mientras desde el Concejo reclaman información sobre decisiones y programas que deberían estar bajo seguimiento legislativo.
Lo más llamativo es que el silencio del ente comienza a generar un problema político para el propio oficialismo. Ante los reclamos, los concejales oficialistas no lograron exhibir una defensa contundente de la conducción de Juárez ni explicar por qué los pedidos de informes permanecen sin respuesta durante meses.
Con pedidos de informes acumulados, expedientes reiterados y una comisión que ya analiza la posibilidad de citarlo, Juárez enfrenta un escenario incómodo. La discusión dejó de ser solamente sobre un expediente puntual y pasó a ser sobre la capacidad del EMTURyC para cumplir con una obligación elemental: dar respuestas.
A 13 años de los cambios de indicadores en Alem, buscan saber qué pasó con los fondos para La Loma y Playa Grande
Un proyecto de comunicación presentado en el Concejo solicita al Ejecutivo un detalle de las obras autorizadas desde 2012, las compensaciones devengadas y cobradas y el destino que tuvieron esos recursos.
La oposición volvió a poner bajo la lupa una de las normas que modificó el desarrollo urbano del sector de Alem. A través de un proyecto de comunicación presentado en el Concejo Deliberante, principalmente por representantes vinculados al kicillofismo local, se reclama al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el cumplimiento de la Ordenanza Nº 21.040 y, especialmente, sobre el destino de los recursos generados por la compensación urbanística creada en 2012.
La iniciativa apunta a reconstruir qué ocurrió durante los más de 13 años transcurridos desde la sanción de la norma: cuántas obras se autorizaron en las parcelas alcanzadas por los cambios de zonificación, cuánto dinero debía ingresar al Municipio en concepto de compensación, cuánto se cobró efectivamente y qué obras se financiaron con esos recursos.
La Ordenanza Nº 21.040, sancionada el 11 de octubre de 2012, introdujo modificaciones en la zonificación y en las condiciones de edificabilidad de un sector comprendido, entre otras calles, por Leandro N. Alem, General Roca, Almafuerte, Bernardo de Irigoyen y Primera Junta.
Uno de los cambios centrales alcanzó a las parcelas frentistas a Alem, entre General Roca y Almafuerte, que dejaron de pertenecer al distrito Residencial Siete (R7) para pasar al distrito Central Alem (CA). A su vez, determinadas parcelas comprendidas entre Alem, Almafuerte, Bernardo de Irigoyen y Primera Junta fueron incorporadas al distrito Residencial Cuatro (R4).
De acuerdo con los considerandos del proyecto opositor, esas modificaciones implicaron “un incremento de la capacidad edificatoria, poblacional y del plano límite en el sector”. Precisamente por ese cambio, la propia ordenanza estableció una compensación urbanística para las obras que se desarrollaran en las parcelas alcanzadas.
El artículo 9º fijó una contribución a cargo de los solicitantes de las obras, con un monto análogo al correspondiente a la Tasa de Servicios Técnicos de la Construcción. Pero el punto que ahora vuelve al centro de la escena es el destino específico que debía tener ese dinero.
Según la norma, los recursos debían dirigirse a dos objetivos: la puesta en valor del Portal y el muro perimetral externo del Cementerio de La Loma, declarado de interés patrimonial, y las obras de infraestructura y equipamiento del espacio público del barrio Playa Grande.
Con ese antecedente, el proyecto busca determinar si durante estos 13 años el mecanismo funcionó efectivamente como estaba previsto. En los fundamentos se plantea que “resulta necesario conocer el grado de cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas por la Ordenanza Nº 21.040”, tanto en relación con la percepción de las compensaciones como con su aplicación concreta.
El pedido de informes es amplio. Entre otros puntos, solicita conocer la cantidad total de expedientes de obra iniciados desde la entrada en vigencia de la ordenanza en los distritos CA y R4, cuántos fueron aprobados o habilitados y su evolución discriminada por año.
