La situación institucional de la Unidad Turística Chapadmalal ingresó en un nuevo terreno de disputa política y judicial tras la radicación de un reclamo que pone bajo la lupa la conducción de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Al tratarse del ente gubernamental con potestad técnica sobre los inmuebles protegidos del Estado, cualquier decisión vinculada a concesiones, reconversiones o esquemas de privatización en el icónico predio de la costa atlántica requiere inexorablemente de su dictamen previo.
El conflicto se originó a partir de una presentación formulada por un residente de la zona ante el Ministerio Público Fiscal, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la designación de las autoridades del organismo patrimonial. La hipótesis central de la denuncia plantea que las normas vigentes desde 2022 garantizaban la continuidad de la conformación anterior por un mandato de seis años, esquema que habría sido alterado de forma anómala mediante sucesivas resoluciones ministeriales y decretos emitidos por el Poder Ejecutivo a lo largo de 2025.
Dentro de ese entramado normativo, la presentación judicial remarca el impacto que generó la derogación impulsada por el Congreso de la Nación sobre una reestructuración previa del área. Dicho rechazo legislativo obligó al Gobierno a retrotraer formalmente el estatus de la comisión. Sin embargo, de manera paralela se dictaron nombramientos directos en la conducción que, según el denunciante, habrían provocado una superposición de funciones o la coexistencia de autoridades con marcos normativos contrapuestos.
La preocupación central expresada en la demanda radica en las consecuencias materiales que este escenario de incertidumbre legal haya podido causar sobre el patrimonio público. Durante el período bajo observación, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes avanzó con resoluciones de innecesaridad de bienes y se concretaron dictámenes de desafectación en otros complejos emblemáticos como el de Embalse, en paralelo a crecientes versiones sobre posibles traspasos al sector privado y reorganizaciones de personal en el complejo bonaerense. Desde esta perspectiva, se busca establecer si existió un debilitamiento deliberado de los mecanismos de tutela patrimonial para facilitar dichas medidas.
El periplo del expediente registró recientemente un cambio de rumbo relevante. En un primer momento, el fiscal federal de Mar del Plata, Carlos Martínez, había determinado desestimar la causa al considerar que no se configuraban elementos delictivos bajo su competencia. No obstante, tras el recurso interpuesto por el denunciante, el fiscal revisor Juan Pablo Curi resolvió dejar sin efecto el archivo del caso. Al constatar que los decretos y resoluciones cuestionados fueron suscriptos en la sede central de la administración pública, la fiscalía declaró la incompetencia territorial marplatense y dispuso el giro de las actuaciones a la jurisdicción federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde finalmente se resolverá el curso de la investigación.