También se pide individualizar cada obra, con datos como domicilio, nomenclatura catastral, expediente, fecha de aprobación, destino, superficie, cantidad de unidades funcionales, altura, cantidad de plantas y desarrollador o propietario. Pero uno de los datos centrales será el monto correspondiente a la compensación urbanística de cada emprendimiento.
La oposición pretende además conocer cuántos expedientes estuvieron efectivamente alcanzados por el pago, cuánto dinero se devengó desde 2012 y cuánto fue efectivamente cobrado por el Municipio, en ambos casos con una discriminación anual.
El proyecto también pone la lupa sobre el circuito administrativo de esos recursos. En concreto, pide saber “qué procedimiento administrativo, tributario y/o contable utiliza el Municipio para determinar, liquidar, registrar y percibir la compensación urbanística”, además de identificar en qué cuenta, partida, fondo o registro contable fueron imputados los fondos.
El destino final de la recaudación aparece como uno de los principales interrogantes. El Ejecutivo deberá informar si los recursos tenían una afectación específica y, en caso afirmativo, cuál fue la normativa o instrumento administrativo que la estableció.
En particular, se reclama precisar cuánto dinero fue destinado a la puesta en valor del Portal y el muro perimetral del Cementerio de La Loma. El pedido incluye monto presupuestado, comprometido, devengado y pagado, además del año de ejecución y la obra realizada.
También se solicita un detalle de las intervenciones concretadas desde 2012: fechas de inicio y finalización, trabajos realizados, contratista o modalidad de ejecución y monto de cada obra.
El requerimiento alcanza incluso a los fondos que pudieran haber quedado en el camino. El proyecto pregunta si existen recursos provenientes de las compensaciones que todavía se encuentren “pendientes de afectación, ejecución, transferencia, utilización o rendición” y, en ese caso, cuál es su monto actualizado.
Otro de los puntos busca detectar posibles diferencias entre lo que debía cobrarse y lo que finalmente ingresó a las arcas municipales. Por eso se solicita informar si existen expedientes en los que la compensación no haya sido liquidada, permanezca impaga, haya sido abonada parcialmente o haya sufrido algún tipo de exención, reducción o modificación.
La iniciativa también reclama conocer si el Departamento Ejecutivo realizó desde 2012 algún informe de evaluación o balance sobre el impacto de la ordenanza. Allí se incluyen los efectos de los cambios de zonificación, el desarrollo edilicio del sector, la recaudación obtenida y la ejecución de las obras comprometidas.
El objetivo final es obtener una suerte de fotografía de los 13 años de vigencia de la norma. El pedido solicita que el Ejecutivo informe “cuál es el grado de cumplimiento actual del artículo 9º”, con el monto total de compensaciones devengadas, lo efectivamente recaudado, cuánto se destinó al Cementerio de La Loma y cuánto a Playa Grande, además de las obras ejecutadas y las que permanecen pendientes.
El proyecto también reclama que la información sea remitida en formato digital y, cuando sea posible, mediante planillas de datos abiertas para facilitar su análisis por parte del Concejo Deliberante.
Así, una ordenanza que hace más de una década habilitó cambios en los indicadores urbanos de uno de los sectores de mayor desarrollo inmobiliario de Mar del Plata vuelve al centro de la discusión política. Esta vez, el interrogante planteado por la oposición no apunta solamente a cuánto se construyó desde 2012, sino a cuánto dinero generó ese cambio urbanístico, cuánto terminó cobrando el Municipio y qué ocurrió con los recursos que tenían un destino específico.
Arena Mar del Plata: entre las promociones, las obras y una intimación municipal
La Municipalidad notificó a los responsables del espacio de San Juan y Luro que no puede realizar actividades ni promocionar eventos hasta obtener la habilitación. El nuevo espacio busca sumarse a una ciudad que ya cuenta con múltiples escenarios para grandes espectáculos. Lo llamativo es que la productora comenzó a promocionar shows y vender entradas cuando el inmueble todavía está en obras y no tiene la habilitación municipal.
El Arena Mar del Plata todavía no abrió sus puertas, pero ya comenzó a jugar su primera partida con la Municipalidad. El nuevo espacio funciona en el histórico inmueble donde durante décadas estuvo Tienda Los Gallegos, sobre San Juan 1641, esquina Luro, y mientras se promocionan espectáculos, se anuncian artistas y se comercializan entradas, el Ejecutivo municipal notificó a sus responsables que no podrán desarrollar actividades ni realizar eventos hasta contar con la correspondiente habilitación.
La advertencia quedó formalizada en una Cédula de Notificación dirigida a Federico Roca, responsable del establecimiento. Allí, la comuna fue explícita: “ante la publicidad y promoción de un nuevo espacio cultural y musical próximo a inaugurarse, no puede desarrollar actividades en el lugar sin contar previamente con la correspondiente habilitación municipal”.
Lo llamativo es que, con las obras todavía en marcha y sin contar aún con la habilitación municipal correspondiente, desde la productora ya salieron a promocionar los espectáculos. A casi dos meses del primer show anunciado, previsto para el 24 de octubre con Los Fabulosos Cadillacs, las entradas ya están a la venta y el emprendimiento comenzó a instalarse comercialmente como un escenario que todavía no completó el recorrido administrativo para poder recibir público.
La situación resulta, cuanto menos, curiosa. La Municipalidad todavía debe determinar la viabilidad del uso del inmueble y, luego, Inspección General deberá verificar una serie de condiciones para su habilitación. Sin embargo, la programación ya fue anunciada. El interrogante es inevitable: ¿llegará el Arena a completar las obras, obtener todos los permisos y estar en condiciones de recibir miles de personas antes de la fecha de inauguración?
No es un detalle menor. Entre la promoción de un espectáculo y su realización hay dos meses, pero también un proceso administrativo y técnico que todavía no terminó. Por eso, el anuncio anticipado de los shows abre una incógnita sobre los tiempos que maneja la productora y sobre si el nuevo espacio podrá llegar a octubre con todas las condiciones exigidas para funcionar.
Según se explicó desde el Municipio, el expediente actualmente se encuentra en el área de Uso de Suelo. Una vez que se determine que la actividad puede desarrollarse en ese lugar, deberá avanzar hacia Inspección General, donde tendrán que verificarse distintos aspectos vinculados con las condiciones de funcionamiento y seguridad del establecimiento.
Entre esos controles aparecen cuestiones como los informes de Bomberos, las condiciones de las barandas, los accesos y las salidas, además de otros requerimientos necesarios para que el lugar pueda recibir público.
El Arena tendría una capacidad de hasta 4.000 personas en su configuración completa, unas 3.000 en una modalidad reducida y alrededor de 2.000 en formato teatro. A eso se sumaría un salón con capacidad aproximada para 900 personas.
La pregunta, entonces, no pasa solamente por cuándo abrirá sus puertas, sino por cómo se compatibilizó el lanzamiento comercial de un espacio destinado a recibir miles de espectadores con un proceso de habilitación que todavía no estaría concluido.
Y hay otro dato que vuelve particular el desembarco. Resulta curioso que en una ciudad que, si bien es una de las más grandes del país, cuenta con una población de 667.082 habitantes según el Censo 2022, continúen apareciendo nuevos espacios destinados a recibir grandes convocatorias, en un mapa que ya tiene distintos escenarios para recitales y espectáculos.
Entre las alternativas existentes aparecen el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, con una capacidad aproximada de entre 8.000 y 10.000 personas para eventos masivos; el Bendu Arena, con un aforo cercano a los 7.000 espectadores; el espacio donde funcionó GAP, con unas 1.980 personas; el Centro de Arte Radio City Roxy Melany, con salas de 1.363 y 954 espectadores; y el Teatro Auditorium, cuya sala Astor Piazzolla tiene capacidad cercana a las 1.500 personas.
A ese mapa se suma el estadio José María Minella, que históricamente tuvo capacidad para 35.180 espectadores, aunque actualmente su utilización para eventos se encuentra condicionada por el estado de distintos sectores y las obras pendientes.
En ese contexto, la llegada del Arena abre también otra discusión: si existe espacio para seguir incorporando escenarios de mediana y gran capacidad y cuál será el impacto de esa expansión sobre el tránsito, el estacionamiento, los niveles de ruido y la convivencia con los vecinos de una zona rodeada de edificios y viviendas permanentes.
Por ahora, el primer capítulo del nuevo espacio no será un recital, sino una intimación municipal. El Arena busca convertirse en una nueva referencia para los espectáculos de la ciudad, pero antes deberá atravesar las instancias administrativas y técnicas que exige cualquier establecimiento destinado a recibir público.
La Municipalidad ya marcó el límite: primero la habilitación y después los espectáculos. El desafío ahora será saber si las obras, los controles y los permisos llegarán a tiempo para que aquel primer show anunciado para el 24 de octubre pueda finalmente abrir las puertas del antiguo inmueble de Tienda Los Gallegos como el nuevo Arena Mar del Plata.
OAM: ROISA rescindió el contrato de prestaciones, renunció el Consejo y la mutual va hacia nuevas elecciones
La empresa de medicina prepaga habría comenzado a modificar su vínculo con la entidad de los trabajadores municipales, mientras se evaluaría un nuevo esquema de contratación. La conducción de la obra asistencial habría dejado sus cargos tras los últimos movimientos internos y la Junta Fiscalizadora quedaría al frente durante el período de transición. El ex titular Rubén Pili sería propuesto como administrador provisorio ante el INAES, mientras se definirían los pasos para elegir a las próximas autoridades.
La crisis que atraviesa la Obra Asistencial Mutual (OAM) de los trabajadores municipales entró en una nueva etapa y comienza a dejar consecuencias concretas. Desde el 1 de agosto, el Grupo ROISA habría comenzado a desvincularse del esquema que mantenía con la mutual, en medio de una serie de cuestionamientos que se acumularon durante los últimos meses.
Pero la salida no sería absoluta. Según pudo saber La Tecla, ROISA habría rescindido el contrato de prestaciones que mantenía con OAM y estaría negociando otro tipo de contrato. El cambio abriría así una nueva instancia de negociación entre ambas partes, en momentos en que la mutual atraviesa una profunda reconfiguración institucional.
En paralelo, se produjo un movimiento de fuerte impacto dentro de la entidad: habría renunciado parte del Consejo Directivo de OAM. De esta manera, la Junta Fiscalizadora quedaría como el órgano que permanecería dentro de la estructura de la mutual, mientras se prepara el camino hacia una nueva elección de autoridades.
La salida del Consejo Directivo no es un dato menor. De acuerdo con la información recabada por este medio, el objetivo sería que se concrete una convocatoria a elecciones en un plazo de aproximadamente 30 días, luego de la renuncia de más de la mitad de los integrantes del órgano directivo y ante la imposibilidad de cubrir las vacantes con los suplentes.
Pili y una transición bajo análisis
En este escenario aparece nuevamente el nombre del doctor Rubén Pili, quien ya estuvo al frente de OAM.
Sin embargo, Pili no asumiría como presidente de la mutual. La alternativa que se analiza es que pueda quedar a cargo de la administración durante el período de transición, pero para ello debería contar previamente con el visto bueno del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Según pudo reconstruir La Tecla, la propuesta sería elevada al organismo nacional en función del expediente que oportunamente se presentó ante el INAES. La particularidad es que, ante la renuncia del Consejo Directivo, la Junta Fiscalizadora no tendría facultades para designar por sí sola a una nueva persona al frente de la entidad.
Por eso, el esquema que se estaría delineando es transitorio: Junta Fiscalizadora, convocatoria a elecciones y una figura administrativa que permita garantizar el funcionamiento de OAM hasta que los socios definan las nuevas autoridades.
El dato central es que Pili no quedaría automáticamente como presidente. Para ocupar ese cargo debería realizarse el proceso electoral correspondiente.
La normativa interna establece que, cuando renuncia más de la mitad del Consejo Directivo y los suplentes no alcanzan para cubrir las vacantes, debe avanzarse hacia una convocatoria a elecciones. Ese es precisamente el camino que, según pudo saber este medio, se busca activar ahora.
El acuerdo que quedó bajo la lupa
El nuevo escenario tiene como telón de fondo el cuestionado desembarco del Grupo ROISA en OAM. El eje de las críticas se había concentrado en el convenio firmado entre la conducción de la mutual, encabezada por César Elbaum, y DoctoRed, la empresa de medicina prepaga perteneciente al Grupo ROISA.
El acuerdo había sido presentado como una herramienta para avanzar en la modernización y el ordenamiento financiero de la entidad. Sin embargo, sectores vinculados a los afiliados cuestionaron que se hubiera implementado sin una convocatoria a una asamblea de socios ni instancias de debate ampliadas.
En paralelo, durante los últimos meses se acumularon reclamos por problemas en el funcionamiento de la mutual. Afiliados señalaron dificultades para acceder a determinadas prestaciones, demoras en autorizaciones médicas, atención reducida o cerrada en algunas oficinas y fallas recurrentes en los sistemas digitales.
También se mencionaron rechazos de prestaciones que podrían derivar en presentaciones judiciales individuales mediante recursos de amparo, con el consecuente impacto económico para la institución.
A ese panorama se sumaron otros episodios que expusieron la fragilidad del funcionamiento cotidiano de la entidad, entre ellos problemas vinculados al suministro de gas en el edificio de la IAM.
Un nuevo vínculo entre OAM y ROISA
La rescisión del contrato de prestaciones marca ahora un punto de inflexión en la relación entre OAM y ROISA. Sin embargo, el hecho de que ambas partes estarían negociando otro tipo de contrato deja abierta la puerta a una continuidad del vínculo, aunque bajo condiciones diferentes a las que rigieron hasta el momento.
El interrogante será qué alcance tendrá ese nuevo eventual acuerdo y qué lugar ocupará el grupo empresario en el futuro esquema de la mutual, justamente cuando la conducción que llevó adelante la negociación original dejó sus cargos.
También permanece bajo discusión el volumen de recursos involucrados en el esquema anterior. Algunos actores internos estimaron en más de $700 millones los fondos vinculados al acuerdo, aunque no existen precisiones públicas unificadas sobre los términos económicos del convenio.
OAM, ante una nueva etapa
Con el Consejo Directivo que podría estar afuera, la Junta Fiscalizadora como estructura de continuidad y una eventual administración transitoria a la espera del visto bueno del INAES, OAM quedó frente a una transición institucional.
El próximo paso sería avanzar con la convocatoria a elecciones dentro del plazo correspondiente. Allí se definirá quiénes tomarán las riendas de una mutual que llega a esta instancia atravesada por reclamos de afiliados, cuestionamientos al modelo de gestión y ahora también por una redefinición de su vínculo con ROISA.
Mientras tanto, la eventual designación de Pili como administrador transitorio deberá ser evaluada por el INAES y no implicaría, por sí misma, un regreso a la presidencia.
El escenario, en definitiva, cambió sustancialmente: ROISA rescindió el contrato de prestaciones y negocia un nuevo esquema; el Consejo Directivo habría renunciado; la Junta Fiscalizadora quedaría como órgano de continuidad y OAM se encaminaría a nuevas elecciones.
La mutual atraviesa así una etapa de transición cuyo resultado podría definir no solo su próxima conducción, sino también el futuro vínculo con el grupo empresario que en los últimos meses quedó en el centro de la discusión.
Amplían la denuncia penal por el Minella con foco en la red societaria y la falta de controles
Un escrito técnico presentado ante la UFIJ N° 10 detalla cronologías incompatibles, avales bancarios bajo sospecha internacional por lavado de activos y una vulneración sistemática del pliego de bases y condiciones por parte del Municipio.
La trama judicial en torno a la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini ha ingresado en una fase de extrema severidad analítica e institucional. En el marco de la causa IPP N° 08-00-022448-26, tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 6 de Mar del Plata, la ONG Mirada Ciudadana formalizó un escrito de ampliación de denuncia penal que pone bajo la lupa los presuntos delitos de administración fraudulenta, tipificado en el Artículo 173 inciso 7° del Código Penal, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el Artículo 248 del mismo cuerpo legal.
La presentación apunta de forma directa contra la responsabilidad de los funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal —incluyendo las áreas del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), la Dirección de Contrataciones y la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda—, los integrantes de la Comisión Asesora de Preadjudicación y los directivos de la firma Minella Stadium S.A.
El documento de la querella reconstruye la génesis del proceso licitatorio para evidenciar lo que califica como la instalación deliberada de una narrativa de privatización. Tras la clausura de la tribuna techada del estadio en el año 2021, las autoridades locales sostuvieron públicamente la incapacidad financiera del Estado municipal para afrontar los mantenimientos, omitiendo durante casi cinco años la publicación de informes técnicos con firma de especialistas que acreditaran el estado edilicio real.Sobre esa premisa se estructuró una ingeniería administrativa con notables inconsistencias temporales: la firma Minella Stadium S.A. fue constituida formalmente el 11 de diciembre de 2024, apenas ocho días antes de que el Concejo Deliberante aprobara el pliego de bases y condiciones el 19 de diciembre.
Las inconsistencias del proceso licitatorio
Las anomalías procedimentales se extienden al accionar de sus directivos, como Eduardo Spinosa, quienes efectuaron visitas técnicas y suscribieron acuerdos en nombre de la sociedad semanas antes de que el propio Directorio apruebe formalmente su participación en la licitación el 3 de abril de 2025. A esto se suma una difusión del llamado internacional reducida a solo dos días de publicación, así como una imprecisa delimitación de áreas en el Anexo A del pliego que habilitaría el uso irrestricto de instalaciones anexas como el Patinódromo sin incremento en el canon.
El capítulo financiero de la presentación judicial revela objeciones estructurales sobre la solvencia del oferente. Al carecer de estados contables por su reciente constitución, Minella Stadium S.A. intentó acreditar respaldo patrimonial utilizando los balances de su socia minoritaria, Sociedad Expansiva S.A., e incorporando a último momento un compromiso de aportes irrevocables por 40 millones de dólares de su socia mayoritaria brasileña, REVEE Real Estate. El escrito destaca que el Artículo 19.23 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) exigía de forma taxativa que dichos aportes debían encontrarse totalmente integrados con anterioridad a la firma del contrato, motivo por el cual la propuesta debió ser descalificada. Pese a esta transgresión normativa y a contradicciones de fechas en las actas notariales e inscripción de libros societarios, la Comisión de Preadjudicación otorgó a la oferta el puntaje máximo de 100 sobre 100 puntos.
Las garantías y el origen de los fondos
La fragilidad de las garantías presentadas adquiere dimensión internacional al analizar el origen de los fondos. Para acreditar capacidad de financiamiento, REVEE presentó una carta de crédito por 458 millones de reales emitida por el Banco Master de Brasil con fecha 22 de marzo de 2024, un documento temporalmente incongruente al haber sido expedido meses antes de la existencia de la sociedad y del propio proyecto licitatorio. La querella remarca que tanto el Banco Master como el grupo financiero REAG entraron en proceso de liquidación por parte del Banco Central do Brasil y se encuentran investigados por la Policía Federal de dicho país en el marco de las causas Carbono Oculto y Compliance Zero, vinculadas a maniobras de lavado de dinero y fraude corporativo. Ante este escenario, la denuncia acusa a la administración municipal de incurrir en una omisión inexcusable de los deberes de control preventivo y due diligence, al no haber exigido declaraciones juradas ni verificado la licitud de los fondos involucrados.
La experiencia que acreditó el oferente
El escrito desarticula asimismo el antecedente de idoneidad técnica presentado por el grupo inversor. Los proyectos en Brasil y Uruguay exhibidos para acreditar experiencia en gestión de recintos —tales como la Arena Fonte Luminosa, Serraria Souza Pinto, Arena São Paulo, Gimnasio Geraldão, Arena das Dunas, Fonte Nova, Parque Harmonia y Estadio do Canindé— fueron calificados tras relevamientos documentales como proyecciones en imágenes digitales, acuerdos de intención no ejecutados o contratos firmados horas antes de la licitación donde se reutilizó la misma garantía bancaria del Banco Master. En simultáneo, el documento cuestiona la asignación de 30 puntos del total del concurso al convenio presentado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dado que el propio texto del acuerdo aclara de forma expresa que no genera compromisos contractuales ni obligaciones económicas para las partes.
Las advertencias tras la adjudicación
El panorama posterior a la toma de posesión del predio ratifica las alertas operativas. Informes del EMDER detectaron irregularidades en la contratación de las pólizas de seguro de responsabilidad civil por riesgo de derrumbe o avalancha, las cuales fueron respondidas por la firma mediante argumentos atípicos. El análisis concluye advirtiendo sobre el blindaje jurídico incorporado en el pliego a través de la cláusula de sumisión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una disposición que expone al Estado municipal a eventuales litigios millonarios en dólares y funciona como un desincentivo para la revisión o rescisión contractual por vía administrativa.
El conjunto de cuestionamientos planteados en la ampliación de denuncia quedará ahora sujeto al análisis de la Justicia, que deberá determinar si las inconsistencias señaladas tuvieron incidencia efectiva en el proceso de licitación y en la adjudicación del complejo deportivo. La presentación apunta, en ese sentido, a que se profundice la revisión de los antecedentes societarios, financieros, técnicos y contractuales que permitieron el desembarco de Minella Stadium S.A. en el predio municipal. Mientras tanto, la causa deberá establecer si las presuntas omisiones de control y las irregularidades denunciadas constituyeron incumplimientos administrativos o si, como sostiene la presentación, podrían configurar responsabilidades penales.
La Justicia ratificó el revés contra OSSE por el aumento del 142,7% y encendió la alarma en el Municipio
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo que cuestionó el incremento aplicado a comienzos de 2024. Las sumas cobradas deberán computarse a favor de los usuarios y todavía resta definir un planteo indemnizatorio. La decisión podría generar un impacto sobre las cuentas municipales si queda firme, mientras la Comuna aún tiene la posibilidad de recurrir.
La Justicia volvió a poner contra las cuerdas al Municipio y a Obras Sanitarias (OSSE) por uno de los aumentos tarifarios más fuertes de los últimos años. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó el fallo que había considerado ilegítimo el incremento del 142,7% aplicado a comienzos de 2024 y mantuvo la obligación de compensar a los usuarios alcanzados.
La resolución surgió a partir de las apelaciones presentadas por la Municipalidad de General Pueyrredon y OSSE contra el pronunciamiento de primera instancia. Ambos habían defendido el incremento bajo el argumento de que se trataba de una actualización necesaria para recomponer los ingresos del servicio frente al fuerte aumento de los costos y la inflación.
Pero los camaristas entendieron que, más allá de cómo haya sido presentado el incremento, el resultado concreto para los usuarios fue una suba sustancial de las facturas. Por ese motivo, consideraron que antes de aplicar una modificación de semejante magnitud debía existir una instancia efectiva que permitiera a los usuarios informarse y participar del proceso.
Ese punto fue determinante. Para la Cámara, los mecanismos generales de participación existentes en el ámbito municipal no alcanzaron para reemplazar una instancia específica previa al aumento. Tampoco consideró suficiente que el Concejo Deliberante hubiera intervenido posteriormente.
El conflicto tiene su origen en una acción colectiva impulsada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), que cuestionó el incremento aplicado sobre las facturas correspondientes a enero y febrero de 2024. El planteo terminó derivando en un expediente que ahora suma un nuevo capítulo judicial.
La cuenta que queda abierta
El fallo ratifica que las sumas que los usuarios hayan abonado como consecuencia del incremento cuestionado deberán ser computadas en futuras facturaciones. La forma concreta en que se instrumentará esa compensación deberá determinarse durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Pero el expediente todavía tiene otra cuestión pendiente. ADDUC había reclamado además una indemnización equivalente al 25% de los montos cobrados, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. La Cámara entendió que ese planteo no había sido resuelto en primera instancia y ordenó que sea analizado allí.
Es decir que, además del mecanismo de devolución o compensación que deberá aplicarse si la sentencia queda firme, todavía podría abrirse una discusión adicional sobre cuánto deberán reconocer finalmente OSSE y el Municipio a los usuarios alcanzados por la demanda.
Un fallo que preocupa puertas adentro
El nuevo revés judicial aparece en un momento particularmente sensible para las cuentas municipales. En un escenario de recursos cada vez más ajustados y con las arcas de General Pueyrredon bajo presión, una eventual obligación de compensar a los usuarios de OSSE representa un frente financiero que el Gobierno deberá seguir de cerca.
Por ahora, no existe un desembolso inmediato derivado del fallo: la sentencia todavía puede ser recurrida y las compensaciones quedarán supeditadas a que la resolución adquiera firmeza. Sin embargo, el antecedente genera preocupación porque deja planteada una eventual obligación económica que podría terminar impactando sobre las cuentas de la empresa sanitaria y, de manera indirecta, sobre las finanzas municipales.
La Municipalidad y OSSE todavía cuentan con la posibilidad de intentar llevar el expediente ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense mediante un recurso extraordinario. Hasta que se agoten esas instancias, no corresponde hablar de una devolución inmediata a los usuarios.
Mientras tanto, el fallo vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para el Gobierno: cómo sostener el financiamiento de un servicio esencial cuando los aumentos tarifarios de magnitud quedan expuestos a nuevos controles judiciales.
El expediente, así, lejos de cerrarse, abre otra etapa. A la discusión sobre la legitimidad del aumento se suma ahora la definición de cómo se compensará a los usuarios y, eventualmente, si también corresponde reconocer una indemnización adicional. Para el Municipio, es un nuevo frente que llega justo cuando cada peso de las cuentas públicas empieza a tener mayor peso político.
Más de cuatro años después, siguen sin definirse las compensaciones por excepciones urbanísticas
Mientras los incentivos a la construcción fueron prorrogados hasta diciembre de 2027, el régimen que debería fijar las contraprestaciones por las excepciones continúa sin avances.
La prórroga hasta diciembre de 2027 del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción volvió a poner sobre la mesa una vieja deuda del Concejo Deliberante: el régimen de compensaciones urbanísticas que debería establecer qué contraprestación corresponde cuando se otorgan excepciones para construir. Mientras los incentivos al sector privado ya tienen continuidad asegurada, el expediente que buscaba ordenar y transparentar esas compensaciones continúa sin avances concretos y, por ahora, nadie sabe cuándo volverá a discutirse.
El expediente tiene su origen en una comisión especial creada por el propio Concejo en 2021 con el objetivo de establecer criterios objetivos para calcular las contraprestaciones que deben afrontar los desarrolladores cuando reciben modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial. El último plazo para presentar un anteproyecto venció el 10 de febrero de 2026, luego de una prórroga de 180 días, y desde entonces el tema quedó prácticamente fuera de la agenda legislativa. Así, cada excepción continúa resolviéndose de manera individual, con compensaciones que se discuten caso por caso y sin un marco general que determine de antemano cuánto debe aportar un privado cuando obtiene mayores indicadores.
La pregunta, entonces, vuelve a ser inevitable: ¿qué va a pasar con el régimen de compensaciones urbanísticas? Con un calendario político que empieza a mirar cada vez más hacia 2027, todavía no aparecen definiciones sobre una posible reactivación del anteproyecto. El contraste no pasa inadvertido: mientras el régimen que incentiva nuevas construcciones ya tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2027, las reglas que deberían establecer las contraprestaciones por las excepciones siguen sin fecha de tratamiento. Por ahora, la deuda legislativa continúa abierta y el sistema de compensaciones mantiene la lógica que justamente se buscaba modificar: negociación expediente por expediente y sin reglas generales a la vista.